Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de América necesitan más dinero para subsistir, al igual que los organismos especializados de la OEA para los que se estudia un aumento de presupuesto, dijo Roberto Cuéllar, director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
«En los últimos 30 años los derechos humanos han sobrevivido en las Américas gracias a las denuncias valientes de las organizaciones no gubernamentales», dijo Cuéllar, quien fue abogado del asesinado religioso salvadoreño Oscar Arnulfo Romero.
El activista hizo un llamado público a los gobiernos del hemisferio para que apoyen la asignación de más recursos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que propondrá Costa Rica a la Asamblea General de la OEA (Organización de Estados Americanos) la semana próxima.
«Ya es hora de que los gobiernos de las Américas se comprometan más con los derechos humanos. Se necesita de más peso financiero», indicó Cuéllar, seis días antes del inicio de la XXXI Asamblea General de la OEA.
El principal punto del orden del día de esta reunión, a la que asistirán en la capital costarricense los cancilleres de los 34 países de la OEA del 3 al 5 de junio, será el aumento del presupuesto asignado a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La asamblea será encabezada por el secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, y contará con la presencia 500 representantes gubernamentales —entre ellos el secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Colin Powell—, 100 funcionarios de la OEA y 300 periodistas acreditados.
También participarán 200 invitados especiales y representantes de 42 organizaciones no gubernamentales, que mantendrán, además, una reunión paralela a la Asamblea General.
La iniciativa que será presentada por el canciller costarricense Roberto Rojas consiste en aumentar el presupuesto conjunto de la Corte y la Comisión Interamericana de 5,7 a 10 por ciento del presupuesto total de la OEA.
La partida asignada a esos órganos, que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aumentaría así de 4,3 millones de dólares a 7,6 millones.
De ese modo, la Corte y la Comisión podrían tener un rango permanente, pues en la actualidad sólo sesionan de manera intermitente a lo largo del año.
Los impulsores de la propuesta sostienen que el proyecto mejoraría la agilidad y eficiencia de ambos organismos, que podrían estudiar más violaciones de derechos humanos.
Costa Rica también propondrá que los individuos puedan presentar directamente casos ante la Corte sin que se les requiera antes p-como hoy— del aval de la Comisión Interamericana.
La propuesta ya cuenta con el respaldo de México, el bloque de América Central, Perú y otras naciones andinas, según fuentes políticas.
Cuéllar advirtió que los derechos humanos en América «se trivializarán» en los foros internacionales si los gobiernos del continente no aprueban el proyecto costarricense, que también es avalado por diversos organizaciones internacionales no gubernamentales.
Los gobiernos deberán comprometerse en la Asamblea General a acatar las resoluciones de la Corte y de la Comisión Interamericana, dijo el conductor del IIDH, institución autónoma con sede en San José dedicada a la educación, la promoción y la investigación sobre derechos humanos en América.
«Es necesario que los Estados muestren voluntad de aceptar las decisiones de los organismos regionales de derechos humanos», indicó.
El activista se pronunció en favor de crear mecanismos legales en cada uno de los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), para que, de esta manera, se acaten en cada nación las resoluciones de la Corte y la Comisión.
Entre los países que no han firmado la Convención Americana figuran Canadá, Estados Unidos y algunos estados insulares del Caribe.
En los últimos años, uno de los principales escollos para los organismos continentales de derechos humanos fue la imposibilidad de hacer valer sus sentencias.
El último de estos casos fue la pugna entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Perú el 9 de julio de 1999. El entonces presidente peruano Alberto Fujimori, hoy prófugo, anunció entonces que no acataría más las disposiciones del tribunal por razones de seguridad nacional.
Una vez que Fujimori fue destituido por el parlamento peruano, en noviembre pasado, las relaciones entre la Corte y el gobierno de ese país volvieron a la normalidad.
Cuéllar consideró necesario que en esta asamblea los gobiernos vayan más allá de las promesas y muestren una voluntad real de crear mecanismos que aseguren el respeto de las decisiones de la Corte y la Comisión. (FIN/IPS/nms/mj/hd/01
