La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) convocó a marchar en el Día Internacional del Trabajo por la defensa de la vida y de la educación pública, en memoria de 422 maestros asesinados en las últimas dos décadas y contra las amenazas de que son víctimas miles de sus afiliados.
La FECODE es el sindicato único del magisterio y cuenta con 280 mil afiliados, lo cual la convierte en la principal fuerza de la mayoritaria Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Los sindicalistas, y en especial los maestros, son uno de los blancos más recurrentes de los actores armados del conflicto colombiano, indicó en un informe el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La persecución a los sindicalistas en Colombia causa «especial preocupación», afirmó el ACNUDH en ese informe, presentado este mes en Ginebra.
Los maestros, los trabajadores de la salud y los empleados municipales y departamentales están entre los sectores en mayor riesgo, señaló.
En el informe se hizo referencia al caso de educadores municipales de Sabana de Torres, en el departamento centrooriental de Santander, quienes «se vieron obligados a desplazarse de su lugar de trabajo después de recibir amenazas por su actividad sindical».
La situación es tan alarmante que el Ministerio del Interior «ha certificado la condición de amenazados de 70 educadores, tenemos 360 familias desplazadas y seis compañeros en el exilio», dijo a IPS Tarcisio Rivera, vicepresidente de la FECODE.
Las amenazas y el asedio de grupos armados contra el sindicato tienen efectos de múltiple gravedad, pues afectan a los educadores, sus alumnos y al entorno de la escuela, explicó Rivera, quien también forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la FECODE.
Las organizaciones paramilitares de derecha son las principales responsables de violencia contra maestros, pero éstos también han sido afectados por acciones de las guerrillas de izquierda y del ejército, aseguró.
En los años 80, cuando comenzó la escalada de violencia contra maestros, muchas escuelas localizadas en zonas de conflicto fueron utilizadas por el ejército como bases, recordó.
«Se iba el ejército y las ocupaban las fuerzas insurgentes. Ahora son los paramilitares», apuntó.
Esa es la razón por la cual una de las consignas permanentes de la FECODE es «que la escuela sea un territorio neutral. Tratamos de que educadores, niños, jóvenes, padres y el entorno no se involucren en el conflicto», sostuvo.
Las primeras campañas de solidaridad internacional con las familias de los educadores colombianos amenazados y desplazados se llevaron a cabo en los años 80.
La Internacional de los Educadores «nos ha dado la mano con donaciones económicas, sobre todo en los años 80», pero esa asistencia implica un apoyo transitorio, por o general durante tres o seis meses, y nunca por más de un año, informó Rivera.
También existe creciente solidaridad dentro de la FECODE y desde otros sindicatos hacia los maestros afectados por la violencia, «porque donde hay un maestro amenazado o asesinado, o se produce una masacre, se involucra a la infancia y la juventud, que son la materia prima del país», aseveró.
Seis alumnos de una escuela de la localidad de Pueblo Rico, en el norooriental departamento de Antioquia, cayeron bajo las balas del Ejército, que dijo haberlos confundido con guerrilleros, recordó.
Es frecuente en zonas controladas por paramilitares que lleguen a las hombres armados, para arengar a maestros y padres de familia, informó.
Los paramilitares exigen a la comunidad educativa que denuncie la eventual presencia de guerrilleros, y prohíben a los maestros impartir conocimientos que consideran contrarios al orden establecido, relató.
«La violencia y el desplazamiento tienen efectos devastadores y dejan secuelas en la unidad familiar y en la normalidad académica de los alumnos», comentó a IPS Alvaro Saumeth, un educador que llegó a Bogotá en 1986, para huir de amenazas de grupos derechistas en su natal Santa Marta, capital del departamento septentrional de Magdalena.
Saumeth era dirigente de la Asociación de Educadores de Magdalena, e integra en la actualidad la Asamblea de Delegados de la Asociación Distrital de Educadores de la capital, que tiene 18.000 afiliados. Ambas organizaciones son filiales de la FECODE.
«No hay semana o mes en que no haya un maestro asesinado y eso constituye un golpe muy duro a todo el magisterio. El gobierno no tiene una política de protección de los educadores. La mayoría de las veces los abandona a su suerte, y a veces hasta se niega a reubicarlos para protegerlos», precisó.
En 1986, cuando Saumeth dejó Santa Marta, «ni siquiera existía la resolución gubernamental que luego reconoció la condición de desplazado. Uno quedaba en el aire, y además le suspendían el cobro de salario», dijo.
El educador recordó sensación de «desarraigo, desprotección y abandono en que uno queda cuando tiene que dejarlo todo».
«Hice lo correcto. Los que se quedaron porque no tenían cómo trasladarse, y los que volvieron porque creyeron que la situación no era tan riesgosa, todos están enterrados», indicó.
Es importante de que el 1 de mayo los educadores defiendan el derecho a la vida y a preservar las condiciones laborales que han logrado en su historia de huelgas y movilizaciones, subrayó.
«Vamos a denunciar el Acto Legislativo 012, que recorta el presupuesto nacional para la educación, profundiza la privatización del sector y amenaza con dejar a más niños y jóvenes fuera del sistema educativo», informó.
Ese Acto Legislativo es un proyecto de ley vinculado con el plan de ajuste fiscal acordado por el presidente Andrés Pastrana con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya fue aprobado por las cámaras legislativas en cinco de las ocho rondas reglamentarias.
Parte de las negociaciones del gobierno con el FMI se relacionan con la reforma del régimen previsional, que reconoce a los educadores derecho a doble prima y la posibilidad de que los maestros den clase después de jubilarse, advirtió Saumeth.
En la actualidad, el salario máximo de un maestro es unos 600 dólares, para licenciados universitarios con estudios de posgrado y entre 18 y 20 años de servicio, que estén en la máxima categoría de las 14 establecidas en el escalafón para educadores. (FIN/IPS/mig/mp/lb/01)
