La bala que se disparó a sí mismo un adolescente de la capital de México, frente a sus compañeros y educadores, diluyó la oposición al registro de la mochila de los estudiantes en busca de armas y drogas ordenado por las autoridades.
Diego Rosales, de 14 años, se descerrajó un balazo en la cabeza el martes. La muerte cerebral se registró este jueves.
El caso se convirtió en el argumento de las autoridades educativas de los 31 estados mexicanos y de la capital para mantener el programa «Mochila segura», que, según organizaciones de derechos humanos y de padres, viola la privacidad de los estudiantes.
Padres de alumnos del centro de enseñanza al que asistía Rosales exigieron, después del episodio, que las autoridades revisen todas las mochilas de los estudiantes antes de su ingreso en clase.
El programa «Mochila segura» fue anunciado en marzo, pero no pudo implementarse en todas las escuelas debido a la oposición de organizaciones de padres para las que el mecanismo no es efectivo y sólo causa alarma y miedo entre los estudiantes.
A esa oposición se sumó la Comisión de Derechos Humanos del gobierno de la capital, con el argumento de que las revisiones son un recurso intimidante, que crea un clima negativo para la educación.
La alarma por el uso de armas en escuelas se encendió con la difusión de numerosos casos registrados en Estados Unidos. Pero la preocupación aumentó cuando un niño de 12 años del norte del país intentó en febrero disparar a su maestro, a quien cuestionaba por presionarlo demasiado.
Antes de que se registre en alguna escuela un tiroteo con consecuencias fatales, México debe tomar medidas como el registro de las mochilas, señalaron autoridades educativas.
Maestros de escuelas públicas, especialmente las ubicadas en zonas pobres, aseguran que muchos estudiantes llegan a clases armados y drogados. Otros alumnos afirman que sus compañeros más violentos llegan a amenazarlos hasta de muerte.
La escuela donde Diego Rosales se disparó, en la populosa zona de Iztapalapa, no había ingresado al programa «Mochila segura». En una carta de despedida, el adolecente se quejó de presiones familiares relacionadas con el estudio.
Carlos, un padre de familia que llamó a una radioemisora para oponerse al programa «Mochila segura» y que no dijo su apellido, señaló que entregó a su hijo de 17 años una arma de bajo calibre para que pueda defenderse de los «delincuentes que hay en las calles y (en) la escuela».
«Si la policía no lo defiende, pues él mismo tendrá que hacerlo», sostuvo.
El número de delitos denunciados en este país de 100 millones de habitantes pasó de 809.000 a 1,5 millones entre 1991 y 1999. Por otra parte, la cantidad de usuarios de drogas pasó de 1,5 millones en 1993 a más de 2,5 millones en 1998.
Conseguir un arma o drogas no es muy difícil, especialmente en la capital de México.
Por menos de 160 dólares, casi cualquier persona puede adquirir una pistola, por ejemplo, en el barrio Tepito, en el centro de la capital. Por unos cinco dólares también puede comprar un gramo de cocaína.
De diciembre a abril, la policía requisó 1.500 pistolas y armas largas y unas 15.000 balas y detuvo por tenencia irregular a 500 personas.
Estas cifras duplicaron las registradas dos años atrás en el mismo periodo.
Más de 80 por ciento de las armas que ingresan legal e ilegalmente a México proceden de Estados Unidos. Tan sólo en la zona fronteriza con este país están registrados 17.875 establecimientos que venden armas.
Los estudiantes pueden adquirir drogas y armas en muchos lugares. Si esto no se frena pronto va a registrarse alguna tragedia, expresó Martha Gándara, quien acompaña todos los días a su hijo de 10 años en su camino a la escuela pública.
La portación de armas entre estudiantes es considerado ya un «foco rojo», declaró en abril Luis García, coordinador para la capital de la Dirección General de Prevención del Delito de la Procuraduría General. (FIN/IPS/dc/mj/ed ip/01
