La comunidad cultural de México se alzó contra una propuesta legislativa de gravar la venta de libros, en un país donde se consume un promedio anual de 1,3 obras por habitante.
La iniciativa de aplicar 15 por ciento de impuesto al valor agregado (IVA) al comercio de libros está contemplada en el proyecto de reforma fiscal enviado al Congreso por el presidente Vicente Fox.
Escritores y empresarios de la industria editorial protestan contra la decisión por entender que, en caso de ser aprobada, provocará una caída cercana a 20 por ciento en las ventas, además de atentar contra la ley de Fomento a la Lectura.
Las manifestaciones de protestas, encabezadas por el escritor Carlos Fuentes, pretenden calar en la conciencia de los legisladores, quienes tienen en sus manos el futuro de una industria que afronta una severa crisis desde los años 90.
Fuentes, quien presentó esta semana en la capital de México su última novela titulada «El instinto de Inez», admitió que el país necesita aumentar la recaudación fiscal para financiar programas sociales, pero llamó a «oponerse tajantemente» a gravar los libros.
«Es impopular gravar con IVA los libros» en un país con la mitad de su población formada por jóvenes, que demandan «todas las facilidades para que se acerquen a la lectura», afirmó,
Editores y otros representantes de la cultura mexicana advirtieron que la propuesta del gobierno para simplificar el actual complejo régimen fiscal y elevar sus ingresos representa una amenaza para las 237 empresas editoriales que aún subsisten en el país, frente a las 420 que existían en 1991.
Estudios privados indican que la aplicación del impuesto de 15 por ciento a la venta de libros afectará severamente a un sector que ha visto disminuir su producción en 7,2 por ciento desde 1994.
La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Canaiem) señaló que en 1999 se editaron unos 115 millones de ejemplares.
El periodista y escritor Carlos Monsiváis señaló que «un gobierno que boicotea la lectura disminuye en su rango de acción los poderes culturales de los gobernados».
Por su parte, el dramaturgo Víctor Hugo Rascón calificó de «aberración» a este proyecto, que «sólo aplaudirán los banqueros».
El ensayista y narrador Alberto Ruy Sánchez se sumó a las críticas, al destacar que «el problema grave es que ni el secretario (ministro) de Hacienda (Francisco Gil) ni el presidente Fox han sido hombres de libros».
«Si fueran hombres de libros estaríamos trabajando en hacer crecer la industria y el público lector, en vez de discutir el mayor ataque a la cultura que se ha intentado hacer en México» desde hace 30 años, afirmó Ruy Sánchez.
La iniciativa, que incluye también eliminar las deducciones de 50 por ciento del Impuesto Sobre la Renta a que tienen derecho las editoriales, fue presentada 10 meses después de que el Congreso aprobara la ley de Fomento a la Lectura.
Esa norma fue producto de una década de trabajo en busca de impulsar al sector e intenta enseñar a leer a una sociedad multicultural, en la que conviven cerca de 60 grupos étnicos que utilizan igual número de lenguas.
La aplicación del IVA en el comercio de libros contradice la legislación de fomento sancionada el año pasado desde su propio objetivo, que es promover, producir, distribuir y difundir los libros mexicanos, señalaron varios editores.
Empresarios del ramo puntualizaron que la propia ley de Fomento a la Lectura sufrió grandes cambios respecto de su proyecto original y fue aprobada tras eliminarse artículos que establecían apoyos e incentivos fiscales.
Los editores piden que las autoridades mexicanas tomen como referencia lo que sucede en otros países, como el caso de Venezuela, que hace tres años eximió a las empresas del pago del impuesto a la renta, y el de Colombia, donde los libros no pagan impuestos.
En México se recomienda a los editores desarrollar la traducción y publicación de textos impresos en idiomas extranjeros que contribuyan al conocimiento de la cultura universal.
Pero esa meta es difícil de lograr con erogaciones superiores a 15 millones de dólares por concepto de traducción y pagos de derechos de autor, según datos de la Canaiem.
El analista Adolfo Sánchez Rebolledo llamó la atención sobre que el libro, aunque es una mercancía «que se vende y se compra igual que las cebollas (…), su trascendencia no se mide sólo por sus éxitos de mercado».
En este clima, empresarios y representantes de la cultura emprendieron una campaña entre los legisladores a fin de convencerlos de que rechacen la reforma fiscal de Fox, a quien el caricaturista Eduardo del Río, conocido como Rius, acusó de contrariar sus promesas de apoyar la cultura.
«Aplicar el IVA a los libros es una política 'centavera' y absurda», señaló, a su vez, el escritor Paco Ignacio Taibo II, quien llamó a «moverse y salir a la calle para defender el precario derecho» de los mexicanos a seguir leyendo.
Los diputados del centroizquirdista Partido de la Revolución Democrática anticiparon su negativa a aprobar la reforma fiscal en este capítulo.
En tanto, el conservador Partido Acción Nacional, al que pertenece Fox, tomará una posición sobre el asunto la próxima semana, informó a IPS una portavoz del grupo. (FIN/IPS/pf/dm/cr ip/01
