Nuevas sanciones políticas y económicas de la ONU contra Liberia entraron en vigor a las 12:01 am de hoy y amenazan con paralizar a ese país de Africa occidental devastado por la guerra civil.
Los países miembros de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no podrán importar diamantes de Liberia, deberán limitar los vuelos de los aviones registrados en ese país y restringir las visitas de funcionarios del gobierno liberiano, incluido el presidente Charles Taylor.
El Consejo de Seguridad de la ONU, que a principios de marzo decidió imponer las nuevas sanciones, había dado al gobierno de Liberia un plazo de dos meses para probar que no estaba armando y financiando al Frente Revolucionario Unido (RUF) de Sierra Leona.
El RUF pretende desestabilizar y derrocar al gobierno de Sierra Leona, y es conocido por su campaña de mutilaciones y otras atrocidades contra la población civil.
Así mismo, el Consejo exigió a Liberia que expulsara a todos los rebeldes del RUF refugiados en su territorio, pero Monrovia no cumplió con la resolución.
Las sanciones, promovidas conjuntamente por Estados Unidos y Gran Bretaña, sofocarán más a Liberia, que ya padecía un embargo militar de la ONU desde 1992 debido a su propia guerra civil.
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, James Cunningham, explicó que las sanciones entrarían en vigor este lunes porque el gobierno liberiano continúa respaldando al RUF pese a las advertencias del Consejo de Seguridad.
Agregó que Washington apoya las nuevas medidas contra Liberia «por utilizar a uno de los grupos insurgentes más repugnantes del mundo como apoderado».
Liberia continúa explotando ilegalmente la riqueza natural de Sierra Leona y promueve la inestabilidad en Africa occidental, señaló el embajador.
Taylor, quien negó todos los cargos, también es acusado de proveer armas al RUF a cambio de diamantes extraídos por los rebeldes de minas de Sierra Leona.
Tras una cumbre realizada en Nigeria el pasado abril, la Comunidad Económica de Estados de Africa Occidental (Ecowas) creó una misión mediadora integrada por Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Malí, Nigeria y Togo para verificar el cumplimiento de Liberia con la resolución del Consejo de Seguridad.
Pero Monrovia no pudo o no quiso informar a la misión cuántos miembros del RUF quedaban en territorio liberiano ni qué pasos de frontera utilizaban, informó al Consejo el secretario general de la ONU, Kofi Annan, basado en las observaciones del equipo de Ecowas.
Además, Liberia tampoco ofreció información sobre la salida o el destino de los rebeldes, ni aclaró si algunos de ellos se habían integrado a las fuerzas de seguridad liberianas.
«Esa situación aumenta la sospecha expresada por algunas de las fuentes entrevistadas de que simplemente se haya reubicado a los rebeldes del RUF en otras partes de Liberia», observó Annan.
«Como consecuencia, la misión sigue pensando que algunos miembros del RUF todavía están en Liberia», concluyó.
La misión de Ecowas recomendó que Monrovia informe el paradero de Sam Bockarie, ex comandante del RUF, que la ONU ofrezca pruebas de los actos ilegítimos de Liberia y que despliegue observadores en la frontera entre ese país y Sierra Leona, así como en otros puntos de entrada.
La guerra civil de siete años en Liberia sólo terminó cuando Taylor fue elegido presidente, en agosto de 1997. El conflicto, que causó la muerte a unas 150.000 personas en una población total de 2,8 millones, dejó a la economía en ruinas.
Taylor reaccionó con enojo este lunes ante la imposición de nuevas sanciones y las describió como «desafortunadas para Liberia y toda la subregión».
Monrovia había enviado el fin de semana una delegación a la sede de la ONU, en Nueva York, en un último intento por impedir el embargo, pero no tuvo éxito.
Tampoco rindió frutos la visita de Taylor al presidente de Togo y actual presidente de la Organización de Unidad Africana, Gnassingbé Eyadema, en procura de apoyo africano contra las sanciones.
A la presión montada en favor de las sanciones por Estados Unidos y Gran Bretaña, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se sumó la de grupos de exiliados liberianos, activistas de los derechos humanos y otros grupos.
El Consejo explicó que las sanciones «son específicas y se limitan a los miembros del gobierno de Taylor y a sus familiares inmediatos», pero no afectarán la ayuda humanitaria a los civiles liberianos, afectados por una nueva rebelión armada en el norte de su país.
Taylor afirmó que «algunos países pretenden que este gobierno abandone el poder, pero el pueblo liberiano permanecerá unido».
Es difícil prever cuánto durará esa unidad en un gobierno cada vez con más dificultades económicas.
La ayuda de los donantes internacionales casi no llega, y se prevé que los ingresos por exportaciones de madera y diamantes caerán abruptamente.
En el plano militar, el gobierno está trabado en un conflicto con insurgentes del norte que avanzan hacia el centro. Los rebeldes, que se llaman Liberianos Unidos para la Reconciliación y el Desarrollo, hacen incursiones desde la vecina Guinea, cuyo gobierno está en malos términos con Monrovia.
La moral del ejército está cayendo debido a las numerosas bajas y a la reducción del suministro de armas como consecuencia del embargo militar internacional.
Mientras, los funcionarios públicos no cobran su salario desde hace meses, y la represión gubernamental de opositores reales o supuestos aumenta las tensiones en el empobrecido país africano.
Políticos, periodistas y estudiantes, entre otros, son víctimas de la Unidad Antiterrorista, acusada de tortura, asesinatos políticos y detenciones ilegales.
Liberia «se encuentra sobre una bomba de tiempo», afirmó un analista político.
La imposición de nuevas sanciones fue bien recibida en la vecina Sierra Leona, que acusa a Liberia de respaldar directamente al rebelde RUF a cambio de diamantes.
«¿Qué otra cosa se merecen Charles Taylor y su gobierno criminal? Creo que las sanciones son un paso preliminar para expulsar al monstruo», declaró Michael Sesay, un analista político residente en Freetown.
«El hombre cosecha lo que siembra. Taylor simplemente está pagando por fomentar una sangrienta rebelión en nuestro país y beneficiarse de ella. Debe ser castigado», dijo a IPS un oficial retirado del ejército de Sierra Leona. (FIN/IPS/tra-en/td-lf/da-mn/mlm/ip/01
