Grupos de la sociedad civil objetaron en la Asamblea Mundial de la Salud las políticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de sus agencias especializadas en materia de acceso a medicamentos y de lucha contra el sida.
Una alianza de organizaciones no gubernamentaleds (ONG), en la reunión anual de ministros que se realiza entre los días 14 y 22, expresó su preocupación ante el riesgo de que el fondo mundial para el sida y la salud, que se propone crear la ONU, «sirva a los intereses de la industria farmacéutica» en lugar de atender las necesidades de los países pobres.
Los grupos de la alianza, Health Action International (HAI), Health Gap Coalition, Act Up-Paris y Oxfam Reino Unido, reclaman que el fondo funcione con transparencia en todos los niveles.
En el fondo «deberá prohibirse toda representación de intereses comerciales en funciones de gobierno o de asesoría», previnieron las cuatro ONG.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que el fondo será una mecanismo para recaudar una parte de los recursos extraordinarios, calculados entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, que se necesitan por año para prestar prevención y atención del sida en países de ingresos bajos y medios.
Annan aseguró a los ministros de salud que una junta independiente gobernará al fondo con transparencia y responsabilidad.
Los recursos se destinarán de manera prioritaria a afrontar la amenaza del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), pero también atenderán en los países en desarrollo otras enfermedades infecciosas, como la tuberculosis y el paludismo.
Pero antes de nacer, el futuro del fondo ya ha sido comprometido por la decisión del gobierno estadounidense de George W. Bush de donar «la suma tan pequeña de 200 millones de dólares», dijo Gaelle Krikorian, de Act Up-Paris.
Una estimación efectuada por Health Gap Coalition, con sede en Estados Unidos, elevó a 2.000 millones de dólares la contribución que debería corresponder a Washington.
Los demás integrantes del grupo de siete países ricos y Rusia (G-8) tendrían que aportar 6.000 millones de dólares, mientras que el resto provendría de donaciones de fundaciones y otros sectores privados.
Las ONG demandaron al secretario de la ONU que abogue por una movilización que obtenga recursos suficientes. «Millones de personas amenazadas de muerte por enfermedades curables no pueden permitirse que (Annan) fracase», dijo Krikorian.
Los grupos de la sociedad civil pretenden que los donantes comprometan aportes para cubrir una parte substancial de los 10.000 millones de dólares del fondo antes del comienzo, el 25 de junio, de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU dedicada al sida.
Las presiones de las ONG a los ministros de salud se concentraron también en la cuestión del acceso de los países pobres a los medicamentos esenciales a precios económicos.
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) demandó a los ministros que otorguen un mandato a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que «puede y debe hacer mucho más».
MSF reclamó a la institución multilateral que defienda los intereses de la salud en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El consejo del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), el organismo de la OMC que se ocupa de las reglamentaciones sobre patentes farmacéuticas, se reunirá entre el 18 y el 22 de junio.
El grupo de países africanos consiguió que el consejo de ADPIC dedique un día de esa semana de sesiones a una discusión especial sobre las cuestiones de los derechos de propiedad intelectual que tienen importancia en el acceso a los medicamentos.
La cuestión del acceso a los medicamentos a precios económicos logró máxima notoriedad en abril, cuando Sudáfrica consiguió que un grupo de 39 firmas transnacionales farmacéuticas desistieran de un juicio contra disposiciones de ese país que regulan la propiedad de las patentes para favorecer el abaratamiento de las medicinas.
La directora general de la OMS, Gro Harlem Brundtland, comentó a la Asamblea Mundial de la Salud que ahora reina una sensación de alivio, tras el arreglo de ese conflicto polémico «que afecta a la vida y el futuro de muchas personas».
Médicos Sin Fronteras instó a Brundtlan a defender «más enérgicamente» en la OMC el derecho de los estados miembros a incorporar en sus legislaciones medidas que protejan el acceso a los medicamentos. (FIN/IPS/pc/dm/he/01
