La llegada hoy a Brasilia del narcotraficante brasileño Fernando Beira-Mar, deportado por Colombia, inaugura una nueva etapa en la cooperación bilateral y abre paso a revelaciones sobre las conexiones en el mundo de las drogas.
El secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, Josías Quintal, aseguró haber obtenido de Beira-Mar, en Bogotá, una lista de políticos, empresarios y policías brasileños involucrados con el narcotráfico.
El hecho de ser un «archivo vivo» hizo del traficante un motivo de disputas entre varios países y policías. Estados Unidos pidió su extradición a Colombia, cuyo gobierno prefirió entregarlo a Brasil, donde ya había sido condenado a decenas de años de prisión, incluso por asesinatos.
El narcotraficante quedó en manos de la Policía Federal brasileña, de jurisdicción nacional y subordinado al Ministerio de Justicia. Pero las autoridades de Río de Janeiro reclaman el derecho de tenerlo, pues contribuyeron a su encarcelamiento y porque su condena se dictó en jurisdicción de ese estado.
Luiz Fernando Costa, nombre legal de Beira-Mar, se destacó como uno de los jefes del narcotráfico en los estados de Rio de Janeiro y Minas Gerais en los años 90. Entre sus crímenes figura la ejecución de un joven, que sufrió diversas amputaciones antes de morir.
Detenido en 1996, logró escapar de Brasil nueve meses después, para comenzar en Paraguay, según la policía de Río de Janeiro, su carrera delictiva internacional.
Los indicios sugieren su presencia en Colombia desde fines de 1999 o comienzos de 2000. Según la policía brasileña y colombiana, suministraba armas a la guerrilla a cambio de cocaína, enviada por su cartel a Brasil.
En sus primeras declaraciones a medios brasileños, luego de su detención en Colombia, Beira-Mar negó cualquier vínculo con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y aseguró que se limitaba a actuar «en áreas controladas por la guerrilla».
Pero el propio narcotraficante habría confesado a autoridades colombianas que pagaba 10 millones de dólares mensuales a las FARC, en concepto de «impuesto», según la Policía Federal brasileña.
Beira-Mar resultó herido en un combate con el ejército colombiano en el interior del país, hace dos meses. Una intensa persecución culminó con su detención el 21 de abril, tras un intento de fuga por avión.
El hecho mereció un inmediato contacto entre los presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, y Andrés Pastrana, de Colombia, en Quebec, Canadá, la semana pasada durante la Cumbre de las Américas.
El traficante llegó a Brasilia la mañana de este miércoles con el brazo derecho inmovilizado por una herida a bala en el hombro cuya cura posiblemente exigirá una cirugía.
La rapidez de la deportación responde al fuerte interés manifestado por las autoridades brasileñas, que el año pasado enviaron misiones a Bogotá para estimular y contribuir a la detención de Beira-Mar.
La Policía Federal estima, a partir de este caso, que jefes del tráfico en Brasil se están trasladando a Colombia y a otros países vecinos productores de cocaína, constituyendo nuevas organizaciones multinacionales. Beira-Mar ni siquiera sería el jefe máximo de un cartel.
Los problemas del país vecino se convirtieron en cuestión de seguridad nacional para Brasil, especialmente con la puesta en marcha este año del Plan Colombia, iniciativa de Pastrana para alentar la paz y el desarrollo con ayuda financiera y militar de Estados Unidos, que incluye el combate al narcotráfico.
El gobierno brasileño teme que la represión intensificada provoque el traslado de los carteles de la droga a Brasil y rechaza el uso de herbicidas contra las plantaciones de coca, porque podrían contaminar los ríos amazónicos compartidos por ambos países.
Además de la policía, diputados brasileños quieren interrogar al narcotraficante preso. Se trata de miembros de la comisión investigadora parlamentaria que apuntó más de 800 personas involucradas en el narcotráfico en todo Brasil, incluyendo algunos legisladores.
La CPI se exinguió al concluir sus trabajos el año pasado, pero los diputados defienden la constitución de una comisión permanente para tratar el narcotráfico y la seguridad pública, sobre la base del éxito de sus investigaciones.
Beira-Mar debería responder a esa nueva comisión, que heredaría un conjunto de informaciones que dibujan el mapa del negocio de las drogas ilícitas en el país, sostuvo el diputado socialista Wanderley Martins. (FIN/IPS/mo/mj/ip/01
