Los ministros de Ambiente de Canadá, Estados Unidos y México decidirán esta semana si investigan una supuesta omisión del gobierno estadounidense ante la matanza de aves migratorias por parte de compañías forestales.
La Comisión de Cooperación Ambiental (CEC), con sede en Montreal, Canadá -integrada por funcionarios de los tres países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte-, se expedirá el viernes sobre la investigación.
Grupos ambientalistas sostuvieron en un escrito entregado a la CEC que Estados Unidos otorga a las compañías forestales licencias no escritas para matar aves migratorias mediante la tala indiscriminada de bosques.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) creen que la decisión sobre la investigación probará si el gobierno de George W. Bush tiene voluntad de cumplir con las disposiciones ambientales relacionadas con el comercio.
«Si Estados Unidos vota en contra de la investigación, quedará claro que el gobierno no es serio en cuanto a respetar la relación entre acuerdos comerciales y protección ambiental», dijo Chris Wold, abogado del Centro para la Ley Internacional y Ambiental.
Estados Unidos ha votado favorablemente todos los pedidos de investigación previos presentados ante la CEC, pero ésta es la primera petición contra Estados Unidos.
La campaña fue lanzada en 1999 por ONG conservacionistas como el Centro Mexicano de Ley Ambiental y Amigos de la Tierra, que afirman que los funcionarios estadounidenses siguen una política no escrita de ignorar las muertes de aves migratorias ocurridas durante operaciones de desmonte y forestación.
Según la denuncia, esta medida viola la Ley sobre Aves Migratorias de Estados Unidos, que regula los acuerdos en la materia implementados entre Estados Unidos y otros cuatro países, incluso Canadá y México.
Dicha ley prohíbe la matanza de todas las aves migratorias -no sólo las especies amenazadas de extinción-, excepto cuando existan permisos especiales.
Decenas de miles de aves mueren todos los años por el talado de árboles, la construcción de caminos y la quema de malezas, afirmaron las ONG. Las empresas forestales matan aves y destruyen nidos y huevos.
Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre responsable de hacer cumplir la ley, ésta «fue agresivamente impuesta» en la medida de las posibilidades de la agencia gubernamental, limitada por la escasez de recursos.
«Creo que los registros generales muestran que hacemos todo lo que podemos para proteger a esas especies», dijo Chris Tollefson, portavoz del Servicio de Pesca, citando ejemplos de procesos iniciados contra ciudadanos y empresas.
No obstante, los ambientalistas aseguraron contar con un memorándum firmado por el director del Servicio en 1996, en el cual se afirmaba que la agencia mantenía «una política no escrita de larga data» de «no perseguir ni investigar incidentes ocurridos en operaciones forestales».
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre «continuará cumpliendo con la Ley de Aves Migratorias según esta política», dice el memorándum citado por las ONG.
Esto «permite que continúe la destrucción dentro de Estados Unidos de poblaciones migratorias compartidas con Canadá y México», sostiene el reclamo ambientalista.
Cientos de especies son afectadas por estas prácticas, como la lechuza manchada y el alca veteada, calificadas como «en peligro de extinción» por la legislación estadounidense.
Esas aves son parte importante de la diversidad biológica de los bosques y también colaboran con la agricultura porque se alimentan de insectos dañinos.
Ese tipo de aves migratorias están desapareciendo rápidamente por la pérdida de hábitats y la fragmentación de las zonas boscosas, dijo John Morrison, analista de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Si la CEC aprueba la investigación, podría exigir una explicación al gobierno estadounidense, pero no mucho más, ya que el organismo carece de potestades para sancionar.
En el mejor de los casos, las ONG esperan que la publicidad obligue al Servicio de Pesca a dialogar con científicos y compañías forestales para hallar una forma de protección más efectiva de las aves.
Los grupos ambientalistas afirman que el incumplimiento de Estados Unidos con sus propias leyes es especialmente peligroso ante la solicitud de Bush al Congreso de facultades especiales para negociar tratados internacionales sin que el Congreso pueda efectuar modificaciones («vía rápida»).
Esta iniciativa será tratada por el Senado antes del receso de julio. Si la vía rápida es aceptada, la cámara alta sólo podría aprobar o rechazar en bloque los acuerdos.
Las normas comerciales pueden violar la protección ambiental y de salud, sostienen las ONG que buscan un frente común contra la concesión de la facultad especial al presidente.
Si Washington vota contra la investigación de la CEC, será «la prueba número uno para los grupos que piden al Congreso que no otorgue al Ejecutivo el poder de la vía rápida», sostuvo Wold. (FIN/IPS/tra-en/dk/aa/dc/mlm/en/01
