El ex presidente argentino Carlos Menem volvió hoy a presentarse ante el juez que ordenó su detención hace 19 días por venta ilegal de armas, pero se negó de nuevo a ser interrogado y se limitó a presentar un escrito a modo de descargo.
El juez federal Jorge Urso debía resolver el lunes la situación procesal de Menem, detenido el día 7 como sospechoso de encabezar una asociación ilícita para vender armas a Croacia y a Ecuador en los años 90 mediante decretos que indicaban otros destinos.
Menem, que gobernó entre 1990 y 1999, autorizó por decreto la venta de pertrechos a Venezuela y a Panamá, pero el material se dirigió a Croacia —sometida a un embargo internacional de armas durante las guerras de la antigua Yugoslavia— y a Ecuador, enfrentado entonces con Perú por un conflicto limítrofe.
Argentina era, junto con Brasil, Chile y Estados Unidos, garante del tratado de paz de Ecuador y Perú de 1942 que Quito había impugnado.
La justicia no investiga la violación de los embargos sino la existencia de una banda dedicada a obtener ganancias ilícitas a partir de la venta de armas del Estado argentino. Se sospecha, incluso, que se crearon empresas fantasma para canalizar millonarias comisiones ilegales.
Menem es investigado además por enriquecimiento ilícito. Se trata de una causa paralela a la del juez Urso, pero la fiscalía solicitó incorporarla al cuerpo de la investigación por tráfico de armas, para documentar un eventual abultamiento injustificado del patrimonio del ex mandatario.
Las opciones del juez el lunes eran procesar a Menem y dictar su prisión preventiva, liberarlo por considerar que no había reundo pruebas suficientes para procesarlo, aunque manteniendo en curso la investigación, o sobreseerlo, liberándolo de toda responsabilidad.
Pero en lugar de elegir una de esas opciones o de postergar una resolución, Urso volvió a convocar a Menem para que este martes contestara sus preguntas —a lo que el ex presidente se había negado el día 7—, conociera las nuevas pruebas que lo involucran y ampliara la declaración en su descargo.
Menem se trasladó al juzgado en helicóptero desde la residencia en la que cumple arresto domiciliario, cerca de la ciudad de Buenos Aires, en compañía de sus abogados y de su esposa, la chilena Cecilia Bolocco.
Al igual que en la primera oportunidad, se negó a responder preguntas y entregó otro escrito.
El juez tiene ahora otros 10 días hábiles para decidir la situación procesal del ex mandatario, quien goza del beneficio de pasar su arresto en un domicilio particular por tener más de 70 años. En caso de ser procesado, Menem podría cuestionar la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Esa cámara había sido la que ordenó al juez profundizar la pesquisa entre los máximos responsables y acelerar la causa, que lleva más de seis años desde la denuncia de un abogado particular que se hizo eco de una información periodística sobre el envío de armas con destino falso.
Pero la cámara podría declarar nulo un eventual procesamiento en caso de establecer que Urso no hubiera reunido pruebas suficientes para dictarlo. En este sentido, en ámbitos judiciales se asegura que el juez tiende a apurarse a procesar a sospechosos que luego son sobreseídos por la cámara.
El fiscal federal César Stornelli declaró que se exhibieron a Menem los nuevos elementos de prueba sumados a la causa desde su anterior presentación, pero, según uno de los abogados defensores, el ex presidente se limitó a decirle al juez que se sentía «injustamente detenido» y que es «absolutamente inocente».
La nueva estrategia está orientada a demostrar que Menem desconocía el delito que se estaba cometiendo en su gobierno, pero la mayoría de los analistas y abogados penalistas independientes coinciden en que la actitud de sus abogados es tan errática que podría hacer naufragar la defensa.
El primer error, según los expertos, fue haber solicitado permiso para que Menem viajara a Francia y a Siria de luna de miel, tras casarse el 26 de mayo. El juez rechazó el pedido porque no había sido firmado por el propio ex presidente.
Pero, al recibir una segunda solicitud bien elaborada, el juez temió la fuga de Menem y adelantó el llamado a declarar.
El equipo de la defensa no está integrado por abogados penalistas acostumbrados a la batalla en los tribunales. Uno de ellos es un ex procurador general designado por Menem, Oscar Roger. Mariano Cavagna Martínez es un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia y Antonio Bagnasco fue juez federal.
Pero también opinan y son convocados a colaborar en la defensa el senador Eduardo Menem y el diputado Adrián Menem, hermano y sobrino del ex presidente, respectivamente, y el senador Carlos Corach, abogado y ex ministro del Interior, y Roberto Barra, antiguo ministro de Justicia y ex miembro de la Corte Suprema.
El juez anunció la convocatoria original para que Menem declarara el 13 de julio, pero los abogados postergaron el análisis de las pruebas. Así, el repentino adelantamiento de esa declaración para el 7 de este mes tomó por sorpresa a los abogados y al cliente, que desconocían los detalles de la causa.
Por esa razón, según los abogados, Menem se limitó a presentar un escrito, si bien había asegurado que se presentaría ante el juez para clarificar «la verdad verdadera».
Algunos diputados explicaron este martes que, en aquel momento, Menem no pudo hacer un descargo en forma oral por falta de tiempo para elaborar una estrategia. Sin embargo, este martes volvió a presentar un escrito y a declarar su inocencia, sin aceptar preguntas del juez ni del fiscal.
Sus abogados oscilan entre cuestionar los hechos que se le imputan, por considerar que se trató de «actos de gobierno no judiciables», hasta sentenciar que el delito de asociación ilícita por el que se lo convoca no puede ser aplicado a un presidente, pasando por otras cuestiones de matices.
Pero allegados a la causa aseguran que los defensores no redactaron hasta ahora ningún escrito en que se intente desbaratar las pruebas que se acumulan en la causa, según las cuales Menem estaba al tanto de los envíos de armas a Croacia y a Ecuador y tenía la última palabra en esas operaciones.
En la investigación hay otros 40 involucrados, algunos procesados y con prisión preventiva, otros excarcelados con fianza y otros bajo arresto pero aún sin una resolución definitiva, como es el caso del ex jefe del Ejército Martín Balza. (FIN/IPS/mv/mj/ip/01
