Setenta y dos niños y jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente en Honduras en el primer trimestre del año y la cantidad de víctimas crece en forma acelerada desde 1998, como un efecto secundario del huracán Mitch, advirtió el grupo humanitario Casa Alianza.
Un estudio de esa organización internacional señala que la situación social agravada por el huracán, que dejó entre octubre y noviembre de 1998 un saldo de 10.000 muertos y 5.000 millones de dólares en pérdidas en América Central, causa estragos entre la niñez y la juventud hondureña.
Los expertos comprobaron que entre 1998 y marzo de este año en Honduras fueron asesinados 673 niños y jóvenes menores de 23 años. En la mayoría de los casos no se investiga y muchos son atribuidos a fuerzas de seguridad.
«Después del Mitch hay más jóvenes que deben robar para poder comer y eso implica que estén más expuestos a que los maten», explicó a IPS Bruce Harris, director de Casa Alianza Internacional.
Esta organización no gubernamental, que trabaja en América Central y en México con niños, niñas y adolescentes en situación de calle, ganó en 2000 el premio Conrad N. Hilton, dotado de un millón de dólares y considerado el Nobel de los derechos humanos.
Los datos recogidos por Casa Alianza indican que en 1998 fueron ejecutados 94 niños y jóvenes pobres, en 1999 se registraron 286 y el año pasado 221.
El fenómeno se acrecienta al punto que en los tres primeros meses de este año ya han sido asesinados 72 niños y jóvenes hondureños.
Después del huracán Mitch las autoridades dijeron que se iba a construir una nueva Honduras, «pero ¿éste es el nuevo país que se quiere?», ironizó Harris.
El Informe sobre Desarrollo Humano 2000, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicó a Honduras entre los países más pobres de América Latina y el Caribe.
La lista del PNUD le otorgó el lugar 28 en la región y el puesto 113 entre las 174 naciones del mundo analizadas, tras comprobar que 50,3 por ciento de los 5,5 millones de hondureños viven por debajo de la línea de pobreza.
El estudio de Casa Alianza Internacional detalla que 90 por ciento de los 673 niños y jóvenes ejecutados extrajudicialmente no estaban estudiando al momento de su muerte, lo cual hace suponer que procedían de familias de escasos recursos.
Las zonas con más casos son los departamentos de Francisco Morazán, donde está ubicada Tegucigalpa, y de Cortés, donde se encuentra San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país.
La investigación también señala que 615 del total de víctimas eran varones y que 44 por ciento tenían entre 16 y 18 años.
Los menores de 18 años constituyen 51 por ciento de la población de Honduras.
Expertos hondureños afirman que antes del huracán Mitch las ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes eran muy escasas, aunque aclaran que prácticamente no se realizaban estadísticas al respecto.
«Los niños y jóvenes caen asesinados como moscas todos los días y ya no sabemos qué hacer», explicó a IPS Leticia Herrera, directora de Casa Alianza en Honduras.
Herrera, doctora en medicina de 45 años, comentó a IPS que el aumento constante de estas muertes violentas tiene «angustiados y frustrados» a los activistas de derechos humanos.
Los resultados de esta investigación demuestran que en Honduras «la vida de un niño y un joven no tienen valor», puntualizó.
La situación ha adquirido tal magnitud, que las muertes de niños y jóvenes de la calle son algo tan común y hay días en que se reportan hasta dos ejecuciones.
Ese promedio supera ampliamente lo establecido por la Organización Mundial de la Salud para considerar una zona en «situación de riesgo».
El estudio explica que en 61 por ciento de los casos se desconoce el o los autores, en 17 por ciento se sabe que fueron pandilleros y siete por ciento es atribuido a fuerzas de seguridad estatales y privadas.
Según Casa Alianza, la gran mayoría de los casos de asesinatos extrajudiciales contra niños y jóvenes en Honduras no han sido suficientemente investigados para determinar la identidad de los asesinos.
Harris y Herrera hicieron un llamado a las autoridades, a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales para unir esfuerzos en la lucha contra este fenómeno.
También señalaron que es de suma importancia invertir recursos económicos para ayudar a la justicia a investigar este tipo de asesinatos, que hasta ahora por lo general quedan impunes. (FIN/IPS/nms/dm/hd/01
