El arresto del ex presidente Carlos Menem, ordenado hoy por la justicia argentina, es un nuevo eslabón de una lucha contra la corrupción en América Latina, en la que tiende a desaparecer la inmunidad de los jefes de Estado.
Con el encausamiento de Menem por contrabando de armas y asociación ilícita, aumentó a nueve el número de presidentes y ex presidentes que desde comienzos de la pasada década han sido llevados ante los tribunales o sometidos a juicio político por apropiación o uso indebido de fondos públicos.
Algunos, los menos, fueron absueltos. Los más optaron por el exilio, a veces indefinido y otras hasta la prescripción de los cargos en su contra. El inventario incluye también a un ex mandatario hoy en prisión y a otro que cumplió un largo arresto domiciliario.
La lista de gobernantes involucrados en casos de corrupción comenzó en Perú con Alan García (1985-1990) y siguió en Brasil con Fernando Collor de Mello (1990-1992).
En 1995, el ex mandatario mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) abandonó su país para eludir un inminente juicio.
Continuaba así la cadena que se concentraría luego en Ecuador, donde en tres años (1997-2000) fueron acusados y depuestos tres mandatarios en episodios que mezclaron elementos de crisis política y asalto a las arcas públicas: Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Jamil Mahuad.
También hacia finales de la década, el ex presidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) eligió el camino del exilio, tras un mandato en que debió afrontar acusaciones de financiamiento de su campaña política con fondos procedentes del narcotráfico.
El antecesor de Menem en esta poco envidiable nómina fue el peruano Alberto Fujimori (1990-2000), quien en noviembre pasado renunció a la Presidencia y huyó a Japón, dejando tras de sí una estela de abusos políticos y enriquecimiento ilícito de la mano con su asesor Vladimiro Montecinos.
Menem es el primer presidente constitucional argentino arrestado por orden de la justicia civil.
La historia latinoamericana de los últimos años consigna así mismo los nombres de otros tres presidentes que marcharon al exilio para eludir a la justicia.
Se trata de Jorge Serrano Elías, de Guatemala, desde 1993 en Panamá, país al cual llegó también en 1994 el general Raoul Cedras, dictador de Haití (1991-1994).
El tercero de esta segunda lista es Raúl Cubas, el presidente de Paraguay (1998-1999) que renunció para exiliarse en Brasil y eludir el juicio por el asesinato de su vicepresidente, José María Argaña.
Con excepción de Cedras, todos ellos llegaron al poder por el voto popular, aunque la esencia de la democracia representativa siguió cuestionada por maquinarias electorales, como en México, o la virtual dictadura institucional que construyó Fujimori.
Lo sustantivo es que la oleada democratizadora que se instaló en la región desde fines de la década del 80 tiene en su haber un efectivo rescate de la labor fiscalizadora de los parlamentos y, sobre todo, de la independencia de los tribunales.
La imagen de ex dictadores, como el venezolano Marcos Pérez Jiménez (1952-1958) o el haitiano Jean-Claude Duvalier (1971- 1986), favorecidos con eternos exilios en España y Francia, ya parece pertenecer al pasado.
Incluso el ex dictador Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay por tres décadas y fue derrocado en 1989, vive desde entonces asilado Brasil, beneficio que vencerá en julio, y podría ser sometido entonces a los tribunales de su país, que solicitó la extradición esta semana.
Los cargos por corrupción no han sido incorporados aún a los prontuarios de otros ex dictadores bajo proceso, como Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), o Jorge Rafael Videla (1976-1981) en Argentina, acusados de violación de derechos humanos.
La ecuación de democracia y anticorrupción tuvo uno de sus instantes más notables en 1992 en Brasil, cuando el Congreso destituyó a Collor de Mello, implicado junto a su tesorero Paulo César Farias (asesinado en 1996) en cobros de sobornos y prebendas por unos 200 millones de dólares.
Collor de Mello se autoexilió en Miami y volvió a Brasil en 1997, luego de que el Tribunal Supremo Electoral lo absolviera de los cargos de corrupción y asociación delictiva. No obstante, sus derechos políticos siguen suspendidos hasta este año.
También en 1992 el ex presidente García abandonó Perú tras el autogolpe de Fujimori y se asiló en Colombia, alegando que carecía de garantías para enfrentar acusaciones por sobornos y tráficos de influencia en su gestión por unos 25 millones de dólares.
Los cargos contra García fueron declarados prescriptos por la Corte Suprema del Perú a comienzos de este año, posibilitando no sólo el retorno, sino el renacimiento político del líder del Partido Aprista, derrotado estrechamente el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por Alejandro Toledo.
En 1993, el presidente Carlos Andrés Pérez abandonó el gobierno en Venezuela para afrontar un juicio por el desvío ilegal de 17 millones de dólares a Nicaragua, el cual le valió una acusación formal en 1996.
Sometido a arresto domiciliario, el ex mandatario (1974-1979 y 1989-1993) enfrentó en abril de 1999 una nueva acusación por supuesto desvío de fondos a cuentas bancarias en el exterior, pero en noviembre de ese mismo año su elección como senador puso término a su confinamiento.
En 1995, Salinas de Gortari huyó de México a Irlanda, salpicado por el involucramiento de su hermano Raúl en el asesinato del secretario general del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional Francisco Ruiz Massieu, en 1994.
Raúl Salinas, condenado en 1999 a 50 años de presidio, montó además una red de lavado de dinero y de cobro de comisiones ilegales por privatizaciones de empresas, con la anuencia de su hermano presidente.
Bucaram fue destituIdo a comienzos de 1997 por el parlamento de Ecuador, que lo declaró incapacitado mentalmente para el cargo y lo acusó de montar una red de influencias políticas para cobrar comisiones ilegales, además de destinar fondos públicos a asuntos familiares, como un millonario tratamiento para la obesidad de uno de sus hijos en Estados Unidos.
Una Comisión Anticorrupción creada por Alarcón, el sucesor de Bucarám, terminó acusando y enviando a prisión a su propio creador, que desvió 6,2 millones de dólares en contrataciones falsas de funcionarios públicos para pagar favores políticos.
Mahuad, ganador de las elecciones presidenciales en Ecuador en agosto de 1998, fue destituido constitucionalmente en enero de 2000 y se exilió en Estados Unidos, eludiendo así un probable juicio por desvío de unos 10 millones de dólares para su campaña electoral.
En noviembre de 2000, Fujimori renunció a la Presidencia de Perú y se asiló en Japón, tras su fraudulenta reelección presidencial. Sólo entonces comenzó a develarse una historia de corrupción de la cual, al igual que en el caso de Menem, parecen haberse escrito apenas los primeros capítulos. (FIN/IPS/ggr/mj/ip/01
