Miles de indígenas y campesinos del sur de Colombia comenzaron hoy una marcha de cuatro días hacia Cali para protestar por la violencia de los paramilitares de derecha y de la guerrilla izquierdista.
Los manifestantes, convocados por nueve organizaciones indígenas, por la Asociación de Usuarios Campesinos del Cauca y por la Central Unitaria de Trabajadores, piden al gobierno de Andrés Pastrana acciones eficaces para proteger a la población civil de la situación «de barbarie» que afrontan.
Gilberto Yafué, del Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC), informó a IPS que la protesta culminará con una audiencia pública en Cali, principal ciudad del sudoeste del país, en la que detallarán los últimos hechos de violencia registrados en sus comunidades.
El acto del viernes buscará «sensibilizar al gobierno para que adopte acciones concretas que frenen la violencia de los grupos armados», y para que desarticule los casos de «connivencia de la fuerza pública con los paramilitares», a quienes responsabiliza de varias masacres.
Yafué aseguró que los indígenas y campesinos de la zona son las principales víctimas del conflicto armado interno, pese a que la filosofía de vida de esas comunidades «es la convivencia pacífica» y a que se ha pedido a los grupos armados que los respeten como grupos neutrales y amantes de la paz.
Un informe elaborado por el CRIC, el Comité de Autoridades Indígenas de Colombia (ANUC) y otros grupos organizadores de la marcha explica que en Santander de Quilichao, localidad del septentrional departamento de Cauca, fueron asesinadas de manera selectiva unas 300 personas en los últimos 10 meses.
El documento, presentado al Ministerio del Interior, acusa a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de ser las responsables de esos ataques, que provocaron además el desplazamiento forzado de sus hogares de unas 7.000 personas.
Las organizaciones indígenas agregaron que las AUC «prohíben u obstaculizan el libre tránsito de personas, de alimentos y de medicamentos por diferentes zonas de la región del Cauca».
Los derechistas disputan el control territorial del sudoeste colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla en importancia del país.
El ELN incrementó los ataques contra la población civil en 1999, cuando secuestró a un centenar de personas que asistían a la celebración de una misa en una iglesia de Cali.
Una de las últimas masacres cometida por los paramilitares dejó un saldo de casi 100 muertos, según el gobernador de Cauca, Floro Tunubalá, en una incursión en Semana Santa en Alto Naya.
Esa localidad está ubicada en un área estratégica para el desplazamiento de tropas, ya que comunica con el océano Pacífico.
Tunubalá, que en octubre de 2000 se constituyó en el primer indígena en ser elegido gobernador en Colombia, también fue declarado «objetivo militar» por parte de las AUC.
Camilo González, portavoz de Mandato Ciudadano, dijo a IPS que en la lucha entre paramilitares y guerrilleros en el sudeste de Colombia los civiles son las víctimas directas y que se están utilizando «los métodos más bárbaros de la guerra sucia».
González, cuya organización avaló con 10 millones de firmas en 1998 el cese contra todas las formas de violencia, agregó que la masacre del Alto Naya fue «una operación de los paramilitares contra el ELN en busca de eliminar la presencia de guerrilleros de la ruta al océano, que sirve para el tráfico de armas».
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, apuntó que la mayoría de las masacres que se cometieron en el sur colombiano «han sido anunciadas», y frente a éstas el gobierno esta actuando en reacción y «no de manera preventiva» . (FIN/IPS/yf/dm/hd/01
