Un tribunal de México solicitó al juez que condenó por narcotráfico a dos campesinos ecologistas la reconsideración como prueba anulatoria de un informe de torturas a los presos, y su recomendación puede dar un giro a un caso de resonancia internacional.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, premiados por organizaciones humanitarias, podrían recobrar la libertad si el juez actuante acepta que la confesión de culpabilidad fue arrancada bajo tortura, dijo este jueves a IPS el abogado Jorge Fernández, del grupo Agustín Pro Juárez, que defiende a los acusados.
Montiel y Cabrera, que en 1988 fundaron una organización para oponerse en el meridional estado de Guerrero a la tala de bosques y promover su uso sustentable, fueron detenidos por militares en mayo de 1999.
Los dos campesinos aseguran que sus captores sembraron pruebas en su contra, luego de amenazarlos y torturarlos para que se declarasen culpables de posesión de armas y cultivo de marihuana.
Los militares sólo cumplieron instrucciones de empresas madereras, sostienen los acusados, dos campesinos pobres que sólo lograron cursar los primeros años de escuela.
Un tribunal de Guerrero pidió el miércoles al juez que condenó a Montiel y Cabrera revisar el caso a la vista de un elemento de prueba que había desechado: el certificado de salud que demuestra que ambos fueron torturados.
La recomendación del tribunal es la última esperanza de los ambientalistas para obtener su libertad, pues en las dos primeras instancias fueron condenados a penas entre seis y 10 años de prisión.
Organizaciones humanitarias mexicanas y extranjeras han advertido que demandarán al gobierno y al Poder Judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si los campesinos no son puestos en libertad.
Montiel y Cabrera recibieron en la cárcel de Guerrero varios reconocimientos. Los más importantes procedieron de Estados Unidos, y son el premio ambientalista Goldman, considerado del Nobel de la ecología y dotado de 125.000 dólares, y el Chico Mendes, que también distinguió su defensa del ambiente natural.
Además, llegan a las oficinas de la Presidencia desde el año pasado decenas de cartas de varios puntos del mundo para solicitar su liberación.
El presidente Vicente Fox, en funciones desde diciembre, designó en abril un grupo de trabajo para analizar el caso, cuyos integrantes apoyaron en forma y fondo el último pedido de liberación que presentaron los abogados defensores de Montiel y Cabrera al tribunal de Guerrero.
Además, el secretario (ministro) de Medio Ambiente, Víctor Lichtinger, visitó a los campesinos en la cárcel y les ofreció su solidaridad.
No obstante, la Procuraduría General (fiscalía) se opuso al pedido de liberación e insistió en sus acusaciones.
«Hay una contradicción en el gobierno respecto a este caso. Por un lado, insinúa que Montiel y Cabrera sufren una injusticia, pero otro la Procuraduría insiste en las acusaciones», señaló a IPS Mario Patrón, también abogado de los campesinos.
Los grupos humanitarios y los ambientalistas atribuyen la actitud de la Procuraduría a su actual titular, el general Rafael Macedo, quien fue procurador de justicia militar durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).
Parece que un militar como Macedo no puede ni quiere aceptar que sus subalternos armaron en Guerrero un caso con base a torturas y siembra de pruebas, comentó Patrón.
Amnistía Internacional y Sierra Club, así como otros grupos internacionales, que consideran a Montiel y Cabrera presos de conciencia, trabajan desde el exterior en procura de la libertad de los inculpados. (FIN/IPS/dc/ff/hd/01
