Pureza Lopes Loyola nunca dudó de que su hijo desaparecido había caído en manos de esclavistas, en el nordeste de Brasil. El mismo se lo confirmó tres años más tarde.
Antonio Abel «era un joven ingenuo» de 19 años en 1993, según la madre, y Açailandia, la ciudad de 100.000 habitantes en el interior del estado de Maranhao a la que se dirigió en busca de trabajo, sigue siendo un centro de «gatos», reclutadores de mano de obra barata para las haciendas del norte brasileño.
Lopes Loyola ya había perdido en 1974, en circunstancias similares, a su hermano Ataíde José Lopes, a quien ella cree vivo hoy en manos de algún latifundista de la Amazonia oriental.
Tras infructuosos viajes a Brasilia para pedir ayuda a los ministerios de Justicia y de Trabajo e incluso a dos presidentes del país, esta madre decidió investigar por su propia cuenta, con dinero prestado por familiares.
Lopes Loyola hizo varias incursiones por haciendas sospechosas de los estados de Maranhao y Pará, a veces acompañada de periodistas, familiares o militantes de la causa campesina, a veces sola, con una grabadora y una máquina de fotos.
No descubrió el paradero de su hijo, aunque sí a otros trabajadores esclavizados e hizo denuncias que ayudaron a liberar a muchos. Arriesgó su vida, pero «una hace cualquier cosa por el hijo y Dios me dio inteligencia y coraje para investigar a fondo», dijo a IPS.
Antonio Abel volvió a la casa materna por sus propios medios, 38 meses después de desaparecer. Escapó enfermo de la segunda hacienda en la que trabajó como esclavo, y aún sufre secuelas de la malaria, la hepatitis y las torturas sufridas.
Por su actividad contra la esclavitud, Lopes Loyola recibió en 1997 un premio de la organización británica Anti-Slavery International, ocasión en que visitó Londres y otras capitales europeas.
Esta funcionaria jubilada que explota un pequeño predio agrícola en Bacabal, a unos 300 kilómetros de Açailandia, mantiene su militancia antiesclavista aún hoy.
Lopes Loyola trata de obtener más información sobre haciendas esclavistas y recursos para nuevas expediciones. Su objetivo es encontrar a su hermano desaparecido hace casi 27 años y liberar otros trabajadores.
Los esclavos de Brasil son mantenidos prisioneros en haciendas y carbonerías mediante amenazas y castigos. Huir es difícil, dada la existencia de guardias armados y por el aislamiento de las explotaciones en medio de bosques, que en general son derribados para preparar pastizales destinados a la ganadería.
No reciben sueldo. Por el contrario, acumulan «deudas» con el hacendado por la comida, la «compra» de instrumentos de trabajo y otros «servicios», como el alojamiento en precarias tiendas. Muchos son asesinados por rebelarse contra esas condiciones de vida o por intentar la fuga.
En las carbonerías aisladas en los bosques los muertos suelen ser incinerados. «Hacen carbón de gente», según Lopes Loyola.
La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), dependiente de la Iglesia Católica, denuncia y estudia esa llaga social desde los años 70. En 1999 registró 1.099 esclavos liberados por las autoridades, la mayoría en el norte del país pero también en estados industrializados como Sao Paulo, Rio de Janeiro y Paraná.
La cifra no refleja la realidad. El propio Ministerio del Trabajo calcula que por cada liberado quedan tres en situación de esclavitud, informó a IPS el fraile francés Henry des Roziers, de la Orden Dominicana, coordinador de la CPT en Xinguara, en el sur de Pará, área de mayor incidencia del problema.
El combate a la esclavitud moderna avanzó con el Grupo Móvil creado en 1995 por el Ministerio del Trabajo, reconoció Des Roziers. Los inspectores, ajenos a los estados, resultan más eficaces por carecer de vínculos con gobernantes y hácendados locales, explicó.
Pero muchas insuficiencias se mantienen. Hubo, incluso, retrocesos, como un acuerdo entre el Grupo Móvil y tres grandes latifundistas, que se comprometieron a cumplir las leyes laborales en sus 23 haciendas en Pará.
Ese acuerdo limitó las inspecciones en propiedades de inveterados esclavistas, observó Des Roziers, de 71 años, quien también es abogado.
Además, continúa la impunidad de los hacendados, se lamentó. Pocos son castigados, con penas nunca cumplidas o multas irrisorias. Cuando expropian las tierras donde se comprobó trabajo esclavo, como ordena la ley, la indemnización «constituye un premio», pues la suma es «superior al precio de mercado».
A pesar de la represión, el cuadro sigue siendo trágico en el sur de Pará, según Des Roziers, residente en la región desde 1979 y siempre amenazado de muerte. El año pasado, 400 esclavos fueron liberados de haciendas locales.
Trescientos trabajadores fueron llevados a la región desde el estado vecino de Tocantins, pero se desconoce su paradero. Están, con seguridad, esclavizados, dedujo Des Roziers.
La miseria, el desempleo y la caída de algunas actividades económicas, como el «garimpo» (minería informal, principalmente de oro), fomentan la esclavitud. «Para escapar al hambre, muchos aceptan las ofertas engañosas de trabajo», señaló el religioso.
La misionera laica española Carmen Bascarán codirige en Açailandia el Centro de Defensa de Derechos Humanos. Más de 300 trabajadores de tres haciendas ubicadas en el municipio fueron liberados en abril. «La población está más atenta, denuncia, difunde informaciones», comentó la activista.
Además de la esclavitud, el Centro combate el trabajo infantil, la sobreexplotación de los empleados sin contrato ni garantías legales y la falta de documentación de muchos ciudadanos. «Un problema grave es que Açailandia no tiene jueces ni fiscales hace varios años», sostuvo Bascarán. (FIN/IPS/mo/mj/hd/01
