Los códigos de conducta adoptados en forma voluntaria por grandes compañías no bastan para mitigar el impacto de la globalización económica sobre el ambiente o los derechos laborales, advirtieron organizaciones no gubernamentales (ONG) y ejecutivos de esas firmas, por distintos motivos.
ONG defensoras de los derechos humanos y el ambiente creen ilusorio esperar que las poderosas corporaciones se autorregulen en ausencia de leyes.
«Necesitamos un nuevo enfoque de la cuestión, porque la distancia entre las promesas y los hechos aún es muy grande», dijo Pieter van der Gaag, director ejecutivo de la Alianza del Norte por la Sustentabilidad, una coalición de ONG europeas y estadounidenses con sede en Holanda.
Activistas de Estados Unidos presionan para que las normas ambientales de ese país rijan la actividad de firmas estadounidenses en otras naciones, y establezcan sanciones más severas para los infractores.
La diputada Cynthia McKinney, del opositor Partido Demócrata, apoya un proyecto de ley de Código de Conducta Corporativa, que privaría de beneficios estatales a las firmas que no cumplieran normas aceptadas de forma voluntaria.
La Cámara de Comercio Internacional de Estados Unidos ha registrado más de 40 códigos de conducta adoptados por firmas transnacionales.
Se trata, por ejemplo, del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los Lineamientos para Compañías Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a países industrializados, los Principios Mundiales de Sullivan y la Iniciativa de Reporte Mundial.
Casi ninguno de esos más de 40 códigos prevé responsabilidades para las compañías que no los cumplan, subrayan los críticos. Incluso, algunas grandes empresas señalan que esa normas son vagas y confusas.
El vicepresidente del programa de desarrollo sustentable de la firma petrolera Shell, Thomas Delfgaauw, señaló que esa compañía ha adoptado en forma voluntaria numerosos códigos de conducta, pero añadió que quizás es hora de poner fin al desarrollo de nuevas normas similares.
«¿Cómo es posible hacer negocios con tantos códigos?», preguntó.
«Todas esas normas se transforman en palabras sin valor cuando los gobiernos gastan dinero en proyectos que las contradicen de forma directa», comentó Van der Gaag.
El código de la OCDE, aprobado en 1976, fue uno de los primeros acerca de cuestiones laborales, ambientales, humanitarias y de lucha contra la corrupción, se actualiza en forma periódica y es uno de los pocos que prevén la investigación y sanción de infracciones.
Sin embargo, algunos Estados miembros de la OCDE han apoyado proyectos muy cuestionados por su impacto ambiental y social, como el de la gigantesca represa de Tres Gargantas en China, mediante créditos estatales para la exportación y agencias de seguros de inversión.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, propuso en enero de 1999 a las grandes compañías que adoptaran nueve principios establecidos en el llamado Pacto Mundial, que incluye criterios de defensa de los los derechos laborales y del ambiente.
Muchas corporaciones aceptaron esa propuesta, pero los críticos apuntan que no hay forma de verificar que esas firmas observen los principios del Pacto Mundial.
Otros sostienen que la iniciativa de Annan beneficia ante todo a las grandes compañías, que mejoran su imagen al aparecer asociadas con la ONU.
«La lista de corporaciones que adoptaron el Pacto Mundial parece un directorio de delincuentes ambientales», opinó Joshua Karliner, director ejecutivo del Centro Transnacionmal de Recursos y Acción, una ONG con sede en el estado sudoccidental estadounidense de California.
Entre las compañías que apoyan el Pacto Mundial están Shell, acusada de causar grave contaminación en Nigeria y de cooperar con abusos de la dictadura militar de ese país, y BP Amoco, muy criticada por sus perforaciones petroleras en la regiónpolar ártica.
Encuestas de opinión realizadas en Estados Unidos durante los últimos años indican creciente apoyo de los consultados a la idea de aplicar normas ambientales nacionales a la actividad de firmas estadounidenses en otros países.
Compañías transnacionales se oponen a esa iniciativa, con el argumento de que las haría responsables de la conducta de firmas subcontratadas o proveedoras de servicios para operaciones en otras naciones.
«Que Dios nos ayude si gobiernos nacionales aprueban distintas normas regulatorias de la responsabilidad de las corporaciones. Esa es la peor pesadilla imaginable para una multinacional», comentó Delfgaauw. (FIN/IPS/tra-eng/dk/aa/mp/en if/01
