La «rebelión de las mochilas», el movimiento de protesta de los estudiantes secundarios de Chile contra el sobrepago del pasaje del transporte público, volverá con renovados bríos el lunes, luego de una tregua por Semana Santa.
El conflicto, que remece a un país caracterizado en los últimos años por la apatía política y la escasa capacidad de movilización de los jóvenes y sindicatos, entrega hasta ahora, a 10 días de su comienzo, un balance parcial de 1.200 estudiantes detenidos en enfrentamientos callejeros con la policía.
Un informe del Cuerpo de Carabineros (policía uniformada) señala que en los incidentes en el sector céntrico de Santiago se registraban hasta el jueves 27 estudiantes atendidos en centros hospitalarios por heridas y contusiones, además de seis efectivos de los cuerpos antimotines con fracturas y otras lesiones.
Un carro blindado de la policía inutilizado, la destrucción de 460 focos del alumbrado público, numerosos edificios y automóviles apedreados y el gasto diario de 1.500 litros de agua y un número indeterminado de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, figuran también en el reporte de Carabineros.
El gobierno de la región Metropolitana (Santiago) dio un ultimátum a los alumnos en huelga para que retornen el lunes a clases, que fue rechazado el jueves por la noche por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), organización surgida a la luz pública durante estas manifestaciones.
La ACES anunció nuevas manifestaciones a partir de este lunes y endureció sus exigencias de que el pase escolar, documento que permite el pago con tarifa reducida en los autobuses del transporte público, sea entregado gratuitamente a todos los estudiantes de Santiago.
El conflicto se desató hace 10 días, cuando el Consejo Superior del Transporte, que agrupa a los empresarios del sector en Santiago, insistió en cobrar este año 2.500 pesos (unos cinco dólares) por cada pase, que da derecho a la tarifa escolar de 20 centavos de dólar, equivalente a un tercio del pasaje adulto.
El cobro afecta a unos 100.000 estudiantes a quienes no se le entregó el pase durante 2000, cuando su costo fue fijado en 3.500 pesos (siete dólares).
Los fondos correspondientes a esos 100.000 pases fueron defraudados en el Consejo Superior del Transporte, sin que hasta ahora se haya identificado a los autores de la estafa.
El propósito inicial de los empresarios era insistir en el pago de 3.500 pesos para los pases pendientes. El día 4, tras una gestión de representantes del Parlamento Juvenil, el Consejo rebajó la suma a 2.500 pesos.
Pero la ACES impugna también este acuerdo y exige el pase escolar gratuito para todos los estudiantes de enseñanza media de los colegios fiscales, municipales y privados con subvención estatal de la región metropolitana.
Asociaciones de padres y apoderados, parlamentarios y alcaldes, además de la ministra de Educación, Mariana Aylwin, han intentado interceder en el conflicto.
El ex candidato presidencial derechista Joaquín Lavín, actual alcalde de Santiago-Centro, está dispuesto a subvencionar la entrega gratuita de pases para los estudiantes de su municipio, al igual que alcaldes de otras corporaciones municipales de la capital.
Pero esta fórmula es también cuestionada por los líderes de la ACES, en cuanto es aplicable sólo en aquellas comunas o municipios que disponen de recursos financieros, y no así en las comunas donde habitan los sectores de menores ingresos.
La organización estudiantil declaró desde el lunes pasado un paro indefinido, con movilizaciones callejeras en que han logrado convocar hasta 10.000 alumnas y alumnos que cargan permanentemente las mochilas en que llevan sus cuadernos y útiles escolares.
Según sectores de la oposición derechista y del gobierno, en las manifestaciones se advierte un alto grado de organización y agresividad contra la policía y un afán destructivo que demostraría la infiltración de activistas de extrema izquierda.
Diputados de la cogobernante Democracia Cristiana y de los partidos de derecha pidieron la disolución del Parlamento Juvenil por el respaldo que sus dirigentes expresaron a las protestas estudiantiles.
El diario conservador La Segunda calificó a ACES de «anárquica organización» y sostuvo que su objetivo es dar en el futuro otras batallas para ablandar las normas disciplinarias en los colegios, prohibir la expulsión de estudiantes embarazadas y terminar con normas discriminatorias de ingreso de algunos establecimientos.
ACES es encabezada por un colectivo estudiantil de unos 100 miembros.
Ursulla Schuller, una de sus dirigentes, se declara anarquista, pero advierte que allí hay también jóvenes comunistas, de los partidos de la gobernante coalición de centroizquierda Concertación por la Democracia e, incluso, «los que no 'cachan' nada (no entiendan nada) de política».
«Dijeron que esto era un colectivo de izquierda. Si es así ¿cómo se explica que yo esté ahí?», dijo a La Segunda Eduardo Folle, un dirigente de ACES que milita en la juventud de la Unión Demócrata Independiente, el principal partido de la oposición derechista.
La convocatoria que logra esta organización estudiantil descansa precisamente en su carácter amplio y en el hecho de que sus demandas apuntan a problemas reales, que demuestran las insuficiencias sociales del sistema educacional chileno.
En un país donde los partidos y los sindicatos muestran escasa influencia entre la población y se dice que los jóvenes le dan la espalda a la política, la irrupción de ACES y la «rebelión de las mochilas» parecen anticipar un cambio.
«No deja de ser interesante el hecho de que estos adolescentes representan a una generación que se ha formado educacionalmente bajo la democracia», restablecida en Chile en 1990, comentó a IPS la periodista Faride Zerán, directora de la revista cultural Rocinante. (FIN/IPS/ggr/dm/ip/01
