La cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy, contra el parecer del presidente George W. Bush, la retención de 244 millones de dólares que Washington debe a la ONU, hasta que el país recupere su lugar en la Comisión de Derechos Humanos del foro mundial.
La misma cámara, con mayoría de legisladores del gobernante Partido Republicano, también aprobó una enmienda contraria a la creación del Tribunal Penal Internacional para castigar crímenes de guerra.
La retención del dinero adeudado a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) fue concebida por sus auspiciantes como una represalia por la exclusión de Estados Unidos de la Comisión de Derechos Humanos, un hecho sin precedentes verificado el día 3.
Otro artículo votado prevé el retorno de Estados Unidos a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de la cual se retiró en 1984, durante el gobierno de Ronald Reagan.
Todas las iniciativas aprobadas deberán ser confirmadas por el Senado y promulgadas luego por el gobierno, para entrar en vigor. Fueron votadas en el contexto del debate del proyecto de ley de la ayuda extranjera para 2002.
El Senado discutirá las propuestas en el verano boreal y, según analistas en Washington, seguramente las modificará. Ambas cámaras deberán entonces concertar un proyecto definitivo para presentar a la firma de Bush.
La retención de adeudos a la ONU podría naufragar en el Senado, sobre todo si el gobierno de Bush, que el miércoles anunció su oposición a esa represalia, lanza una ofensiva en su contra.
La enmienda fue aprobada este jueves por 252 votos contra 165, con una fuerte mayoría de republicanos contraria a los deseos de Bush.
Los autores del proyecto, el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la cámara baja, Henry Hyde, y el demócrata Tom Lantos, esperaban obtener más de 300 votos.
«El apoyo a la retención de lo adeudado evidentemente disminuyó drásticamente después de que la Casa Blanca anunciara su oposición. Dudo si habrá de sobrevivir en el proyecto definitivo», señaló un colaborador del Congreso.
Los 244 millones de dólares que serían retenidos integran un paquete mayor de más de 900 millones que el Congreso había acordado pagar a la ONU el año pasado, de una deuda total de 1.300 millones de dólares.
El Congreso entregó 100 millones de dólares de esa cantidad en 1999, y próximamente entregará un segundo pago de 582 millones. El proyecto aprobado este jueves afecta al tramo final de 244 millones. De ser confirmado por el Senado, sólo se pagaría si Washington recupera la banca en la Comisión de Derechos Humanos.
El gobierno fue tomado por sorpresa la semana pasada cuando los miembros del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) excluyeron a Washington de la Comisión de Derechos Humanos, por primera vez desde su creación en 1946.
La exclusión causó estupor en Washington, sobre todo porque algunos países que fueron elegidos al organismo, incluso Sudán, son considerados por el gobierno como algunos de los peores violadores de derechos humanos en el mundo.
No obstante, el gobierno se declaró contrario a tomar represalias contra la ONU.
«Vincular nuestras obligaciones y pagos a la ONU con el resultado de esta votación no es buena idea. Sería sumamente dañino para nuestra capacidad de cooperar en las organizaciones multilaterales», declaró el portavoz del Departamento de Estado (cancillería) Richard Boucher.
«¿Cómo se puede esperar que la ONU nos respete si nos negamos a pagar nuestras deudas y cumplir nuestra palabra?», preguntó la representante Cynthia McKinney.
«La ONU no eligió a los integrantes de la Comisión. El voto fue realizado por los 54 estados miembros que pertenecen a Ecosoc. No es lógico, ni justo» retener lo adeudado, argumentó Carolyn Mulroney, representante de Nueva York.
Pero los autores de la enmienda aseguran que la misma «enseñará una lección a ciertos países», dijo Lantos. «Las acciones tienen consecuencias. Tomaron una acción irresponsable, les hemos dado la oportunidad de rectificarla», agregó.
Cuba, China y Sudán fueron mencionados como líderes de la ofensiva diplomática para excluir a Washington, pero varios legisladores de derecha se quejaron de que la exclusión fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea.
La mayor sorpresa de la discusión legislativa de este miércoles fue la derrota de una enmienda para retirar del proyecto de ley una autorización para que Washington se reincorpore a Unesco, a un costo de 130 millones de dólares en los próximos dos años.
El pago se confirmó por 225 votos a favor contra 193, aunque el gobierno de Bush había indicado que no tenía interés en reincorporarse a la agencia.
En septiembre, el nuevo director de Unesco, Koichiro Matsuura, viajó a Washington para persuadir al gobierno de Bill Clinton de que la agencia se había reformado como para permitir la vuelta de Estados Unidos. No obstante, Clinton optó por permanecer fuera del organismo.
Con respecto al Tribunal Penal Internacional, la cámara baja aprobó por gran margen, como se esperaba, una enmienda que impedirá que el gobierno coopere con la corte o le brinde ayuda de algún tipo.
También impide la participación en toda misión de paz de la ONU, a menos que el presidente se asegure de que las fuerzas estadounidenses no serán procesadas por el Tribunal Penal Internacional en relación a dicha misión.
En uno de sus últimos actos como presidente, y a pesar de las objeciones del Pentágono, Clinton firmó el Tratado de Roma para crear el tribunal, pero no le pidió al Senado que lo ratificara. Bush se declaró contrario a la creación de la corte en su campaña presidencial. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
