La muerte esta semana de un prisionero en Turquía podría ser el comienzo del trágico fin de una huelga de hambre masiva iniciada el pasado octubre en protesta por la transferencia de presos políticos a cárceles de máxima seguridad.
A menos que el gobierno adopte medidas inmediatas para buscar una salida a la huelga, «serán inevitables otras muertes», advirtió Umit Erkol, de la Cámara de Médicos de Ankara.
«La mayoría de los huelguistas ya han perdido la conciencia, y no está claro si pueden ser tratados o si se podrá evitar que sufran discapacidades permanentes», dijo.
Hasta 33 prisioneros están en cuidado intensivo en dos hospitales de Ankara, y muchos otros fueron llevados a centros de salud para recibir tratamiento, según organizaciones de defensa de los derechos humanos.
La primera víctima, Cengiz Soydas, murió esta semana a los 29 años en el día 150 de su huelga de hambre, en la prisión de máxima seguridad de Sinkan, Ankara.
Soydas, un antiguo estudiante de ingeniería, era uno de los huelguistas de hambre que protestan contra la medida gubernamental de transferir a los presos políticos a cárceles de máxima seguridad, conocidas como prisiones del «tipo F», el 29 de octubre pasado.
Soydas fue sentenciado a 15 años de prisión por integrar una organización clandestina, el Partido-Frente Revolucionario para la Liberación del Pueblo (DHKP-C), y el año pasado fue transferido de la prisión Bartin, en el noroeste de Turquía, a Sincan.
Pese a las protestas de los grupos de derechos humanos, el gobierno intentó poner fin a la huelga por la fuerza, y lanzó el 19 de diciembre un operativo militar llamado «Retorno a la vida».
Durante el operativo, que duró una semana, unos 10.000 gendarmes irrumpieron en 48 prisiones de todo el país y dejaron atrás 33 muertos (dos de ellos gendarmes), ocho desaparecidos y 426 heridos.
«Hasta esta semana, 1.005 prisioneros habían sido transferidos a cárceles tipo F, la mayoría en construcción», afirmó Silvia Casale, presidenta del Comité para la Prevención de la Tortura, una organización afiliada al Consejo de Europa.
«La situación es alarmante, y pretendemos un arbitraje entre los prisioneros y el Ministerio de Justicia», agregó.
Los esfuerzos de una comisión ad hoc integrada por organizaciones no gubernamentales y celebridades como el novelista Yasar Kemal y el cantautor Zulfu Livaneli fracasaron en noviembre y diciembre.
«Para poner fin a la huelga de hambre será necesario un proceso de adaptación, explicación y construcción de confianza», dijo Casale.
Los funcionarios del Ministerio de Justicia se retiraron de la mesa de negociaciones el 18 de diciembre, arguyendo que las demandas de los prisioneros eran más de naturaleza política que referidas a una reforma de las condiciones carcelarias.
El Ministerio arguyó que las cárceles Tipo F cumplen con las disposiciones de la ley número 3713, de combate al terrorismo.
Según el artículo 16, «aquellos arrestados o condenados según la ley 3713 serán recluidos en cárceles especiales, en confinamiento solitario o en régimen de tres personas por celda. No recibirán visitas abiertas ni tendrán contacto con otros presos».
La Asociación de Médicos de Turquía criticó el sistema de prisiones de máxima seguridad por su naturaleza «antisocial» e «inhumana».
«En las celdas de confinamiento solitario, los reclusos deben usar el agua del inodoro para higienizarse. Deben comer, dormir, bañarse y hacer sus necesidades en el mismo espacio, de ocho metros cuadrados», denunció un informe publicado por la Asociación en 1999.
«El sistema de las prisiones 'tipo F' tiende a esclavizar el cuerpo y la mente del individuo. Desde el punto de vista científico, ese medio sólo acelera el colapso físico y psicológico de los reclusos», agregó.
Se estima que 8.000 de los 12.800 presos políticos de Turquía son partidarios del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo guerrillero kurdo. El resto pertenece al grupo fundamentalista islámico Hizbollah y a organizaciones turcas de izquierda como DHKP-C, TKP/M-L y TKEP/L.
Aunque los miembros del PKK constituyen 75 por ciento del total de presos políticos, no participan de la huelga de hambre, que fue promovida por DHKP-c con el apoyo de TKP/M-L.
Las atestadas prisiones de Turquía, con unos 70.000 internos, casi se vaciaron tras una amnistía condicional para delincuentes menores el pasado 12 de diciembre, una semana antes de la operación militar.
Los presos políticos, sin embargo, no estuvieron incluidos en la amnistía. (FIN/IPS/tra-en/ek/mn/mlm/hd/01
