Grupos de la sociedad civil presionan al Banco Mundial y al FMI en esta capital mediante protestas callejeras y campañas de educación pública, en el marco de las reuniones anuales de la primavera boreal de ambas instituciones.
«Seremos militantes, claros y directos», pero «no violentos» al plantear nuestras preocupaciones al Banco y al FMI (Fondo Monetario Internacional), declaró Njoki Njoroge Njehu, directora de 50 Años es Suficiente, una red de más de 200 grupos estadounidenses que promueven un cambio en los dos organismos.
Apenas una semana después de que unas 30.000 personas protestaran contra el plan de creación del Area de Libre Comercio de las Américas, en la cumbre de Québec, Canadá, la atención se centra en las decisiones de las instituciones de Bretton Woods que afectan a miles de millones de pobres de todo el mundo.
Las reuniones de primavera, que comenzaron el jueves y terminarán este lunes, están centradas en la Comisión de Desarrollo -asesora de las juntas del Banco y el Fondo sobre asuntos de desarrollo- y la Comisión Monetaria y Financiera Internacional, el órgano ejecutivo del FMI.
Numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el mundo destacan el fracaso de los programas de ajuste estructural promovidos por ambas instituciones en cuanto a la reducción de la pobreza, y exigen más transparencia en su funcionamiento y la condonación de la deuda externa de los países más pobres.
Las ONG sostienen que hay poco para celebrar, aunque las juntas directivas de las dos instituciones financieras festejan la superación de su propia meta de hacer que al menos 20 naciones calificaran para la iniciativa para Países Pobres Fuertemente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).
«Medidas como el alivio de la deuda de Tanzania de 5.700 a 1.800 millones de dólares son bienvenidas, pero a menos que la situación de ese país cambie, probablemente para 2018 tendrá nuevamente una deuda de 6.000 millones», dijo David Roodman, autor de un informe del WorldWatch Institute sobre el plan HIPC.
El informe, titulado «A la espera del jubileo», advierte que el problema de la deuda está lejos de resolverse y exhorta a las agencias de desarrollo a dejar de otorgar créditos y en cambio realizar donaciones a los países más pobres.
Así mismo, sostiene que las actividades de las agencias de créditos para exportación deben limitarse para poder manejar la deuda internacional.
Muchas de esas agencias prestan dinero a naciones pobres para que compren bienes y servicios a países ricos, subsidiando así a los exportadores de sus propios países. Además, las naciones en desarrollo con frecuencia son incapaces de reembolsar los préstamos.
Los 47 países más endeudados del mundo deben en conjunto 420.000 millones de dólares, pero sólo pueden reembolsar 130.000 millones, según el estudio de WorldWatch.
El Banco y el FMI anunciaron el año pasado un programa que recortaría 20.000 millones de dólares de la deuda de 22 de esos países.
Mientras, un pequeño movimiento conocido como Boicot a los Bonos del Banco Mundial cumplió esta semana su primer aniversario con el anuncio de que 25 sindicatos, firmas de inversión y grupos religiosos de Estados Unidos decidieron no comprar los bonos del Banco.
La municipalidad de San Francisco y el sindicato de los Trabajadores de la Comunicación, de 740.000 miembros, se unieron a la campaña.
La medida puede bloquear parte de los fondos de la institución, que recauda unos 20.000 millones de dólares al año a partir de bonos.
«El Banco Mundial intenta mostrarse como una institución que promueve el bienestar social, pero en realidad continúa impulsando políticas como los honorarios sobre servicios de atención de la salud y la privatización de servicios esenciales», observó Neil Watkins, coordinador de la campaña.
Los honorarios por servicios médicos impuestos en India por recomendación del FMI y el Banco Mundial son el motivo de la presencia en Washington esta semana de Vineeta Gupta, de la ONG india Justicia Internacional, aunque sólo pueda gritarle a la distancia a los ministros de Finanzas cuando entran al sitio de las reuniones.
«Obligan a los pobres a recurrir a peligrosas formas alternativas de tratamiento médico o al autotratamiento, porque no pueden pagar los honorarios de los hospitales», lamentó Gupta.
Un contingente de 1.500 a 3.000 policías se encarga de separar a los manifestantes de los funcionarios participantes de las reuniones, aunque los activistas no han planeado protestas masivas.
«No nos proponemos tener problemas con la policía ni realizar ningún acto de desobediencia civil», afirmó Njehu, pero anunció manifestaciones masivas en septiembre, para la reunión anual de las juntas del Banco y el FMI. (FIN/IPS/tra-en/gm/da/mlm/dv/01
