Trabajadores de la educación y de la salud protestaron hoy por calles de la capital de Argentina contra la política del gobierno de Fernando de la Rúa, que aún está lejos de cumplir su promesa de fortalecer esos dos sectores y abatir el desempleo.
El Ministerio de Trabajo admitió que las proyecciones de un estudio en preparación indican que el desempleo pasó de octubre a este mes de 14,7 por ciento a más de 16 por ciento de la población económicamente activa.
En tanto, funcionarios de la educación y de la salud pública coincidieron este jueves en manifestaciones callejeras contra decisiones del gobierno de la Alianza de centroizquierda, que perjudican aún más a los sectores de menores ingresos y a los que quedan excluidos del mercado de trabajo.
Decenas de ambulancias circularon en caravana por Buenos Aires para pedir que continúe en funciones el PAMI, la mayor entidad estatal de servicios sociales y de salud del país, que brinda cobertura médica, alimenticia y de otras áreas a jubilados, discapacitados y personas de escasos recursos económicos.
El gobierno decidió dividir los servicios del PAMI, que hasta ahora benefician a unas 3,5 millones de personas, y eliminar regulaciones, que en los hechos implica reducir una enorme cantidad de prestaciones.
En la manifestación, que llegó hasta el Congreso legislativo, participaron médicos y otros funcionarios, pacientes oncológicos que perderán el acceso gratuito a medicamentos, familiares de pacientes que esperan transplantes de órganos y jubilados que dejarán de percibir alimentación gratuita.
También protestaron familiares de personas enfermas residentes en el interior del país y que debieron trasladarse a Buenos Aires para ser atendidos.
Las críticas sobre la posible mala administración del PAMI se escuchan desde las propias filas de la gobernante Alianza, como es el caso de la diputada María América González, quien exigió que el organismo rinda cuentas al parlamento.
La manifestación en defensa del PAMI fue precedida de una protesta realizada por profesionales del Centro de Salud Mental Ameghino, de Buenos Aires, en el que se atienden gratuitamente casi 200.000 personas por año.
Los dirigentes sindicales de ese centro aseguraron que sólo cobran salario 120 funcionarios de los 450 que trabajan allí desde hace 15 años.
A pesar de sucesivos reclamos, no consiguen que se ejecute una partida presupuestaria ya aprobada por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires que establece entregar una partida de 160.000 dólares anuales.
La tercera manifestación que recorrió las calles de Buenos Aires este jueves fue la convocada por los sindicatos de maestros y profesores argentinos.
Los trabajadores de la educación paralizaron sus tareas para marchar hasta la plaza de Mayo, ubicada frente a la sede del gobierno, para exigir que se les pague salarios atrasados y protestar contra el congelamiento del presupuesto nacional.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) tiene el antecedente de haber realizado una particular protesta, con la instalación de una tienda de campaña frente al Congreso entre el 2 de abril de 1997 y el 30 de diciembre de 1999.
Los ocupantes de la tienda, que se turnaban cada varias semanas, realizaron ayuno en reclamo de aumento salarial y un mayor presupuesto educativo.
El sueldo de los maestros y profesores en Argentina oscila entre 280 y 500 dólares al mes, sin contar los agregados por antigüedad laboral.
La promesa del gobierno de De la Rúa, que comenzó su gestión en diciembre de 1999, de abonar el llamado «incentivo docente», que se cubrió con una suma fija de 600 millones de dólares al año, hizo que se levantara la tienda de protesta.
El reclamo de los maestros y profesores de este jueves es, precisamente, para que se les abonen las cuotas de «incentivo docente» que corresponden a 2000..
También expresaron su temor de que el beneficio se suspenda para el año próximo, y alertaron sobre el congelamiento por cinco años del presupuesto educativo.
Marta Maffei, dirigente de CTERA, advirtió de la posible reinstalación de la tienda de campaña frente al Congreso, decisión que será adoptada en septiembre si para ese entonces el gobierno no ha incluido la partida destinada al «incentivo docente» en el proyecto de presupuesto nacional para 2002.
Maffei informó que la situación que afrontan numerosas escuelas del país «es muy grave».
Se han suspendido las becas de estudio para los alumnos de escasos recursos económicos, se restringen los servicios de comedores escolares e, incluso, en algunas provincias se paga a los maestros con bonos en lugar de dinero efectivo, detalló.
Maestros de una escuela privada de la provincia de Buenos Aires comentaron a IPS que decidieron adherir a la huelga de sus colegas de la enseñanza pública porque habían dejado de percibir un salario adicional.
«Ochenta por ciento del presupuesto del colegio se financia con las cuotas que pagan los padres y el resto con subsidios del gobierno de la provincia de Buenos Aires», explicaron.
«Pero el estado provincial está quebrado, suspendió todos los créditos y no tiene dinero, así que yo exhorté en vano a los profesores a que no hicieran huelga para no enojar a los padres que mantienen la institución funcionando», explicó a IPS el director y dueño del mismo colegio.
En tanto, profesores y directivos de una escuela privada de la ciudad de Buenos Aires decidieron no adherir a la protesta, pese a estar de acuerdo con los reclamos, sólo para no enojar a los padres de los alumnos.
«La crisis es tan grande que estamos al borde de cerrar por eso tratamos de evitar los conflictos con los padres y no paramos», explicó a IPS un profesor de matemáticas de la escuela. (FIN/IPS/mv/dm/lb ed/01
