Las penas de cárcel que sufren periodistas por el ejercicio de su profesión detiene el desarrollo de la democracia en América Central, señaló Reporteros sin Fronteras (RSF).
Esta organización no gubernamental entiende que en el istmo todavía existen legislaciones que amedrentan a los periodistas e inducen a la autocensura, aunque las condiciones de la libre expresión han «mejorado mucho» respecto de los años de guerra civil, que concluyó a comienzos de la década del 90.
Régis Bourgeat, responsable de RSF para América, dijo a IPS que «el principal reto es derogar las leyes que siguen previendo penas de cárcel por delitos de prensa» en América Central, considerada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como una de las regiones más inseguras y violentas del mundo.
RSF, con sede en París, fue creada en 1985 con el objetivo de defender la libertad de información y el derecho a estar informado, además de proteger los derechos de los periodistas en el mundo.
Según la escala sobre libertad de prensa que elabora la organización, que va de uno (situación correcta) a seis (situación muy grave), ninguno de los seis países de América Central supera el grado tres, que representa la existencia de «problemas sensibles».
Sin embargo, esa situación considerada «globalmente buena», debe ser apuntalada con la eliminación de leyes que obstaculizan el trabajo periodístico, para probar que la democracia se está arraigando en el área, señala RSF, ante la celebración el jueves del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
«Los ataques a la libertad de prensa atestiguan que esta libertad, considerada como un pilar de la vida democrática, no está todavía completamente respetada» en la región, apuntó Bourgeat.
Las penas de cárcel por delitos de prensa aún subsisten en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Un texto de la relatoría especial para la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas estableció en enero de 2000 que «la pena de prisión por la expresión pacífica de una opinión vulnera gravemente los derechos humanos».
Según el criterio de RSF, los países centroamericanos que imponen mayores trabas a la libertad de prensa son Guatemala y Panamá.
En Guatemala, los periodistas sufren hostigamiento por criticar al gobierno de Alfonso Portillo, mientras que en Panamá las trabas a la libertad de prensa se presentan por las llamadas «leyes de desacato».
Bourgeat señaló a IPS que los periódicos Prensa Libre y El Periódico aparecen en Guatemala en «la primera línea» por los ataques que debe afrontar contra su libertad de expresión.
«El Periódico fue víctima de varias amenazas a fines de marzo, cuando cuatro de sus periodistas fueron perseguidos después de publicarse una información que involucraba al director de un banco en presuntas irregularidades», indica el diagnóstico de RSF.
Además, el edificio de ese diario fue objeto de un ataque el 20 de febrero por parte de presuntos partidarios del ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé, acusado de haber concedido contratos públicos a empresas ficticias.
Bourgeat comentó que otro problema que afronta la libertad de expresión en Guatemala es la existencia de un monopolio «de facto» en la televisión.
De las cinco emisoras de televisión que existen en Guatemala, sólo una es pública, Canal 5, mientras que los canales 3, 7, 11 y 13 son controlados por Angel González, cuñado del ministro Rabbé.
En cuanto a Panamá, RSF recordó que al menos cuatro periodistas fueron sentenciados a penas de prisión de entre 12 y 18 meses en lo que va de este año.
El portavoz de RSF expresó preocupación por la situación en Panamá, pese a que la mayoría de esas penas fueron cambiadas por multas de dinero.
«Emprender diligencias judiciales contra los profesionales de la prensa se ha convertido en una costumbre» en Panamá, puntualizó Bourgeat.
Reporteros sin Fronteras también precisó que entre 40 y 70 periodistas panameños han sido perseguidos por «difamación», «calumnia e injuria» o «delito contra el honor» en los últimos meses.
En esos casos, existen abusos de parte de funcionarios que usan normas de protección del honor, conocidas como «leyes de desacato», que permiten disponer el encarcelamiento de un periodista sin juicio previo.
Así, el Procurador General de Panamá, José Antonio Sossa, ordenó a fines de julio de 2000 el encarcelamiento por ocho días de Carlos Singares, director del diario El Siglo.
Por haber emprendido diligencias contra varios periodistas, Sossa se ha convertido en una «bestia negra» para la prensa panameña, añadió Bourgeat.
El dirigente de RSF hizo un llamado a los gobiernos centroamericanos para que eliminen las «leyes mordaza» contra los periodistas, pues atentan contra el artículo 11 de la declaración de principios sobre la libertad de expresión.
En este punto se precisa que «las leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información», apunto. (FIN/IPS/nms/dm/cr hd/01
