La tensión política creció hoy en Argentina ante la huelga convocada por dos centrales sindicales, el control médico a que fue sometido el presidente Fernando de la Rúa y el agravamiento de la situación en Aerolíneas Argentinas.
La sociedad argentina había sido sacudida el jueves por la detención del ex presidente Carlos Menem, líder del opositor Partido Justicialista (peronista), por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador durante su mandato (1989 y 1999).
El posible rédito político que el gobierno de De la Rúa podía obtener por la acción de la justicia contra Menem, según habían pronosticado varios analistas políticos, parece haberse perdido ante la severa crisis que afecta al país y sus consecuencias sociales.
Los expertos explicaron que la detención de cualquier ex funcionario por actos de corrupción permitirá demostrar que el gobierno deja actuar a la justicia con independencia, a diferencia del decenio de Menem, cuando, según aseguran la coalición gobernante y la prensa, el Poder Ejecutivo controlaba a los jueces.
Sin embargo, las protestas sindicales de este viernes opacaron las repercusiones por la detención de Menem, el primer ex presidente detenido en el país durante la vigencia de la democracia.
La cuarta huelga general contra la política económica del gobierno de De la Rúa, desde que asumió el 10 de diciembre de 1999, fue convocada esta vez por el sector disidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y por el Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA).
La plataforma de reclamos de la protesta, a la que no adhirió la CGT oficial, incluyó el pedido de solución para la crisis de la empresa de aviación Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera local que está al borde de la quiebra y que fuera vendida por el gobierno de Menem a capitales estatales españoles.
La huelga, que intentó ser minimizada por De la Rúa y algunos de sus ministros, mostró una gran adhesión de trabajadores, en especial del transporte público, escuelas y hospitales. Además, se realizaron numerosos actos de protesta en distintos puntos del país.
A la convocatoria lanzada originalmente por el líder de la CGT disidente, el camionero Hugo Moyano, en protesta por la línea económica del gobierno, se le sumó en los últimos días el CTA, puso a la cabeza de sus reclamos la situación de casi 7.000 funcionarios de Aerolíneas.
Por ello, muchos manifestantes se congregaron frente a sedes de empresas españolas con fuertes inversiones en el país, como la de Telefónica, donde instalaron una veintena de «ollas populares» (comedores sindicales), o la de Repsol, petrolera que adquirió YPF hace tres años, contra la cual fueron lanzados centenares de huevos.
Otros protestaron ante bancos argentinos adquiridos por las entidades españolas Bilbao Vizcaya y Santander Central Hispano, ante el edificio de la administradora de fondos de pensiones Consolidar, frente a la empresa de energía eléctrica Endesa y a la aerolínea Iberia.
Los sindicalistas también llamaron a la población a no utilizar servicios o comprar productos de firmas españolas.
España es el principal inversor extranjero en Argentina, pero la crisis de Aerolíneas Argentinas, una firma considerada símbolo nacional, desató un conflicto entre los dos países que no consiguen encontrar una solución para evitar su cierre.
El miércoles, la situación judicial de Menem hizo que quedara en segundo plano la decisión de SEPI, la firma española propietaria de Aerolíneas, de suspender los vuelos internacionales de la empresa bandera argentina.
Aerolíneas Argentinas no paga los salarios desde abril y acumula una deuda millonaria con proveedores de combustible y de servicios claves como el de catering (servicio de comida a bordo).
La crisis social y la consecuente conflictividad sindical opacaron las gestiones del ministerio de Economía, Domingo Cavallo, para aliviar los problemas financieros del país.
Argentina concretó esta semana concretó el canje de parte de los bonos de deuda externa, ampliando los plazos de muchos de los títulos que vencen dentro de los próximos cuatro años y medio. Pero la operación resultó bastante más costosa de lo esperado.
Expertos indican que el alivio financiero obtenido por el gobierno de De la Rúa, a costa de un interés promedio de 15,4 por ciento anual, le da un respiro para intentar superar una recesión que ya lleva más de tres años y que aumentó el desempleo de 14,7 a más de 16 por ciento de la población económicamente activa.
El índice que mide el riesgo de inversión en el país comenzó a marcar en las últimas jornadas una evolución favorable, pero el hecho quedó relegado por la huelga de este viernes, el posible cierre de Aerolíneas y la detención de Menem.
También ayudó a desviar la atención la decisión del presidente De la Rúa de internarse este viernes para que le practicaran un control médico de rutina, con el fin de saber el estado de su circulación sanguínea y de salud en general, según explicó.
En cuanto a Menem, éste pasó su primer día de detención domiciliaria en una confortable residencia ubicada en la localidad de Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires, junto a su flamante esposa, la presentadora de televisión chilena Cecilia Bolocco, amigos y ex funcionarios.
La decisión fue adoptada por el juez federal Jorge Urso, quien investiga la presunta participación de Menem en una asociación ilícita que traficó armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995.
Por la misma causa ya han sido detenidos varios ex funcionarios, como Emir Yoma, ex cuñado de Menem y asesor de su gobierno, el ex ministro de Defensa Antonio Erman González y el ex jefe del Ejército general Martín Balza, todos señalados como organizadores de la presunta banda.
En los próximos días el magistrado deberá decidir sobre la situación judicial de los ex funcionarios detenidos, lo mismo que a otros 46 imputados que ya existen en esta causa, con lo cual finalizaría la etapa de instrucción del proceso para pasar luego a un juicio oral.
En ese contexto y a pesar del tiempo que resta para que el proceso se complete, este viernes comenzó el debate acerca de un posible indulto presidencial a Menem, en caso de que fuera condenado.
Si bien hasta el momento el presidente De la Rúa ha evitado expresar opinión sobre la causa por el tráfico de armas, su ministro de Interior, Ramón Mestre, reconoció que el futuro indulto es una posibilidad.
«Deberían darse algunas circunstancias, pero después del indulto que se otorgó a ex dictadores y ex terroristas, no existe razón para descartar una iniciativa de ese tipo», manifestó el funcionario. (FIN/IPS/mv/dm/ip/01
