Nuevas restricciones del gobierno de India a la presencia de delegados de algunos estados extranjeros en conferencias internacionales celebradas en este país causaron fuertes protestas de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Los organizadores de esos encuentros deberán obtener la aprobación previa del Ministerio del Interior si entre los participantes figuran ciudadanos de Afganistán, Bangladesh, Pakistán o Sri Lanka.
También deberán solicitar permiso al Ministerio en caso de que la conferencia «tenga alguna vinculación con las relaciones exteriores», dice el decreto.
Así mismo, el Ministerio desaconsejó la invitación de delegados extranjeros en caso de que la conferencia sea «de naturaleza política, semipolítica, comunitaria o religiosa, o relacionada con los derechos humanos… ya que podría usarse como plataforma para cualquier línea de propaganda».
Aunque el decreto fue emitido el año pasado y debía haberse publicado de inmediato, sólo se dio a conocer este mes.
Las ONG e individuos que intentan promover el contacto entre los pueblos consideraron la medida ministerial como un golpe a los esfuerzos para reducir la tensión política en Asia meridional.
«Este es un golpe a los intentos por promover los contactos de pueblo a pueblo con los países vecinos», lamentó Mohini Giri, activista por la paz y líder feminista.
Giri consideró excesivo el decreto, porque cumple la misma función que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando decide si otorga visas a los delegados.
«Estamos tristes porque afectará los planes de una conferencia sobre la paz en noviembre, llamada Asiáticos del Sur por los Derechos Humanos», expresó.
Además, la medida es contraria al objetivo declarado del gobierno de promover la paz con su rival Pakistán estimulando los contactos de pueblo a pueblo.
La llamada diplomacia de doble vía adquirió especial importancia luego de que ambos países realizaran pruebas nucleares en mayo de 1998.
Kuldip Nayar, miembro de la cámara alta del parlamento y ex enviado de India a Gran Bretaña, acusó al gobierno de «intentar obstaculizar los contactos entre los pueblos de India y Pakistán».
Nayar, uno de los principales organizadores de la conferencia de noviembre, lamentó que el decreto haya sido emitido en momentos en que las esperanzas de paz aumentaban gracias a contactos limitados entre juristas, abogados, periodistas, estudiantes y otros grupos de la región.
«Indios, paquistaníes, bengalíes, nepaleses y srilankeses están aunando sus ideas para contrarrestar el atraso y erradicar las semillas de odio que sus gobernantes han sembrado», dijo.
Nayar teme que las restricciones impidan movilizar apoyo internacional para la protección de los derechos humanos en India.
«Supongamos que algunos grupos indios intenten movilizar apoyo regional contra la tortura policial. Los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores podrían negar el permiso para tal encuentro», advirtió.
Nayar cree probable que «se siga adelante con las conferencias y talleres sin permiso del gobierno, en desafío a un decreto que atenta contra el carácter nacional».
Anil Singh, director de la Red de Acción Voluntaria de India (una federación de ONG), advirtió que las nuevas restricciones harán más difícil el trabajo de la sociedad civil.
Las ONG son constantemente vigiladas por el Ministerio del Interior, que estudia meticulosamente los fondos recibidos del extranjero por esos grupos, afirmó Singh.
La única excepción se produjo en el caso de la ayuda extranjera a las ONG que trabajaban en las áreas devastadas por el terremoto del 26 de enero en el estado de Gujarat, que dejó al menos 25.000 víctimas fatales, pero ese relajamiento de las normas llegó a su fin el 31 de marzo.
Las nuevas normas restringirán el trabajo de las ONG, previno Ravi Nair, del Centro de Documentación de Asia Meridional para los Derechos Humanos, con sede en Nueva Delhi, que tiene un estatuto consultivo especial dentro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
La exigencia de permiso ministerial limita la libertad de reunión garantizada por la Constitución india y «constituye una nueva reducción del espacio político para las ONG en este país», dijo.
«Organizaciones que ya trabajan en condiciones difíciles deben ahora cumplir con una norma que aumenta el control político sobre su tarea», lamentó Nair, y agregó que las restricciones violan los compromisos internacionales de India.
Además, la industria turística será perjudicada.
«Los organizadores de conferencias y seminarios preferirán ahora celebrarlos en Dacca o Katmandú, donde hay menos trabas», lamentó un agente de turismo especializado en conferencias. (FIN/IPS/tra-en/rdr/mu/mlm/ip-hd/01
