La organización de derechos humanos Amnistía Internacional censuró a Cuba en su informe mundial por el uso de medidas represivas «para acallar la disidencia política».
En Argentina, Cuba, México y Perú aún hay presos de conciencia, afirmó Amnistía en su informe sobre la situación de los derechos humanos, que critica también a Estados Unidos por la ejecución de la pena de muerte a 85 personas en 2000.
La organización dedicó un capítulo completo de su informe anual a Cuba, que en abril rechazó la condena aprobada por 22 votos a favor, 20 en contra y 10 abstenciones en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra.
El gobierno cubano sostuvo entonces que la moción de condena presentada en la Comisión por la República Checa triunfó a causa de las presiones ejercidas por Estados Unidos.
Amnistía aseguró en su informe, difundido el miércoles, que en Cuba «continuó la represión contra individuos y grupos que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión».
Cuba mantiene un sistema político de partido único que prohíbe la creación de organizaciones opositoras y encarcela o acosa con frecuencia a los disidentes con el argumento de que son «contrarrevolucionarios»' al servicio de Estados Unidos, dijo la organización.
De manera coincidente, un grupo de periodistas ajenos a la prensa oficialista anunciaron el jueves en La Habana la creación de la organización «Manuel Márquez Sterling», en homenaje al periodista y diplomático cubano (1872-1934).
El escritor y periodista opositor Raúl Rivero dijo en conferencia de prensa que la nueva agrupación tiene entre sus objetivos promover la libertad de expresión e información y la formación profesional.
Las autoridades de Cuba no reconocen la existencia de ninguna de las organizaciones disidentes que actúan en este país.
De acuerdo con el informe de Amnistía, la libertad condicional otorgada en Cuba el año pasado a algunos presos de conciencia llevó a creer en un relajamiento gubernamental respecto de la disidencia interna.
Pero «nuevas condenas» y un aumento de la represión durante los últimos meses de 2000 «echaron por tierra ese optimismo», sentenció la organización con sede en Londres.
Aseguró al respecto que «las autoridades siguieron utilizando las detenciones breves, el arresto domiciliario, las amenazas y el acoso para acallar la disidencia política y desalentar a los disidentes».
Amnistía consideró que el gobierno utiliza las sanciones de Estados Unidos contra Cuba como justificación «para privar a los disidentes de las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión», alegando la necesidad de «mantener la unidad del país frente a las fuerzas extranjeras hostiles».
La organización sostuvo, sin embargo, que el embargo comercial impuesto por Washington desde hace unas cuatro decenios agravó las penurias en Cuba y contribuyó, entre otros aspectos, a que «las condiciones de reclusión sean deficientes».
Pero Amnistía insistió en que «todos los Estados, independientemente de las amenazas exteriores a las que deban hacer frente, están obligados a cumplir con los deberes expuestos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluido el de respetar las libertades fundamentales».
La organización también cuestionó a los tribunales cubanos por continuar «dictando condenas de muerte», pena que se mantiene en este país y en unos 90 más.
Autoridades judiciales cubanas aseguran que la aplicación de la pena capital es «excepcional», y sólo en caso de culpables de delitos graves.
Entre ellos figuran el asesinato, la violación de menores, algunos delitos contra la seguridad del Estado y, desde las reformas al Código Penal, en 1999, casos agravados de tráfico de drogas, corrupción de menores o «robo con violencia o intimidación en las personas».
Amnistía estimó que tampoco Estados Unidos tuvo reparos en ir contra la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, al llevar a cabo 85 ejecuciones en el período analizado.
Entre los ejecutados figuraban «menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito, presos que sufrían retraso mental y ciudadanos extranjeros a quienes se habían negado sus derechos consulares», señaló.
Así mismo, apuntó que «la situación de los derechos humanos siguió siendo grave en muchos países de la región» latinoamericana, y que «la impunidad siguió prevaleciendo».
En ese sentido, mencionó el caso de Colombia, donde la guerra civil «en constante escalada hizo que se intensificara aun más la crisis de derechos humanos». (FIN/IPS/pg/mj/hd/01
