El fortalecimiento de los mecanismos de defensa de los derechos humanos y de la democracia en América concentrará la atención de la Asamblea General de la OEA, que realizará su 31 periodo ordinario de sesiones del 3 al 5 de junio en la capital de Costa Rica.
A la reunión asistirán los cancilleres de los 34 países de la OEA (Organización de Estados Americanos) y observadores de otras 38 naciones y representantes de 42 organizaciones no gubernamentales.
Costa Rica propondrá medidas para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre ellas aumentar los fondos dedicados a ese sistema de 5,7 por ciento a 10 por ciento del presupuesto de la OEA y afianzar el control ejercido por los organismos políticos del foro americano.
El país anfitrión también propondrá que los dos órganos del Sistema, la Comisión de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en San José, funcionen en forma permanente.
También plantará que se permita a las víctimas de violaciones de derechos humanos presentar sus casos directamente ante la Corte.
«Sólo los países o la Comisión pueden presentar denuncias, pero es difícil que un estado quiera presentar un caso contra sí mismo. La idea es brindar a las víctimas la posibilidad de llevar su caso a la Corte, una vez que agoten esas dos vías», explicó Arnoldo Brenes Castro, asesor de la cancillería costarricense.
Tanto la Comisión como la Corte sesionan apenas dos meses al año. San José propondrá dotarlas de más recursos para que puedan trabajar en forma permanente y procesar mayor cantidad de denuncias.
Luis Guillermo Solís, ex director de Política Exterior de la cancillería costarricense, señaló que la viabilidad del plan depende de la voluntad política de los países miembros y de su disposición a aumentar sus cuotas para darle mayor financiamiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Asamblea General también discutirá el proyecto de Carta Democrática Interamericana, según la cual la democracia representativa es el sistema político de los países de la OEA.
Según la iniciativa, cualquier ruptura del orden democrático en un país de la OEA constituye un obstáculo para su participación en la Asamblea General.
Costa Rica propondrá incorporar a la Carta sanciones económicas contra aquellos países en que se quebrante la democracia.
«La Carta procura unificar las políticas de la OEA en torno de la democracia y dice que un país puede ser suspendido de la organización por interrumpir el sistema democrático», explicó Brenes.
«Esto posee alguna efectividad, pero probablemente habría una mayor presión para reestablecer la vía democrática si también se incluyeran medidas económicas, como puede ser excluir a ese país del proceso de creación del Area de Libre Comercio de las Américas», agregó el funcionario.
Hasta ahora, el único país que ha sido suspendido de la OEA es Cuba, que no puede votar ni participar en las actividades de la organización desde 1962.
La Asamblea General de la OEA también considerará mecanismos para el fortalecimiento y la modernización de la OEA, y los efectos socioeconómicos y ambientales del cambio climático en el continente.
Representantes de 42 organizaciones no gubernamentales, entre las que figuran Amnistía Internacional y Human Right Watch Americas, propondrán distintos asuntos al secretario general de la OEA, César Gaviria, antes de que empiece la Asamblea General.
«Nuestra agenda apuesta a los derechos humanos y en eso coincidimos con el gobierno costarricense», afirmó Gustavo Cabrera, coordinador del Centro para la Paz y la Justicia en América Latina.
No obstante, Cabrera señaló la necesidad de exigir un mayor compromiso de los estados con la protección de los derechos sociales, económicos y culturales en el continente.
Los grupos no gubernamentales pedirán permiso para exponer en la cita de la OEA, pese a que sólo los representantes de los países miembros del foro tienen voz y voto.
Las sesiones de la Asamblea General se realizarán en el centro de convenciones del Hotel Herradura, ubicado en la provincia de Heredia a 20 kilómetros al sudoeste de San José.
Antonio Alarcón, director alterno de protocolo y ceremonial de Costa Rica, informó que se adoptarán estrictas medidas de seguridad para proteger a los asistentes y evitar disturbios como los ocurridos durante la reunión del año pasado, en Canadá. (FIN/IPS/fm/dm/ip/01
