Una carta firmada por Rigoberta Menchú, Carlos Fuentes y Adolfo Pérez Esquivel, entre más de 100 personalidades de América Latina, pide al presidente de Estados Unidos que cese la guerra contra las drogas en Colombia y busque «propuestas realistas» al problema del narcotráfico.
«En lugar de fomentar políticas erróneas, ineficaces y dañinas, la comunidad internacional debería ofrecer sus recursos a la salud, la educación y el desarrollo económico, y para apoyar gestiones que negocien una salida pacífica al conflicto más prolongado del hemisferio», exhorta la carta enviada este lunes.
También pide a Bush que se sume a la Unión Europea (UE) y desarrolle un programa mejor para resolver el problema de la producción de coca y amapolas en Colombia y el posterior tráfico de cocaína y opio a Estados Unidos.
Entre los signatarios hay dos gobernadores de provincias colombianas, la ex presidenta de Bolivia Lydia Gueiler, dirigentes de la Iglesia Católica en Brasil, Colombia y Ecuador, y defensores de los derechos humanos y legisladores de América Central y del Sur.
El Plan Colombia, un programa a dos años del gobierno de Andrés Pastrana al que Estados Unidos ya comprometió 1.300 millones de dólares, está orientado a recuperar el control del sur del país, en la frontera con Brasil, Ecuador y Perú, donde se hallan gran parte de los cultivos ilegales de coca y amapola.
La zona ha estado en control del mayor grupo guerrillero de izquierda del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque organizaciones paramilitares de derecha, con el apoyo parcial del ejército, también disputan la región.
La ayuda estadounidense consiste mayormente en equipos militares, como helicópteros de transporte, y en el entrenamiento de tres batallones en la lucha antinarcóticos.
Washington también proporciona apoyo y personal para la erradicación de los cultivos de coca y amapola, sobre todo mediante la fumigación aérea.
De los 1.300 millones de dólares, poco se ha destinado a la ayuda económica para las regiones afectadas. Estados Unidos pretendía que la UE y los organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial, aportaran cientos de millones de dólares en ese sentido.
El gobierno de Bush anunció la semana pasada que solicitará al Congreso 731 millones de dólares adicionales para continuar el Plan Colombia el año próximo y ampliar su alcance a países vecinos.
Del total, Colombia recibiría 399 millones de dólares, 252 millones en ayuda militar y 147 millones destinados al desarrollo y la ayuda económica.
Perú obtendría 156 millones de dólares en ayuda, Bolivia 101 millones y Ecuador 39 millones de dólares, todos ellos divididos en partes iguales entre la ayuda militar y la económica.
Brasil, Panamá y Venezuela recibirán 15 millones, 11 millones y 10 millones respectivamente en ayuda militar para contener las consecuencias de las campañas militares de erradicación en Colombia.
La guerra de Estados Unidos contra las drogas, que en los últimos 15 años tuvo gran impacto en sus relaciones con América Latina, es uno de los puntos a discutirse en la cumbre de las Américas, a celebrarse en la ciudad canadiense de Québec a partir de este viernes.
Desde que asumiera el gobierno en enero, Bush se reunió con tres presidentes latinoamericanos interesados en el Plan Colombia: el colombiano Pastrana, el mexicano Vicente Fox y el brasileño Fernando Henrique Cardoso.
Fox expresó ciertas críticas al plan y Cardoso señaló su inquietud de que el mismo provoque una intervención directa de Estados Unidos.
Los defensores de los derechos humanos piden en su carta a Bush que ponga «mayor énfasis en el apoyo al proceso de paz» entre el gobierno de Pastrana y las FARC y el también guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Nosotros, los latinoamericanos firmantes, sabemos que no existen respuestas fáciles o remedios rápidos al trágico dilema de hostilidades y violencia relacionada con las drogas en Colombia», y «creemos que Estados Unidos tiene un interés legítimo en reducir el daño que hace el uso ilegal de las drogas», señalaron.
«Pero nos preocupa gravemente que la política actual cause más daño que bien en Colombia y en la región en general, mientras tiene poco o ningún efecto en los problemas derivados de las drogas en los países consumidores», puntualizaron los firmantes.
El énfasis militar del Plan Colombia «intensificará el conflicto interno y debilitará el proceso de paz actual», causará daños ambientales a través de la fumigación de herbicidas y aumentará el desplazamiento forzoso de los granjeros cuyos cultivos sean destruidos».
«La historia muestra que la erradicación forzosa de cultivos en América Latina no ha podido detener el flujo de drogas hacia el norte», según la carta. A pesar de más de una década de gestiones en ese sentido, no se produjo un descenso sensible en la producción y el tráfico de narcóticos, agrega.
Entre los signatarios se cuentan también la ex ministra de Desarrollo Social argentina Graciela Fernández Meijide, los ex cancilleres bolivianos Antonio Araníbar y Edgar Camacho, el ex vicepresidente Julio Garret y el presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Diputados del mismo país, Carlos Quiroga.
Así mismo, el cardenal brasileño Evaristo Arns, y por Colombia, Armando Balbeuna, presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas, el ex ombudsman de derechos humanos José Fernando Castro, los gobernadores Parmenio Cuéllar, del departamento de Nariño, e Iván Guerrero, de Putumayo, y el ex asesor presidencial de Derechos Humanos Carlos Vicente de Roux.
Otros firmantes son el senador chileno Segio Bitar, el secretario general del Consejo Latinoamericano de Iglesias, Israel Batista, el escritor Carlos Fuentes y el ex obispo Samuel Ruiz, ambos mexicanos, y el ex canciller nicaragüense Miguel D'Escoto.
Entre los signatarios de Perú están Alberto Arciniegas, ex presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el presidente del Congreso Javier Diez Conseco, Sofía Macher, directora de la Comisión Nacional Coordinadora de Derechos Humanos, y Jorge Santistevan de Noriega, ex Defensor de Derechos Humanos.
De Venezuela aparecen el ex canciller Simón Alberto Consalvi, el ex presidente de la Comisión Interamerican de Derechos Humanos Carlos Ayala, y el ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pedro Nikken. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
