Un grupo de expertos creado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que los recursos naturales de República Democrática del Congo (RDC) son saqueados «con ritmo alarmante» por participantes en la guerra civil de ese país y firmas extranjeras.
Insurgentes locales, ejércitos de por lo menos cinco países de la región involucrados en el conflicto y compañías privadas aprovechan la situación bélica y la tolerancia del gobierno de RDC para lucrar con la explotación de ricos recursos que incluyen diamantes, madera y elefantes, aseguraron los especialistas.
El conflicto de RDC «ha creado oportunidades de lucro de las cuales sacan provecho todos los beligerantes», dijo la presidenta del grupo de expertos, Safiatou Ba-N'Daw, de Costa de Marfil, experta en economía y funcionaria del Banco Mundial.
Los autores del informe enfatizaron que el presidente de Ruanda, Paul Kagame, y su par de Uganda, Yoweri Museveni, son responsables políticos del saqueo realizado por soldados y civiles de sus países, aunque no tengan responsabilidad desde el punto de vista legal.
Kagame y Museveni «sabían lo que ocurría (en RDC) y decidieron no actuar» para evitarlo, subrayó Ba-N'Daw.
El conflicto se ha transformado ante todo en una lucha por «acceder a cinco recursos minerales clave, diamantes, cobre, cobalto, diamantes, oro y tantalita, para controlarlos y comerciar con ellos», indicaron los autores del informe.
La tantalita, óxido natural tantalio, hierro y manganeso, se usa como componente de teléfonos celulares y motores de aeronaves, y su precio internacional se multiplicó por cuatro en el último año.
Según el grupo de expertos, creado por el Consejo de Seguridad en enero del año pasado, militares y hombres de negocios asociados con ellos arrasan selvas húmedas, llevan a cabo matanzas de elefantes, gorilas y okapis, y exportan minerales en forma ilegal desde RDC con ritmo acelerado.
«Nos sorprendimos al comprender la escala del saqueo y la velocidad con que se perpetra», comentó Ba-N'Daw.
El grupo no comprobó que Kagame y Museveni «estuvieran vinculados en forma directa (con actos ilegales). Señalamos su responsabilidad política», explicó.
Kagame «aprobó en forma implícita que la explotación ilegal continuara», y eso lo hace responsable «político y moral», afirmaron los autores del informe.
Las críticas de los expertos a Museveni fueron aun más duras.
El presidente de Uganda fue informado acerca del saqueo en RDC, quien «decidió no actuar para evitarlo y asignó cargos importantes a personas que llevaban a cabo actividades criminales», en las cuales estaban involucrados «integrantes de su familia», apuntaron.
Todo eso aporta evidencia «abrumadora» de que Museveni «se ubicó en la posición de un cómplice», aseveraron.
El hermano de Museveni está «en el centro» del saqueo de áreas de RDC controladas por tropas de Uganda, indicaron.
Los representantes de Ruanda y Uganda ante la Organización de las Naciones Unidas dijeron que aún no estaban en condiciones de realizar comentarios acerca del informe.
Los gobiernos de Angola, Namibia y Zimbabwe, los cuales apoyan al gobierno de RDC en la guerra civil, también financian su actividad militar en ese país mediante la explotación de recursos naturales en áreas controladas por sus tropas, según el informe.
Ba-N'Daw explicó que el grupo de expertos había investigado las actividades en RDC de esos tres países porque su mandato abarcó en general «la explotación de recursos naturales que permite continuar la guerra», y no sólo su explotación ilegal.
La presidenta del grupo dijo que no estaba en condiciones de cuantificar en dólares la magnitud del saqueo, porque «cualquier cifra podría implicar una subestimación».
Los expertos informaron que el saqueo de recursos naturales comenzó en 1996, cuando un ejército insurgente comandado por Laurent Kabila ingresó a la región oriental de RDC, que entonces se llamaba Zaire, con apoyo de los vecinos Burundi, Ruanda y Uganda.
Kabila permitió que sus aliados explotaran y exportaran recursos naturales de los territorios que controlaba, y esas prácticas continuaron, en asociación con empresas privadas e inversores, luego de que el movimiento insurgente tomó el poder y Kabila asumió la presidencia.
En 1998, Burundi, Ruanda y Uganda se volvieron contra Kabila, a quien acusaron de no adoptar medidas contra las actividades de insurgentes ruandeses en territorio de RDC.
Angola, Namibia y Zimbabwe enviaron tropas para apoyar a Kabila, y hay abundantes testimonios de que esos países también comenzaron a explotar recursos de las zonas de RDC en las cuales se desplegaron.
Kabila fue asesinado en enero de este año, y su hijo Joseph lo sucedió en el gobierno.
El grupo de expertos recomendó al Consejo de Seguridad que imponga un embargo temporal contra importaciones y exportaciones de madera, oro, diamantes, estaño y tantalita por parte de Burundi, Ruanda y Uganda, hasta que cese «el involucramiento de esos países» en la explotación de recursos de RDC.
También sugirió que se congelen los depósitos bancarios de firmas e individuos involucrados en el saqueo, y que la comunidad internacional suspenda su cooperación militar con gobiernos cuyos ejércitos violan la soberanía de RDC.
El Consejo tiene previsto discutir el informe y las recomendaciones de los expertos este viernes, en una sesión a puertas cerradas.
Mientras tanto, persisten las dificultades del foro mundial para desplegar una fuerza pacificadora de 5.500 integrantes en el vasto territorio de RDC.
Insurgentes aliados de Ruanda que controlan la estratégica ciudad central de Kisangani no permitieron que aterrizara alí un avión que transportaba a tropas marroquíes de la fuerza internacional de mantenimiento de la paz.
Los insurgentes afirmaron que el despliegue de esa fuerza en la región central, donde ya hay unos 1.000 soldados de las Naciones Unidas, equivale a «una declaración de guerra».
Sin embargo, aumenta el optimismo acerca del futuro de la misión de paz, ya que varios contingentes militares extranjeros ya abandonaron RDC o se retiraron de frentes de batalla, mientras aumenta el número de países que se han comprometido a aportar soldados a la fuerza pacificadora, la cual comenzó a recibir refuerzos el mes pasado. (FIN/IPS/tra-eng/jw/da/mp/ip if/01
