Los presidentes de las cortes supremas y tribunales de justicia de España, Portugal y de 18 estados de América Latina se reúnen desde hoy en la ciudad española de Santa Cruz de Tenerife para establecer bases de cooperación y crear una red de información y documentación.
La Sexta Cumbre Jurídica Iberoamericana fue inaugurada por el príncipe Felipe, heredero de la corona española, y cuenta también con la presencia como observadores de autoridades judiciales de Camerún, Marruecos, Mauritania, Nigeria y Senegal.
Brasil y Perú, que participaron en las citas anteriores, no asisten a este encuentro que finalizará el viernes en Santa Cruz de Tenerife, capital de la provincia del mismo nombre en el archipiélago de Islas Canarias, ubicado en el océano Atlántico frente a la costa noroccidental de Africa.
En cambio, entre los representantes latinoamericanos se encuentra Puerto Rico, estado asociado de Estados Unidos, que por esa condición no interviene en las reuniones de jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica.
Las futuras Red de Documentación Jurídica Iberoamericana (Iberius) y Red de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia (Iudicis) serán impulsadas por la secretaría temporaria de la Cumbre Iberoamericana.
También se prevé la creación de un sitio en la red mundial de computadoras (Internet), que servirá de principal mecanismo de comunicación de las dos redes.
Iberius permitirá el acceso e intercambio de la documentación jurídica de todos los países intervinientes, mientras que Iudicis facilitará la cooperación entre los sistemas judiciales para hacer efectivas sus respectivas resoluciones y fortalecer el auxilio internacional en la materia.
Además, la Cumbre establecerá las relaciones con los gobiernos y examinará proyectos de desarrollo interinstitucional y de alcance global para la Comunidad Iberoamericana de Naciones, constituida por los países de habla española y portuguesa de América y de Europa en julio de 1991 en Guadalajara, México.
El príncipe Felipe expresó en la inauguración su esperanza de que los trabajos sirvan para la constitución de un Poder Judicial capaz de administrar «la justicia a la que tienen derecho los ciudadanos».
Agregó que las redes que se proyectan «serán expresión de los fundamentos sobre los que se asientan las nuevas formas de convivencia».
Un ejemplo de ello «es el fenómeno de la clara convergencia que se está produciendo en materia de derechos humanos», aseguró.
En la Cumbre Jurídica realizada en marzo de 1998 en Caracas surgió el proyecto Iudicis (justicia en latín).
El nuevo «sistema interconectado de nuestras cortes y tribunales supremos de justicia pretende favorecer el intercambio de conocimientos y de información», explicó el presidente de la Corte Suprema de Venezuela, Iván Rincón Urdaneta.
Uno de los aspectos fundamentales que debe considerar ese intercambio será lo referido a «casos que trasciendan el ámbito nacional y a la divulgación de contenidos documentales y la legislación comparada en materia de narcotráfico», añadió.
El Consejo General del Poder Judicial de España, organizador de esta Cumbre, señaló como uno de sus objetivos trascendentes la aprobación de un llamado Estatuto del Juez Iberoamericano.
Ese estatuto consistirá en «una carta o documento, debidamente sustentado, que contenga las circunstancias y disposiciones convenientes para garantizar la competencia, independencia de imparcialidad de los jueces», indicó.
Además, deberá «dar impulso al esfuerzo por mejorar las instituciones judiciales, como elemento esencial del estado de derecho, y podrá ser tenido en cuenta como referente en los procesos de reforma de los estatutos de los jueces».
En la cumbre de Tenerife se buscarán puntos de coincidencia y de equilibrio entre los criterios jurídicos respecto de la extraterritorialidad para algunos delitos, que ha enfrentado a algunos países, como Chile y España.
La discusión sobre jurisdicción de los países se centra sobre todo en las violaciones de los derechos humanos, sobre terrorismo y sobre narcotráfico.
El caso de mayor resonancia internacional y que provocó más roces entre los estados fue el juicio por delitos contra la humanidad contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, instruido en España por el juez Baltasar Garzón y con el respaldo de las altas instancias del sistema judicial de este país.
Chile se aferró a la tradicional posición latinoamericana contraria a la interferencia externa en los asuntos nacionales y reclamó que Pinochet, detenido en 1998 en Gran Bretaña por pedido de Garzón en 1998, fuera juzgado en su país.
La decisión británica de dejarlo en libertad por razones de salud permitió el regreso del ex dictador a Chile y su posterior enjuiciamiento.
No obstante, el sumario judicial en España sigue abierto contra Pinochet y sus presuntos cómplices y, ante cada nueva prueba o testimonio, Garzón dicta las providencias pertinentes.
En otros campos se han producido también cambios, y así España ha logrado que de Uruguay y México se extraditara a miembros del grupo terrorista vasco ETA, reclamados por la justicia española. (FIN/IPS/td/dm/ip/01
