La Cámara de Representantes de Indonesia puso hoy en marcha el mecanismo de juicio político contra el presidente Abdurrahman Wahid por corrupción e incompetencia, con la intención de precipitar la caída del primer mandatario elegido de forma democrática en el país.
Los procedimientos de juicio político corresponden a la Asamblea Popular Consultiva, compuesta por los 500 diputados y otros 200 miembros, que se reunirá en sesión especial en los próximos dos meses.
Las semanas venideras estarán marcadas por una intensa actividad política, pues Wahid podría disolver la Cámara de Representantes o declarar el estado de emergencia para eludir su enjuiciamiento. Algunos de sus partidarios han amenazado con hacer uso de la violencia.
El presidente ha rechazado las acusaciones de corrupción e incompentencia que dieron origen al pedido de juicio político y aseguró que seguirá en su cargo. «Gus Dor (apelativo popular de Wahid) no tiene previsto renunciar», dijo la portavoz presidencial Yahya Staquf.
La decisión de convocar el juicio político recibió el voto favorable de 365 legisladores, mientras cuatro votaron en contra. Se registraron 39 abstenciones, de los cuales 38 eran representantes de las fuerzas militares y policiales.
El pedido de juicio político fue respaldado por el Partido Democrático Indonesio en Lucha (PDI-P), encabezado por la vicepresidenta Magawati Sukarnoputri, el Partido Golkar y el Partido de Unidad para el Desarrollo, entre otros.
Los representantes del oficialista Partido del Despertar Nacional, creado por Wahid para las elecciones generales de 1999, se retiraron de sala durante la votación.
El grupo parlamentario del PDI-P, el más numeroso, con 153 diputados, propuso la moción, que resultó aprobada en medio de ovaciones.
El fracasado intento de Wahid por alcanzar a último momento un pacto político con Megawati y el fuerte desacuerdo que encontró en el ejército para su plan de disolver el parlamento precipitaron la votación del juicio político.
El pronunciamiento parlamentario de este miércoles es una señal de lo que podría votar la Asamblea Popular Consultiva en el juicio político tras escuchar los descargos de Wahid.
La principal función de la Asamblea Popular Consultiva es elegir al presidente y al vicepresidente.
La Cámara de Representantes acusa a Wahid de facilitar la entrega de 3,5 millones de dólares de la Oficina de Logística del gobierno a uno de sus socios comerciales, Suwondo, un caso al que se ha denominado «Bullogate».
También afirman que el presidente no dio explicaciones satisfactorias sobre el destino de dos millones de dólares de ayuda humanitaria donados por el sultán de Brunei a la provincia de Aceh («Bruneigate»).
Los simpatizantes de Wahid afirman que entre quienes pretenden su caída figuran aliados del ex dictador Alí Suharto (1967-1998) que pretenden recuperar su antiguo poder. Sin embargo, Wahid fue colaborador de Suharto, mientras que Megawati se opuso con firmeza al régimen dictatorial.
El presidente dijo que estudiará el proceso de votación de la Cámara de Representantes antes de tomar alguna medida como el estado de emergencia o la disolución del parlamento y el llamado a elecciones anticipadas.
Los analistas consideran que cualquiera de esas decisiones sólo aceleraría la caída de Wahid.
«Un decreto presidencial sería una buena razón para apurar la sesión especial de la Asamblea Popular Consultiva sin tener que esperar los dos meses que prevé la ley», dijo Dewi Fortuna Anwar, investigador del Instituto Indonesio de Ciencias.
«Wahid tiene dos opciones: decretar el estado de emergencia o lograr un acuerdo con los partidos», sostuvo Kusnanto Anggoro, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
El presidente encargó al ministro de Defensa, Mahfud, el ministro de Justicia, Baharuddin Lopa y el secretario del gabinete, Marsilam Simanjuntak continuar las negociaciones con sus adversarios en el poder legislativo.
«Wahid aún tiene posibilidad de sobrevivir», señaló Anggoro, quien consideró que el estado de emergencia sería «legalmente justificable» aunque «de acuerdo con la ley debería existir una situación crítica, como peligro de secesionismo en alguna región del país». (FIN/IPS/ap-ip/kd/js/dc-mj/ip/01
