El uso indiscriminado de la tecnología de avanzada del Norte en las naciones en desarrollo fue puesta en tela de juicio en un foro que reunió hasta hoy en la capital española a medio centenar de grupos no gubernamentales y técnicos de varios países.
La tecnología no es neutral en los procesos de desarrollo, resumió el viernes Eduardo Sánchez Jacob, coordinador del seminario.
La conferencia organizada entre el jueves y este sábado por el grupo Ingeniería sin Fronteras planteó como objetivo principal el aporte de orientaciones para el diseño y uso de la tecnología apropiada en la cooperación para el desarrollo.
La cuestión de mayor discusión giró en torno al uso o no de las tecnologías más avanzadas.
George Mac Robie, vicepresidente del Grupo para la Transferencia de Tecnologías para el Desarrollo (Intermediate Techonology Development Group), de Gran Bretaña, afirmó que la aplicación de tecnología en uso intensivo de energía, importada del Norte, agrava en vez de resolver los problemas del Sur.
Esas tecnologías requieren poca mano de obra, «en países con masas de desempleados», y se localizan en las ciudades o en su periferia, lo cual ayuda a acelerar la inmigración de la población rural empobrecida.
Por su parte, Jorge Huacuz, del Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, planteó la necesidad de diseñar una nueva respuesta, capaz de resolver el problema de la electrificación rural en el mundo, utilizando energías renovables, como la solar y la eólica.
La tecnología, cualquiera sea el ámbito de su aplicación, sólo puede entenderse y valorarse en función del grupo social que la crea o que la emplea, pues «cada modelo de sociedad y de desarrollo concibe y usa un tipo diferente de tecnología», apuntó Sánchez Jacob.
Recordó que a mediados del siglo XX se creyó que los países pobres podrían alcanzar el desarrollo del Norte a través de la radicación de inversiones y la industrialización.
Sin embargo, «el tiempo no tardó en refutar esta teoría, y muchos países del Tercer Mundo no siguieron la misma evolución de los del Norte, sino que se estancaron», apuntó.
Sánchez Jacob agregó que «la modernización y el crecimiento se hacía a veces a costa del deterioro del ambiente y sin elevar el nivel de vida de la mayoría de la población».
En la actualidad comienza a imponerse el criterio de Tecnología Apropiada, que es aquella más adecuada a las características económicas, sociales y culturales de los países en desarrollo, precisó el experto.
De esa manera, no sólo se trata de diseñar y dotar de tecnologías adecuadas a comunidades excluidas. Se trata también de llamar la atención sobre aquellas que pueden dañar el desarrollo humano, como las que alteran el equilibrio ambiental, advirtió.
El seminario también examinó, además de estudiar la incidencia de la tecnología, la necesidad de un enfoque social para la adecuación de los sectores postergados a la vigente economía de mercado.
Daniel Rodríguez, gerente del Programa de Agroprocesamiento de Perú, puntualizó que el desarrollo de los pequeños y medianos productores agrarios no dependerá sólo de las tecnologías sino en gran parte del conocimiento que tengan de la demanda y de los requerimientos del mercado.
Aunque «es indudable que uno de los desafíos más grandes de la tecnología apropiada es establecer mecanismos sustentables de asistencia técnica, capacitación, información y financiamiento», admitió.
En ese plano, Valentín Villarroel, de Ingeniería sin Fronteras, indicó que la infraestructura de telecomunicaciones de América Latina se caracteriza por su baja baja calidad y el alto costo para las economías familiares.
Los equipamientos son antiguos y obsoletos, sobre todo en el campo de la informática y «si se opta por adquirirlo nuevo, supone un costo muy alto, con el riesgo de quedar obsoleto en poco tiempo», explicó.
Villarroel consideró necesario aumentar las infraestructuras para facilitar el acceso a las redes de telecomunicación, dando prioridad a la acción comunitaria frente a la individual, adaptar la tecnología a las necesidades locales y, entre otras, evitar el control de las telecomunicaciones y de Internet por unos pocos.
Un aspecto que también concitó mucha atención fue el planteado por Juan José García Ferrer, vicepresidente de la Comisión de Cooperación y Desarrollo de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias.
García Ferrer propuso considerar como un derecho ciudadano, nacional e internacional, la satisfacción de sus necesidades básicas y, en consecuencia, el acceso a ciertos servicios esenciales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge algunos de esos derechos, como el de tener una vivienda digna, ser protegido de la indigencia, recibir una educción o protección sanitaria cuando lo necesita, aclaró.
Pero, «para hablar de un derecho jurídico, una persona debe tener la posibilidad de defenderlo ante un tribunal».
Ante ello, García Ferrer pregunto: «¿puede una mujer de Maputo o, al menos, una asociación en su nombre, acudir a algún tribunal para exigir comida, vacunas, agua, vivienda o la infraestructura necesaria para hacer posible la satisfacción de esas necesidades indispensables para vivir de forma diferente a como lo hace un animal?».
La respuesta es negativa, concluyó. «El acceso a ciertos servicios básicos debe ser un derecho, y es responsabilidad de cada uno contribuir a que, quienes miran sólo el horizonte de su existencia, reaccionen en el presente para evitar que el bienestar y el progreso de hoy sea la antesala de un mundo más incómodo, en su conjunto, para todos.
El experto español añadió que «es hora de negociar un nuevo orden social mundial». (FIN/IPS/td/dm/dv/01
