Representantes de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) se enfrentarán esta semana en París al discutirse medidas para combatir la evasión de impuestos de quienes depositan fondos en países llamados paraísos fiscales.
El escenario de la disputa será un encuentro organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne a naciones industrializadas, y el motivo es la Iniciativa contra la Competencia Impositiva Perjudicial, adoptada por esa organización.
Tal iniciativa permite imponer sanciones a los paraísos fiscales que no se adecuen a los criterios de la OCDE en materia de normas financieras, y fue apoyada por el anterior presidente de Estados Unidos, Bill Clinton (1992-2000), del Partido Demócrata.
El nuevo gobierno estadounidense, encabezado por George W. Bush, del Partido Republicano, anunció la semana pasada que retiraba su respaldo al acuerdo.
Los 35 paraísos fiscales a cuyas actividades busca poner coto la OCDE incluyen a países tan distintos como Panamá y Bahrein, y tan marginales en la economía mundial como Dominica y Vanuatu, donde los extranjeros pueden mantener cuentas para evadir impuestos en sus países de origen.
Esas cuentas reciben tratamiento privilegiado, y son protegidas de inspecciones por fuertes normas de secreto bancario.
La UE ha expresado malestar ante la posición de Bush, que llevará al fracaso a la iniciativa de la OCDE, según especialistas.
La Organización Internacional de Impuestos e Inversiones, representante de 11 paraísos fiscales, señaló el lunes, en cambio, su satisfacción por «la fuerte posicion asumida por el gobierno estadounidense».
Muchos de los paraísos fiscales son pequeños países insulares, con escasez de población y de recursos naturales, ex colonias de naciones ricas. En varios casos el establecimiento en ellos de normas muy beneficiosas para depositantes extranjeros fue impulsado por grandes empresarios de esas potencias.
La actual posición de Washington, anunciada por el secretario del Tesoro, Paul O'Neill, es que la OCDE debería limitarse a proponer normas internacionales de intercambio de información para identificar de evasores de impuestos, en vez de tratar de imponer normas a otros países mediante la amenaza de sanciones.
Altos funcionarios estadounidenses habían expresado su preocupación porque la iniciativa de la OCDE incluye el objetivo de «armonizar» normas impositivas de sus Estados miembros, ya que temían que eso tendiera al aumento de impuestos en Estados Unidos, muy resistido por los republicanos.
«No comparto la posición expresada por O'Neill, que envía una mala señal a nuestros aliados europeos. Ellos están preocupados por los 'paraísos fiscales' y lo menos que podemos hacer es brindarles cooperación», opinó Robert Solomon, de la Institución Brookings, un influyente grupo de expertos con sede en Washington.
Otros expertos sostienen que Washington debió prever una reacción de malestar en la UE ante su cambio de posición, porque los aliados europeos de Estados Unidos ya estaban irritados luego de que Bush anunciara en marzo que el país se apartará del Protocolo de Kioto, establecido en 1997 para reducir la emisión de gases que causan recalentamiento del planeta.
Esas críticas son menospreciadas por quienes defienden la total libertad del mercado financiero internacional y se oponen al establecimiento de normas impositivas internacionales, entre ellos notorios integrantes del Partido Republicano.
«Era evidente que los europeos iban a estar molestos, pero si quieren recorrer el camino de la armonización impositiva internacional, tendrán que hacerlo sin Estados Unidos», comentó Dan Mitchell, de la Fundación Heritage.
«Los opositores a esta iniciativa internacional la interpretan en forma errónea como un intento de imponer normas impositivas mundiales», dijo Carl Levin, principal miembro demócrata de la subcomisión permanente de investigaciones del Senado y firme defensor de leyes y programas contra el lavado de dinero.
Levin deploró que Estados Unidos abandone una iniciativa que ayudó a impulsar, cuando la misma está a punto de tener resultados positivos, y sostuvo que la posición anunciada por O'Neill «dice a los evasores de impuestos que el gobierno no piensa perseguirlos con seriedad». (FIN/IPS/tra-eng/gm/aa/mp/if/01
