La investidura hoy de los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas de Perú debe ser el inicio de una reforma militar, según pretenden los candidatos presidenciales, pero algunos analistas creen que el gobierno provisorio no está en condiciones de acometer semejante tarea.
El presidente interino Valentín Paniagua cesó la noche del martes a los comandantes general Carlos Tafur, del ejército, vicealmirante Víctor Ramos, de la marina, y general Pablo Carbone, de la fuerza aérea, quienes habían puesto sus cargos a disposición del gobierno.
Los candidatos que dirimirán la Presidencia en la segunda vuelta electoral del 3 de junio, el economista Alejandro Toledo y el ex presidente Alan García, declararon su apoyo a la decisión de Paniagua y se manifestaron partidarios de que un proceso de reformas siga adelante.
«El próximo gobierno deberá continuar (…) una labor de mejoramiento de las relaciones jerárquicas y de construcción de los valores la interior de nuestras instituciones» militares, dijo García.
Pero el ex constituyente Carlos Tapia manifestó dudas de que Paniagua esté dispuesto a aprovechar «la oportunidad histórica» para iniciar una reforma a fondo de las Fuerzas Armadas. Mientras, el ministro de Defensa, Walter Robles, insistió en la necesidad de prudencia.
Los tres jefes ahora relevados firmaron en 1999 un documento reservado de reivindicación del golpe de Estado del 5 de abril de 1992 con que el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso legislativo y comenzó a gobernar con respaldo militar.
La adhesión a ese documento fue difundida en el Congreso dos semanas atrás, al divulgarse allí un vídeo registrado en un acto reservado presidido por el jefe del servicio de inteligencia de Fujimori, el hoy prófugo Vladimiro Montesinos.
El martes, en un discurso televisivo, Paniagua elogió a Tafur, Ramos y Carbone por su «rectificación histórica al condenar ahora el autogolpe» de 1992, y calificó la puesta a disposición de sus cargos de «gesto cívico de desprendimiento personal».
El tono del discurso presidencial devolvió la calma a los cuarteles, donde unos 1.500 altos oficiales que también habían firmado el documento de 1999 aguardaban tensos el desenlace de la crisis. Esos mismos oficiales participaron este miércoles en la ceremonia de investidura de los nuevos comandantes.
Muchos observadores consideran que Paniagua o su sucesor, sea Toledo o García, deben esgrimir el pacto con Montesinos para reformar las Fuerzas Armadas tras nueve años de régimen fujimorista.
Los comandantes generales pusieron sus cargos a disposición del presidente el martes, sin renunciar expresamente, en un extenso documento en que expresan arrepentimiento y piden disculpas al país por haber firmado el respaldo al golpe de 1992.
Paniagua parece carecer de posibilidades de cesar a todos los oficiales que en 1999 firmaron el documento con que Montesinos pretendió sujetarlos políticamente, y que tal vez podría ser invocado en el futuro para arrastrarlos a un golpe de Estado similar al de Fujimotra aventura semejante.
Eso obligaba al gobierno a sancionar a los comandantes, que no pueden excusarse en la obediencia debida a los superiores.
El sucesor de Tafur, general José Cacho Vargas, también firmó el documento presentado por Montesinos, pero entonces era general de Brigada, y, según Paniagua, habría actuado obedeciendo a su comandante, lo cual lo exime de responsabilidad.
El nuevo comandante de la fuerza aérea es el general Miguel Medina, cesado en diciembre de 1999 y reincorporado por el gobierno de Paniagua, quien asumió la Presidencia luego de la destitución de Fujimori en noviembre a manos del Congreso en medio de escándalos de corrupción.
El vídeo comprometió aun más la imagen de los militares, ya duramente golpeada por el descubrimiento en los últimos meses de una red de corrupción creada por Montesinos y que involucraba a la cúpula del ejército y parte de la fuerza aérea y la marina.
Esta filmación es una de las más de 1.000 encontrados en el domicilio y las oficinas de Montesinos y que registran escenas de corrupción, pago de comisiones ilegales y sobornos, conspiraciones e intrigas de políticos, funcionarios y militares, grabadas con el propósito de presionarlos.
«Gracias a la documentación fílmica que hizo Montesinos de la putrefacción política que él mismo promovió, tenemos por primera vez en la historia del país la oportunidad de corregir a la fuerza armada», expresó el fin de semana el escritor y ex candidato presidencial Mario Vargas Llosa.
«Acabamos de recuperar la democracia y de derrocar a una dictadura apoyada por la cúpula militar. Antes, el retorno a la democracia se hacía en las condiciones que imponían los jefes militares, que reclamaban impunidad absoluta, (y) no se les podía tocar porque sacaban los tanques a la calle», expresó Vargas Llosa.
«Si el presidente Paniagua no aprovecha la oportunidad para hacer la reforma de la fuerza armada, no lo podrá hacer el próximo gobierno», opinó, por su parte, el comentarista Santiago Pedraglio.
Los sociólogos Carlos Tapia y Alberto Panessi y el ex parlamentario Manuel Benza coinciden en que la dimisión de los comandantes debe abrir un proceso de recomposición de las Fuerzas Armadas, pero no están seguro de que Paniagua quiera enfrentar los riesgo de la tarea.
«El Poder Judicial se está encargando de investigar y sancionar a los jefes militares que participaron en delitos de corrupción y ya hay varios presos o fugitivos. También investigarán los delitos contra los derechos humanos», expresó Panessi.
«Pero eso no puede ser todo. Hay que avanzar hacia la redefinición de las relaciones entre civiles e institutos militares para poner fin a su proclividad a capturar el poder en nombre de situaciones de emergencia reales o inciertas», añadió.
Por su parte, Tapia propuso que los partidos incluyan la reforma militar en una mesa de diálogo.
«No basta decir gaseosamente 'hay que modernizar a la fuerza armada', ni tampoco limitarse a reducir su número de efectivos y oficiales, sino también determinar qué tipo de fuerza armada queremos que exista», expresó.
Benza manifestó preocupación por la obediencia debida, concepto que ha servido en América Latina para obligar a los oficiales a secundar a sus jefes en sus aventuras políticas y en delitos contra los derechos humanos y civiles.
«La Constitución expresa que los militares no están obligados a acatar órdenes contrarias a ella. Esa norma parece, a la luz de la experiencia, muy imprecisa. Hay que señalar que ningún militar debe obedecer una orden que le exija cometer» un delito, dijo Benza.
El general retirado Rodolfo Robles propuso la creación de un «ombudsman militar», similar al Defensor del Pueblo, para que defienda a oficiales que se nieguen a cumplir órdenes ilegales o inconstitucionales.
«Para precisar el concepto de la obediencia debida es necesario reconsiderar la conocida frase militar con la que se forma a oficiales y a reclutas: las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones», concluyó Robles. (FIN/IPS/al/mj/ip/01
