Los choques entre manifestantes y gendarmes en el noreste de Argentina continuaron hoy, luego de causar dos muertes el domingo, enmarcados en una crisis social que cada vez se asemeja más a un polvorín.
Un centenar de manifestantes de la localidad de General Mosconi, en la septentrional provincia de Salta, habían cortado una ruta nacional a fines de mayo para reclamar un aumento salarial de 1,14 a 2,50 dólares por hora trabajada en la remodelación de un hospital de la zona con fondos oficiales.
Los cortes de ruta se transformaron en una frecuente modalidad de protesta en los últimos cinco años para llamar la atención de autoridades y medios periodísticos. Esta vez, los dos muertos no tenían relación con los manifestantes y estaban en el lugar por casualidad. También hubo 40 heridos en los choques.
La semana última también hubo cortes en las provincias septentrionales de Catamarca y Jujuy, en las centrales de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe y en la meridional de Tierra del Fuego.
Aun si se accediera a los reclamos de los obreros de General Mosconi, sus ingresos mensuales no alcanzarían un salario mínimo — estimado en 500 dólares—, en una provincia donde 55 por ciento de la población vive debajo de la línea de pobreza, según datos oficiales.
La consultora Equis señaló este lunes que 68 por ciento de los menores de 14 años de Salta viven en hogares pobres, con menos de 100 dólares de ingreso mensual por persona. Los obreros de General Mosconi reclaman los 400 dólares mensuales calculados para sostener a una familia de cuatro integrantes.
El plan de remodelación del hospital era uno más de los paliativos para compensar las pérdidas por la privatización de la petrolera YPF en 1993, que transformó esta región salteña, antes con un alto ingreso para los trabajadores en comparación con el resto de la provincia, en un área con 40 por ciento de desempleo.
Con el traspaso de YPF a la española Repsol, miles de trabajadores de esa localidad y de la vecina Tartagal quedaron sin empleo. Desde entonces, son frecuentes allí los cortes de ruta en reclamo de puestos de trabajo o subsidios a los desempleados.
En los últimos 10 años, el 10 por ciento más rico de la población de Salta pasó de poseer de 12 a 25 veces más que el 10 por ciento más pobre. Otro dato oficial señala que el 10 por ciento más rico percibe 35 por ciento de los ingresos totales y 10 por ciento más pobre apenas 1,4 por ciento.
En mayo, manifestantes de General Mosconi desalojados de la ruta sin que fueran atendidos sus pedidos de empleo prendieron fuego los edificios de la municipalidad, el registro civil, la oficina de recaudación de impuestos y la de bromatología, todo en una ciudad que alberga refinerías y pozos petroleros.
Esta vez, el pedido de aumento salarial no fue escuchado. Por el contrario, la justicia ordenó la detención de sindicalistas durante toda la semana pasada, en un gesto que pareció destinado a dejar la protesta sin líderes.
La indiferencia de las autoridades nacionales y provinciales, sumada a la ofensiva judicial de los últimos días, causó malestar entre los manifestantes. La Gendarmería intentó desalojar y recuperar la ruta por la fuerza, y comenzó un enfrentamiento que aún persiste, pero atenuado.
El juez Abel Cornejo aseguró este lunes que había recibido información sobre la ocupación por manifestantes de un refinería con cinco millones de litros de crudo. Por eso decidió pedir a la Gendarmería que despejara la zona.
Los uniformados, según el magistrado, fueron recibidos con una balacera a manos de manifestantes armados y francotiradores. Pero gendarmes y manifestantes se acusan unos a otros de haber iniciado las hostilidades.
«La bala no vino del piquete, vino de arriba de los tanques de la refinería adonde estaban apostados los gendarmes», acusó el hermano de Carlos Santillán, de 27 años, asesinado el domingo de un balazo en la frente cuando se dirigía al cementerio a visitar la tumba de su hija, muerta hace dos años por otra bala perdida.
La otra víctima fatal fue José Barrios, de 17 años, que buscaba los caballos que se le espantaron por el bullicio y la balacera. Barrios recibió un balazo en la cadera, lo que, sumado a la intoxicación por gases lacrimógenos, le provocó la muerte inmediata.
El ministro del Interior, Ramón Mestre, expresó este lunes su rechazo a la violencia, y sostuvo que solo mediante el diálogo se pueden encontrar soluciones. Pero, hasta ahora, cada vez que se han registradoa cortes de ruta, el diálogo no empieza hasta después de algún intento de disolver la protesta por la fuerza.
Los choques entre manifestantes y gendarmes continuaron este lunes, pese a que el corte ya fue levantado, y hubo casi 30 nuevas detenciones. Grupos aislados de pobladores lanzaban piedras contra gendarmes echados cuerpo a tierra sobre los tanques de la refinería Refinor, en General Mosconi.
Así mismo, las autoridades provinciales aseguraron que los agresores son «guerrilleros» fuertemente armados que se ocultan en el bosque que rodea la refinería y con poder de fuego para repeler a la gendarmería.
Manifestantes de partidos de izquierda y desocupados se enfrentaron este lunes con uniformados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa de Salta, representación de la provincia en la capital federal.
Allí hubo manifestantes con palos y piedras que rompieron vidrios e hirieron a algunos policías protegidos tras un alambrado.
El líder sindical Hugo Moyano expresó su «repudio absoluto» a la represión de las manifestaciones, y advirtió que «el modelo económico lleva a una situación desesperante, con riesgo de entrar en una guerra civil». (FIN/IPS/mv/mj/lb ip/01
