Las leyes de Brasil no contemplan la pena de muerte, pero al menos 2.000 personas son víctimas cada año de ejecución sumaria a manos de la policía y de los llamados «grupos de exterminio».
Así lo asegura el «Informe sobre Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias o Extrajudiciales» elaborado por ocho organizaciones no gubernamentales, cuatro de ellas internacionales, y entregado el miércoles en Ginebra a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La cifra resulta de un análisis de los 13.917 homicidios divulgados por la prensa en el primer semestre de 1999, de los cuales 1.148, es decir 8,25 por ciento del total, fueron ejecuciones. Se supone que en todo el año hubo el doble de casos.
Pero tales datos se refieren sólo a muertes cubiertas por los periodistas en 18 de los 27 estados brasileños. Se estima que en 1999 ocurrieron 46.600 asesinatos en el país. Mantenida la proporción de 8,25 por ciento, las ejecuciones sumarían 3.840, observa el informe.
Un objetivo del informe es promover una misión de la relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Sumarias, Asma Jahangir, para estudiar la situación en Brasil, explicó Maria Luisa Mendonça, codirectora del no gubernamental Centro de Justicia Global, que participó en la elaboración del documento.
Las organizaciones que redactaron el informe procuran repetir la repercusión obtenida por el informe sobre tortura, divulgado el 11 de este mes por Nigel Rodley, también relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Rodley encabezó una misión a Brasil en agosto y septiembre pasados, cuando comprobó que la tortura en las cárceles y comisarías brasileñas constituye una práctica «sistemática y generalizada», y que el fenómeno tiende a agravarse por presiones de la propia sociedad.
Las denuncias son conocidas, pues fueron efectuadas en reiteradas ocasiones por las organizaciones de derechos humanos. Pero el sello de la ONU les da un carácter oficial y obliga al gobierno a cumplir los compromisos internacionales que firmó, observó Mendonça.
El secretario de Estado de Derechos Humanos, embajador Gilberto Saboia, aseguró que el gobierno mantiene su actitud de apertura a cualquier investigación de la ONU sobre esas cuestiones.
La eliminación física de criminales o simples sospechosos a manos de policías o particulares acompaña la historia de Brasil, según expertos. En décadas pasadas se hicieron famosos los «escuadrones de la muerte», hoy más conocidos como grupos de exterminio.
Los datos del informe, recogidos en la prensa por el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, revelan que la policía civil y la militar responden por 81,79 por ciento de los 1.148 homicidios registrados en 1999.
A los exterminadores se les atribuyó 16,9 por ciento, a los agentes penitenciarios, 0,96 por ciento, y a las Fuerzas Armadas, 0,35 por ciento.
En Sao Paulo, las autoridades policiales y la prensa suelen informar de «chacinas», o matanzas colectivas, en general practicadas contra jóvenes, en los barrios pobres de la región metropolitana. En los últimos tiempos se registraron cerca de cien anuales.
Esos crímenes quedan impunes, ya que la población cumple la ley del silencio, por temor o porque apoya la actividad de los asesinos, llamados «justicieros» y tratados como héroes en muchos barrios.
Río de Janeiro registra la mayor cantidad, 22,56 por ciento, de las ejecuciones consideradas en el informe llevado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pero suelen tener escasa repercusión porque se concentran en la periferia y afectan poco los barrios ricos y turísticos del sur de la ciudad.
Entre los 44 casos incluidos en el informe figuran homicidios por razones fútiles. En enero de 1999, por ejemplo, un adolescente de 14 años fue ejecutado con un tiro en la nuca por dos policías en Santa Bárbara d'Oeste, cerca de Sao Paulo, porque entró sin invitación a un club donde se celebraba una fiesta.
Los policiales en general no son siquiera juzgados, pese a que los homicidios son comprobados y practicados delante de testigos.
Las organizaciones no gubernamentales sugirió al gobierno el sometimiento de los policías militares a tribunales civiles, el castigo severo a los culpables y la separación de los institutos médico-legales de la policía, para garantizar la independencia de sus informes sobre la causa de las muertes, entre otras medidas.
Lo que promueve las ejecuciones extrajudiciales es la visión, que contamina incluso la sociedad, de que la criminalidad se debe combatir con violencia, según el diputado Fernando Gabeira, del Partido Verde. (FIN/IPS/mo/mj/hd/01
