La tercera y última reunión preparatoria de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre armas livianas que se realizará en julio concluyó el fin de semana con acuerdos que no abarcaron cuestiones clave.
La reunión duró dos semanas, y su agenda estuvo dominada por negociaciones acerca de formas de afrontar la amenaza creada por las transacciones internacionales sin control de esas armas, que causan la muerte de entre 300.000 y 500.000 personas cada año.
Los representantes de gobiernos participantes se congratularon por los acuerdos alcanzados sobre diversas cuestiones, pero admitieron que no se superaron discrepancias en asuntos fundamentales, y activistas por el control de armamentos aseguraron que no se ha hecho lo necesario para salvar vidas.
Las armas livianas son las que puede ser transportadas y empleadas por una sola persona, por ejemplo rifles de asalto y lanzadores portables de granadas o misiles.
Las discusiones de la reunión preparatoria giraron en torno a un borrador de programa de acción propuesto por el embajador mozambiqueño Carlos dos Santos, presidente del encuentro.
Dos Santos propuso medidas nacionales e internacionales contra el comercio legal e ilegal de armas livianas, entre ellas marcarlas para facilitar su rastreo, fortalecer embargos contra su comercialización, leyes más severas de control de intermediarios y limitaciones a la propiedad individual de armas.
Los participantes dedicaron la mayor parte de las dos semanas que duró el encuentro a presentar mociones contradictorias entre sí para modificar la redacción del borrador, sin discutir las diferencias de fondo acerca de su contenido.
Sin embargo, Dos Santos afirmó que el encuentro fue importante por sus repercusiones, ya que «ayudó a crear la noción de que podemos lograr algo sin comprometernos demasiado».
Cuando comenzó la presentación de propuestas de redacción alternativas, los participantes «se dieron cuenta de que hay consensos en la materia», y «se creó un impulso» que puede conducir al éxito en julio, sostuvo.
Otros participantes en el encuentro compartieron esa opinión, y expresaron su convicción de que existe una amplia base de consenso, pero admitieron que esa base no incluye algunos asuntos clave, entre ellos la restricción de la propiedad de armas por parte de civiles.
La principal controversia enfrenta a las naciones que quieren limitar la conferencia a la cuestión del comercio ilegal de armas livianas con las que insisten en regular también la actividad legal de producción y venta nacional o internacional, con el argumento de que allí está el origen del comercio ilegal.
Brasil, Canadá, México, la Unión Europea (UE) y muchos países en desarrollo devastados por guerras presionan para que se discuta el modo en que el mercado legal de armas abastece al ilegal, y la relación del tráfico con la pobreza y con las violaciones de los derechos humanos.
Según expertos, bastan tres días para que un arma comprada en forma legal en un país llegue a una zona de guerra de otro continente.
Las naciones que desean limitar la conferencia al problema del comercio y el uso ilegales son menos pero muy poderosas, e incluyen a China, Rusia y algunos países árabes. Estados Unidos se sumó a ese grupo durante el primer encuentro sobre control de armas durante el nuevo gobierno del presidente George W. Bush.
Tras los primeros días del encuentro preparatorio, la delegación estadounidense propuso eliminar del borrador de Dos Santos todas las referencias al comercio legal de armas y todas las propuestas de control de armas de uso militar por parte de civiles.
Michael Beard, presidente de la organización no gubernamental (ONG) estadounidense Coalición para Detener la Violencia Armada, lamentó que Washington haya desempeñado un «papel destructivo en las negociaciones».
«El gobierno de Estados Unidos se niega a reconocer que la producción y el comercio de armas livianas en forma legal alimentan la violencia en todo el mundo, y que debe hacerse responsable del problema, al igual que todos los países que son grandes productores de armamentos», señaló.
La Red Internacional de Acción sobre Armas Livianas (IANSA, por su sigla en inglés), una coalición de ONG que realizó un seguimiento del encuentro preparatorio, expresó que los gobiernos no afrontan la cuestión con la urgencia necesaria.
«Existe un riesgo real de que la conferencia de julio no adopte medidas adecuadas contra el comercio ilegal de armas, y es vital que los gobiernos implementen acuerdos eficaces para aumentar la seguridad de nuestras comunidades», comentó la coordinadora de la IANSA, Sally Joss.
Las seis demandas básicas de la IANSA son convenciones sobre el tráfico de armas y su marcado, homogenización de criterios internacionales para regular la exportación de armamentos, destrucción de excedentes de armas, control de la posesión de armas por parte de civiles, y más fondos para que los gobiernos implementen controles.
«No hemos perdido por completo la esperanza de lograr avances hacia algunos de esos objetivos», dijo Sarah Meek, de la ONG Alerta Internacional.
Meek destacó la respuesta «positiva» de varios países a la decisión de la UE de tomar en cuenta antecedentes nacionales en materia de respeto por los derechos humanos al decidir exportaciones de armas.
«Es necesario intervenir en la etapa del proceso en la cual las armas aún son 'neutrales'», dijo Ana Maria Sampaio Fernandes, integrante de la delegación de Brasil al encuentro preparatorio.
«Si no se realiza el marcado, se mantendrán las actuales facilidades para que esas armas pasen a mercados ilegales sin que sea posible saber de dónde provienen. Las medidas en relación con la producción y comercio legales son necesarias para combatir el comercio ilegal», agregó. (FIN/IPS/tra-eng/jw/da/mp/ip if/01)
