El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ordenó investigaciones en sus oficinas de todo el mundo en busca de posibles fraudes, a partir de un proceso iniciado en Kenia cuyos resultados se conocerán en dos semanas.
Tras reunirse esta semana en Nairobi con el secretario general de la ONU, Kofi Annan, el titular de ACNUR, Ruud Lubbers, dijo que había ordenado las investigaciones por entender que la situación del organismo es «vulnerable».
Por otra parte, Lubbers informó a la prensa que en un máximo de dos semanas concluirá la investigación de un supuesto fraude en la sede de la institución en Kenia.
«Nuestros representantes locales reunieron pruebas suficientes sobre la cuestión y adoptarán resolución en una o dos semanas», dijo Lubbers.
Cuatro funcionarios de ACNUR, tres keniatas y un italiano, fueron acusados de pedir sobornos a los refugiados a cambio de conseguirles una reubicación en países de Europa o Estados Unidos. A raíz de las denuncias, el organismo no renovó el contrato del funcionario italiano.
Varios refugiados aseguraron a los investigadores que fueron contactados por intermediarios que les ofrecían reubicarlos en países occidentales a cambio del pago de sumas oscilantes entre 3.400 y 5.000 dólares.
Lubbers, ex primer ministro holandés, asumió el cargo en diciembre luego del retiro de Sadako Ogata. Las investigaciones por fraude se habían iniciado en 1999, pero no fueron concluyentes por lo que en julio ACNUR delegó el asunto a un organismo auditor especial, la Oficina de Revisión Interna.
Además, ACNUR evacuó de Kenia a varios integrantes de su equipo internacional que recibieron amenazas de muerte por colaborar en las investigaciones.
«Esta institución ya ha perdido a muchos de sus integrantes, por eso tomamos todas las precauciones necesarias para su seguridad», declaró Lubbers.
En Kenia ACNUR mantiene los campamentos de refugiados de Dadaab y Kakuma, determina el estado de los refugiados a su cargo y los ubica luego en lugares seguros, normalmente terceros países, en especial cuando las personas corren riesgo o cuando existen otras razones para que abandonen la región.
A través de la reubicación, los refugiados obtienen protección legal de los gobiernos que los aceptan, e incluso ciudadanía.
La institución trabaja en estrecho contacto con las autoridades centrales y locales, las organizaciones no gubernamentales y los grupos sociales y religiosos de asistencia.
Los refugiados estudiantes que desean continuar estudios terciarios también reciben apoyo a través de programas educativos en Canadá y Estados Unidos, adonde son enviados como inmigrantes.
Entre 1999 y 2000, ACNUR reubicó a 29.383 refugiados de Kenia. La población refugiada en ese país incluye a somalíes, sudaneses, etíopes, ugandeses y un número reducido de otras nacionalidades.
El total de refugiados en Kenia se redujo de 420.000 en 1992 a 187.000 en junio de 1998, a raíz de la repatriación de 155.000 somalíes y más de 70.000 etíopes.
También fueron repatriados 1.500 refugiados de varias nacionalidades, mientras 4.500 obtuvieron el beneficio de la reubicación en un país neutral.
Una de las metas de Lubbers es persuadir a los países europeos de que flexibilicen sus rígidas leyes de asilo que, según el funcionario, cierran las puertas a muchos refugiados auténticos.
«Nos acusan de proteger a cada individuo como posible refugiado. Y es así. Si la legislación está concebida para reducir el número de personas que piden asilo entonces estoy en contra de ella. Las leyes deberían ser tan humanas como sea posible», sostuvo Lubbers.
Los países europeos invierten grandes cantidades de dinero para mantener a miles de personas que piden ser asiladas.
ACNUR considera que si esa suma fuera canalizada al organismo permitiría administrar mucho mejor el problema y reducir en gran medida el trabajo de los gobiernos europeos.
«Esos pequeños porcentajes de los presupuestos nacionales en ACNUR resolverían el problema de los refugiados antes que estos lleguen a Europa», señaló Lubbers. Pero las acusaciones de corrupción no favorecen este planteo.
El nuevo director de ACNUR enfrenta también el desafío de la seguridad en los campamentos, en especial en Africa, donde grupos armados los utilizan para camuflar sus actividades.
En Kenia, por ejemplo, son frecuentes los informes de asesinatos, violaciones, robos, torturas, detenciones arbitrarias, extorsiones y deportaciones contra refugiados somalíes a manos de delincuentes o de integrantes de las fuerzas de seguridad keniatas.
Tanto el gobierno de Kenia como ACNUR fueron acusados en el pasado de no proteger debidamente los campamentos de refugiados en el norte del país. El organismo de la ONU, no obstante, asegura que ha mejorado la seguridad en torno a los campamentos.
La presencia policial en el campamento de Dadaab, por ejemplo, redujo los ataques contra las refugiadas. En 1999 un informe de ACNUR documentó 26 casos de ataques sexuales comparados con 72 casos denunciados durante 1998. (FIN/IPS/tra-en/ja/mn/dc/aq/pr/01
