El fin del conflicto entre el gobierno de México y la guerrilla zapatista parece hoy tan lejano como hace cinco años, cuando se suspendió el diálogo de paz, y, según observadores, tal vez no se logre en el mandato de Vicente Fox.
Las esperanzas de pacificación fueron enterradas por el disgusto del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con la aprobación parlamentaria de una reforma constitucional sobre derechos indígenas que no colma sus expectativas.
Pero es remota la posibilidad de que el EZLN reanude la lucha armada o de graves problemas políticos para el gobierno de Fox, quien, a diferencia de su antecesor Ernesto Zedillo (1994-2000), cosechó en pocos meses de gestión aplausos dentro y fuera del país por su actitud frente al conflicto.
El EZLN advirtió que su incipiente acercamiento con Fox, cuyo periodo presidencial de seis años comenzó en diciembre con la negociación en la mira, está roto hasta que el Congreso modifique su reforma.
La guerrilla también afirmó que se mantendrá en las selvas del estado meridional de Chiapas en una actitud de «resistencia y rebeldía».
La mayoría de los legisladores consideran imposible atender el pedido zapatista, al igual que los observadores, enfrascados hoy en un crispado debate político y legal en torno del conflicto y de las reformas constitucionales aprobadas en el Congreso.
El EZLN pedía la aprobación de una reforma constitucional que reconociera amplios derechos de autonomía a las etnias indígenas, recogiendo los acuerdos de San Andrés concertados entre la guerrilla y legisladores de todos los partidos políticos en 1996.
Sin embargo, los parlamentarios, incluso algunos que simpatizan con el grupo armado, acordaron cambios a la reforma que limitaron esos derechos.
«Ahora la paz en Chiapas está tan lejos como en el gobierno de Zedillo, pero en un ambiente de mayor embrollo», opinó Lorenzo Meyer, historiador del Colegio de México, institución pública universitaria dedicada a la investigación y a la enseñanza.
«Me temo que esta guerra de papel que hemos visto en Chiapas a lo largo de siete años continuará por lo menos un sexenio más» que corresponderá a la Presidencia de Fox, sostuvo, por su parte, el analista Sergio Sarmiento, de la cadena televisiva TV Azteca.
El EZLN, un grupo paupérrimo en armas y recursos que combatió apenas 12 días en enero de 1994, continúa operando en la selva fronteriza con Guatemala, pero a diferencia del pasado ahora tiene menos presión militar, pues el gobierno retiró de su zona de influencia siete destacamentos del ejército.
Además, un centenar de sus simpatizantes fueron liberados de la prisión, y los analistas reconocen que existe un ambiente de apertura impulsado por el gobierno federal y por el del estado de Chiapas para trabajar por la paz.
Los zapatistas, la mayoría indígenas aunque liderados por un mestizo, el subcomandante Marcos, afirman que el objetivo central de su lucha es acabar con el racismo y lograr la justicia hacia los grupos nativos.
A diferencia del gobierno de Zedillo, último presidente perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México 71 años ininterrumpidos, varios de los funcionarios hoy a cargo del conflicto en Chiapas tienen antecedentes izquierdistas y son respetados por la guerrilla.
En Chiapas, estado gobernado desde inicios de año por políticos ajenos al PRI, hay apertura al diálogo. El gobierno federal no impone condiciones a la guerrilla si ésta desea realizar actividades políticas dentro o fuera de su zona de influencia.
El ambiente político es otro, pero la guerrilla no parece entenderlo, declaró el escritor Germán Dehesa, quien hasta el año 2000 se declaraba admirador del EZLN.
En marzo, los jefes militares y políticos zapatistas dejaron sus reductos en la selva y recorrieron varios estados del país antes de llegar a la capital para presentarse ante el Congreso legislativo, donde defendieron el derecho de autonomía de los indígenas.
En su trayecto, y a pesar de la negativa del grupo armado a responder las invitaciones de diálogo del gobierno, la policía protegió a los jefes zapatistas y el propio Fox declaró varias veces su respaldo a la marcha.
El diálogo de paz se reactivará sólo cuando se aprueben plenos derechos de autonomía a las etnias, tal como establecen los acuerdos de San Andrés, advierte el EZLN.
Las otras condiciones —liberación de presos y retirada de los militares de la selva donde operan los zapatistas— fueron ya atendidos por el gobierno de Fox.
Los acuerdos de San Andrés no pudieron traducirse en leyes debido a la oposición de Zedillo al proyecto de reforma constitucional en que derivó.
Fox reactivó el proyecto y lo presentó al parlamento, pero los diputados modificaron su texto para limitar el derecho de autonomía de las etnias.
Políticos de diverso signo y activistas humanitarios en México y el extranjero reconocen que Fox ha cumplido en la medida de sus posibilidades con lo que pide la guerrilla.
En la nueva realidad política, lo único que demuestra el desconocimiento del EZLN al trabajo de un Congreso legítimamente electo es «su intolerancia y maximalismo, su vocación de rebeldía sin más», dijo el historiador Federico Reyes-Heroles.
No es muy lógico, además, que estos guerrilleros se nieguen a dialogar con el presidente por un asunto que corresponde al Congreso, cuestionó Reyes-Heroles.
La culpa es de los diputados, pues con sus reformas sabotearon el incipiente proceso de diálogo y traicionaron la esperanza de una solución negociada a la guerra en Chiapas, sostuvo el EZLN. (FIN/IPS/dc/mj/ip/01
