Comentario de Marcela Valente
BUENOS AIRES, 7 jun (IPS) La detención del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) causó conmoción hoy en la sociedad argentina, acostumbrada a la impunidad de graves delitos, y podría marcar el comienzo de la recuperación de la confianza en un Poder Judicial en cuya independencia muy pocos creían.
«Hoy puede ser un gran día…» cantaba el catalán Joan Manuel Serrat en la apertura de más de un programa radial en la mañana de este jueves, cuando ya era un secreto a voces que Menem, cuya administración había logrado bloquear otras denuncias, sería detenido por la justicia civil por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia en los años 90.
Incluso algunos dirigentes que formaron parte de su gobierno consideraron que al fin se hacía justicia. «Todo llega» y «no es posible hacer cualquier cosa desde el gobierno», advirtió el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, secretario de Agricultura en la administración de Menem
Otros dirigentes del Partido Justicialista (peronista), del ex presidente, evitaron manifestar solidaridad con el detenido, que fue acusado de asociación ilícita, un delito que no admite la excarcelación y se castiga con cinco a 10 años de prisión.
El más enérgico defensor del ex presidente fue su hermano, el senador Eduardo Menem. «Con esta decisión se rompió la base de la convivencia política en Argentina» y, lejos del sentir de una amplia mayoría, dijo que este era «un día triste para la justicia y para la democracia argentina».
Luego de difundida la noticia de la detención, numerosos oyentes llamaron a las radios con euforia para destacar el hecho como una de las pocas buenas nuevas que se produjeron en el último año y medio desde que Fernando de la Rúa inauguró su gestión en reemplazo de Menem y que las expectativas de cambio comenzaron a diluirse.
De la Rúa ganó los comicios menos por méritos propios que por agotamiento del estilo de gestión de Menem, signado por la frivolidad y las denuncias permanentes de corrupción. La imagen de hombre honesto del nuevo presidente le permitió ganar las elecciones de octubre de 1999, pero el crédito que le concedieron los votantes se agotó en pocos meses.
Sin embargo, este jueves algunos observadores destacaron que, por una vez, la prescindencia que se atribuye a De la Rúa – criticado casi siempre por dilatar decisiones, ponerse al margen de los conflictos y evitar colocarse a la cabeza de las soluciones- resultó funcional a la acción de la justicia en la investigación del contrabando de armas.
«La posición del gobierno y la mía como presidente es ratificar la independencia del Poder Judicial, un objetivo y un valor por el que los argentinos hemos luchado durante mucho tiempo», dijo De la Rúa en vísperas de la detención de Menem. Luego de conocer la decisión del juez, sólo le recordó al ex mandatario que puede apelar el fallo.
Noventa y ocho por ciento de las personas consultadas en la capital por la empresa Equis, que difundió el lunes su encuesta, manifestaron «desilusión» respecto de la gestión de De la Rúa, que no logra poner fin a una recesión económica de casi tres años ni abatir el desempleo.
En este contexto, la noticia acerca de la detención de Menem, independientemente de las justificaciones del fallo, arroja alguna luz acerca de un valor que parecía olvidado por la democracia argentina: la igualdad ante la ley, un principio en el que pocos creían hasta este jueves.
La posibilidad de que un ex presidente fuera enviado a prisión resultaba hasta ahora impensable en un país en el que los líderes de la dictadura militar impuesta entre 1976 y 1983 fueron indultados -por Menem- tras ser condenados a la cárcel por gravísimas violaciones a los derechos humanos.
La imagen pública de la justicia cayó a plomo durante la gestión de Menem, que amplió la integración de la Corte Suprema de Justicia para disponer de una mayoría de magistrados adictos.
La designación de jueces federales de la confianza del gobierno y que, según denuncias que están en trámite, algunos de ellos recibían sobresueldos ilegales, contribuyó a completar este mapa de la «injusticia». Así, muchas causas en las que se investigaba a funcionarios terminaron con el sobreseimiento de los involucrados.
Las encuestas de opinión comenzaron a mostrar entonces que la justicia se ubicaba entre las instituciones menos fiables del Estado, junto con la clase política, los legisladores y los sindicalistas. En el polo opuesto se ubicaban los periodistas, autores de muchas de las denuncias de corrupción luego desvanecidas en ámbitos judiciales.
Adolfo Bagnasco, uno de los jueces federales que solían fallar a favor del oficialismo durante el gobierno de Menem, integró estos días el equipo de la defensa del ex presidente, junto al ex procurador general Oscar Roger y al ex ministro de la Corte Suprema Mariano Cavagna.
Pero otro juez señalado por su presunta parcialidad se transformó en protagonista de este caso. Se trata de Jorge Urso, que desde hace seis años investiga la telaraña de un tráfico de armas a Croacia y Ecuador realizado con la venia del Poder Ejecutivo y que contribuyó a abultar el patrimonio de algunos funcionarios.
Urso fue designado por recomendación de un diputado del Partido Justicialista, Miguel Angel Toma, y hace algunas semanas, cuando comenzó a convocar a sospechosos de primera línea, trascendió una grabación que revelaba su estrecho vínculo con el partido que ahora actúa en la oposición.
Al igual que algunos de sus pares, Urso es investigado a su vez por presunto enriquecimiento ilícito, y su renuencia a llamar a declarar al ministro de Economía Domingo Cavallo por el caso del contrabando de armas podría deberse al temor a ser recusado, según cree el abogado que inició el proceso, Ricardo Monner Sanz.
Urso ya procesó a 47 personas, incluso a algunos ex ministros. Antonio Erman González, ministro en los dos gobiernos de Menem, está detenido, y también fueron procesados sin prisión el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y el ex canciller Guido di Tella.
Pero Cavallo, ministro de Economía cuando el gobierno de Menem promulgó los decretos que facilitaron la operación ilegal con los cargamentos de armas y figura decisiva de la administración de De la Rúa, nunca fue imputado.
Monner, que siempre insistió en la necesidad de citar a declarar a Cavallo, cree que el juez actuante teme ser denunciado por el actual ministro de Economía, quien a mediados de los años 90 lanzó acusaciones contra los jueces federales, incluido Urso.
Según Monner, que puso en marcha la investigación con su denuncia en 1995, el general retirado Martín Balza, que fue detenido en la víspera como organizador de la asociación ilícita de la que Menem sería jefe, podría ser considerado inocente en la instancia del juicio oral.
La detención de Balza, jefe del ejército durante ocho años, hasta diciembre de 1999, y autor de la histórica autocrítica por la actuación de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, causó sorpresa y cierta decepción.
Pero su abogado aseguró este jueves que la documentación existente en la causa permitirá aclarar la inocencia del militar, al demostrar que los ilícitos se cometieron sin su consentimiento.
Monner también dijo que, como Menem lo sugirió, Estados Unidos no fue tal vez ajeno al envío de armas argentinas a Croacia durante la guerra en la antigua Yugoslavia, cuando la Organización de las Naciones Unidas prohibía la venta de material bélico a las naciones en conflicto en aquella región.
En su opinión, el ex presidente fue ingenuo al pretender que Washington reconociera públicamente su responsabilidad en el asunto. El Departamento de Estado negó esta semana haber tenido conocimiento de los embarques a Croacia.
Además, Monner advirtió que aún cuando Estados Unidos hubiera solicitado una tarea «sucia» al gobierno de Menem -que se declaraba el principal aliado latinoamericano de Washington- no se habría justificado la creación de empresas fantasma para el cobro de millonarias comisiones ilegales. (FIN/IPS/mv/ff/ip/01
