La tragedia del penal de Iquique, donde 26 presos murieron en un incendio, hizo que Chile tomara finalmente conciencia de la gravedad de la crisis carcelaria y se pusieran en marcha decisiones para disminuir el hacinamiento y humanizar el sistema penitenciario.
El gobierno de Ricardo Lagos enviará este martes al parlamento con carácter de urgencia el denominado proyecto Jubileo 2000, que en el marco de esa celebración de la Iglesia Católica concederá el indulto a 700 reclusos considerados de menor peligrosidad.
La iniciativa, planteada por las autoridades eclesiásticas hace un año y con escaso eco hasta ahora, posibilitará también el «extrañamiento» (expulsión a su país de origen) de 700 presos extranjeros sentenciados igualmente por delitos menores y con la mayor parte de la condena ya cumplida.
Se trata de dos pasos iniciales para contrarrestar el déficit carcelario de 63,7 por ciento, en un país con una población penal de 35.991 personas, mientras sus 110 establecimientos penitenciarios suman una capacidad para unas 20.000 plazas.
El hacinamiento carcelario de este país es uno de los más altos de América Latina, superado sólo por Panamá y Costa Rica, según el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito.
En la noche del 20 al 21 de mayo se declaró un incendio en la cárcel del puerto de Iquique, 1.870 kilómetros al norte de Santiago, que dejó como saldo 26 reclusos muertos, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 20 años.
El magistrado Jaime Chamorro, designado juez especial de instrucción, comenzó el día 22 de mayo las investigaciones para determinar si el incendio fue provocado por los propios presos en un presunto amotinamiento o si su origen fue accidental.
Hasta ahora lo que está claro es que las consecuencias del siniestro se vieron multiplicadas por el hacinamiento de la cárcel, construida en 1981 para albergar a 1.000 internos y que tiene una población penal de 1.600.
El déficit carcelario de Iquique, de 60 por ciento, está lejos de ser el más grave en el centenar de penales de la Dirección General de Gendarmería, la dependencia del Ministerio de Justicia que tiene a su cargo la vigilancia, manutención y administración de esos establecimientos.
Hay otras 36 cárceles en el país con peores condiciones que las de Iquique.
Los casos más dramáticos corresponden a las cárceles de la localidad de Limache, unos 100 kilómetros al noroeste de Santiago, y de la ciudad de Copiapó, 801 kilómetros al norte de la capital, señala un estudio de la Fundación Paz Ciudadana.
En Limache hay 266 reclusos y la capacidad de la cárcel es para sólo 54, por lo cual el déficit alcanza a 393 por ciento, mientras el penal de Copiapó tiene sus celdas sobrepasadas en 307 por ciento, ya que 496 reclusos «viven» en un espacio concebido para 122 personas.
Un día después de la tragedia de Iquique, los presos de la cárcel de Puente Alto, un municipio del sudeste de Santiago, realizaron una protesta en solidaridad con sus compañeros muertos y en demanda de mejores condiciones de reclusión.
Razones no les faltaban. En esa cárcel, un sector que alberga a 80 reclusos cuenta con un solo lavadero con tres llaves de agua potable y con cuatro sanitarios.
Al déficit de la capacidad carcelaria se la agrega la falta de vigilantes. La dotación actual de gendarmes es de 6.500 efectivos y muchos de ellos, como ocurre en Puente Alto, deben hacer turnos extras, completando hasta 100 horas de trabajo en la semana.
Una de las primeras medidas anunciadas por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, luego de la tragedia de Iquique, fue la de ampliar la dotación de Gendarmería en 3.500 efectivos, para lo cual se requerirá un gasto extra de unos 35 millones de dólares al año.
Por instrucciones del presidente Lagos, se adelantarán igualmente los proyectos, con participación de privados, para construir 10 nuevos penales, que aumentarán en 16.000 plazas la actual capacidad conjunta de las cárceles chilenas, lo cual cubriría el actual déficit, estimado en 13.000 cupos.
Sin embargo, se trata de una carrera infructuosa contra el tiempo, pues, como lo advierte Carlos Valdivieso, gerente general de Paz Ciudadana, la población penal crece en Chile a un ritmo de 2.000 a 3.000 reclusos por año.
«Construir una cárcel demora dos o tres años. Cuando se termina la construcción, ya faltan otras. El país no puede estar permanentemente construyendo prisiones, por eso hay que ordenar el sistema (penal)», dijo el experto al diario La Segunda.
La enérgica ley de Drogas que se aprobó a comienzos de la década del 90 tuvo un efecto multiplicador en el número de reclusos, al establecer, por ejemplo, penas de presidio de cinco años por la posesión de más de 10 gramos de cocaína o 25 gramos de marihuana.
El impacto fue mayor en Arica, Iquique, Copiapó y otras ciudades del norte de Chile, donde el tráfico de drogas ilícitas es frecuente. En la saturada cárcel de Iquique, 80 por ciento de los presos cumple condenas por delitos de narcotráfico.
El ministro Gómez y el diputado Alberto Espina, de la oposición derechista, acordaron esta semana proponer cambios legales que estimulen la rehabilitación de sentenciados por delitos menores, mediante la rebaja de las penas.
Por su parte, el fiscal nacional Guillermo Piedrabuena ha planteado la creación de un organismo especializado que asesore a los jueces en la concesión de libertades provisionales, evitando así que muchas personas permanezcan encarceladas mientras son sometidas a proceso, es decir antes de recibir sentencia.
El llamado de alarma que significó la tragedia de Iquique llevó también a las autoridades a adoptar medidas para mejorar las condiciones de los presos.
En 24 cárceles de mayor riesgo se inició la distribución de frazadas y colchones incombustibles, a la vez que se segregaron recintos para disminuir el hacinamiento y rebajar los riesgos de incendio.
El director de Gendarmería, Hugo Espinoza, informó que en los planes de construcción de nuevas cárceles se prevé entregar a empresas privadas, entre otras tareas, la misión de alimentar a los reclusos, para mejorar así la calidad de las comidas.
En la actualidad, muchos presos rechazan el «rancho» que les suministra el Estado y optan por prepararse alimentos en sus celdas, para lo cual mantienen cocinillas a kerosene o a gas que elevan los peligros de incendios en los hacinados penales chilenos. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01
