La justicia de Sudáfrica declaró inconstitucional la entrega ya realizada a Estados Unidos de uno de los militantes islámicos declarados culpables en Nueva York de los atentados de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, que dejaron 224 muertos.
El fallo de esta semana del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, aplaudido por activistas de derechos humanos, respondió a la falta de garantías para que el tanzano Khalfan Mohamed no sea condenado a muerte en Estados Unidos.
Pero el dictamen del tribunal sudafricano llegó demasiado tarde para Mohamed, detenido en Ciudad del Cabo en octubre de 1999 y entregado de inmediato por las autoridades sudafricanas a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense.
El tanzano y otros tres militantes islámicos fueron declarados culpables por un tribunal federal en Nueva York, el martes.
Mohamed y el saudí Rashid Daoud al-Owhali pueden ser sentenciados a muerte por asesinato. Los otros dos hombres juzgados por los atentados de 1998, el libanés-estadounidense Wadih el Hage y el jordano Mohamed Saddiq Odeh, fueron hallados culpables de participación indirecta en los hechos.
Washington acusa de autoría intelectual de los ataques contra sus dos embajadas en Africa al saudí Osama bin Laden, que está refugiado en Afganistán.
El FBI rastreó a Mohamed hasta Ciudad del Cabo, donde vivía con nombre y pasaporte falsos. Washington elogió entonces a Sudáfrica por su ayuda en la aprehensión y entrega del acusado.
El gobierno sudafricano argumentó que la permanencia de Mohamed en el país era ilegal, por lo que correspondía entregarlo.
El acusado pidió ser enviado a Estados Unidos al enfrentarse a la alternativa de su extradición a Tanzania, en la creencia de que el sistema judicial estadounidense ofrecía más garantías, según las autoridades sudafricanas.
Sin embargo, el gobierno admitió ante la justicia que Mohamed posiblemente ignoraba la posibilidad de ser condenado a muerte en Estados Unidos.
Los abogados del ciudadano tanzano pidieron a la Alta Corte de Ciudad del Cabo que declarara inconstitucional su entrega al FBI, porque la Constitución sudafricana protege el derecho a la vida y Estados Unidos no garantizó que Mohamed se libraría de la condena a muerte.
Pero la Alta Corte rechazó la solicitud, y entonces los abogados defensores apelaron ante el Tribunal Constitucional, que el lunes censuró al gobierno por haber cooperado con Estados Unidos a sabiendas de la falta de garantías.
Organizaciones sudafricanas de derechos humanos aplaudieron la decisión judicial por defender la Constitución nacional y los derechos humanos.
Jody Kollopen, comisionada de Derechos Humanos de Sudáfrica, aprobó la resolución y destacó que ésta trasciende el caso de Mohamed.
La decisión del tribunal significa que el Estado debe actuar «dentro de la ley y del espíritu de la Constitución», y que «sin importar la gravedad del crimen, el Estado debe actuar con disciplina, siguiendo el debido proceso», resaltó Kollopen.
Sin embargo, la resolución del Tribunal Constitucional sudafricano no tendrá peso en el juicio contra Mohamed en Nueva York.
El Ministerio de Justicia de Sudáfrica anunció que utilizará la vía diplomática para llamar la atención a la corte neoyorquina sobre la decisión del Tribunal Constitucional, pero advirtió que Estados Unidos no tiene obligación de tomarla en cuenta.
En Nueva York, la corte federal comenzará a evaluar las pruebas para decidir la sentencia de Mohamed. Sus abogados creen que será condenado a muerte, según trascendió. (FIN/IPS/tra-en/fk/mn/mlm- mj/ip/01
