La figura del defensor del pueblo (ombudsman) en América Central se convirtió en los últimos años en botín político de los partidos políticos, según la principal organización no gubernamental de derechos humanos de la región.
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca) alertó en un informe difundido el jueves sobre el estancamiento que vive la institución del defensor del pueblo en la región a causa de las pugnas políticas.
«La institución del ombudsman en América Central es actualmente un botín porque persiste una tendencia a partidizar la elección de sus cargos», declaró la coordinadora general de Codehuca, Celia Medrano.
Sin embargo, el presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores, el procurador de los Derechos Humanos guatemalteco Julio Arango, negó que esa sea la situación imperante en el istmo.
El séptimo informe anual de Codehuca en la materia, titulado «Ante los muros del estancamiento», detalla entre los principales problemas que afrontan los defensores del pueblo centroamericanos la partidización de las designaciones, la presión política y la escasez de presupuesto y de apoyo parlamentario.
«Si el cargo del ombudsman continúa siendo un negocio de los partidos políticos, el deterioro de esta institución se incrementará», advirtió Medrano.
El informe, que analiza la situación de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, fue preparado por consultores contratados y miembros de Codehuca.
El estudio, efectuado entre junio de 1999 y julio del año 2000, analiza las fortalezas y debilidades de los defensores del pueblo la región, sobre la base de consultas realizadas a grupos de la sociedad civil.
Actualmente en toda América Central existe la figura del defensor del pueblo bajo esa denominación o las de procurador de los derechos humanos, comisionado nacional de los derechos humanos y defensor de los habitantes.
La tarea de este funcionario, cuyo periodo de mandato varía entre cuatro y cinco años, es fiscalizar eventuales atropellos del Estado contra sus habitantes.
Los defensores del pueblo centroamericanos son designados por el Poder Legislativo de cada país, y para su elección se requiere el voto de una mayoría calificada de hasta dos tercios.
La defensoría del pueblo más antigua de la región es la de Guatemala, creado en 1986. La última es la de Belice, instaurada en 1999.
Según el estudio, la institución con mayores problemas es la de El Salvador, pues está acéfala hace tres años por falta de consenso entre la gobernante y derechista Alianza Republicana Nacional y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
«Los partidos políticos salvadoreños están buscando más a una persona que sirva a sus intereses que al cargo mismo», expresó Medrano.
El informe destaca que el defensor del pueblo que mejor funciona en la región es el de Costa Rica debido a su credibilidad y organización.
Sin embargo, José Pablo Molina, de Codehuca, consideró preocupante el desgaste que sufrió la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica en los únicos años, y hay sectores que sostienen que la ciudadanía debería designar a su titular de manera directa.
En el período estudiado, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica atendió a 1.678 denuncias. Mientras, los otros defensores del pueblo centroamericanos tramitaron entre 8.000 y 10.000 casos.
En Costa Rica no hay defensor en la actualidad, puesto que en marzo concluyó el mandato de Sandra Piszk y hasta el momento los congresistas no han llegado a un consenso sobre su sucesor.
Codehuca consideró necesario que los defensores del pueblo le den una mayor proyección nacional a su trabajo, sobre todo en las comunidades rurales.
El informe también reclama más apoyo económico de parte de los sectores políticos, así como una mayor profesionalización de su personal de las defensorías.
El estudio también critica la escasa o nula relación entre los defensores del pueblo del área, a pesar de la existencia del Consejo Centroamericano de Procuradores.
«Eso no es cierto», dijo a IPS Arango, el presidente de ese organismo regional. El funcionario guatemalteco afirmó que sí existe una continua relación e intercambio informativo entre todos los defensores del pueblo centroamericanos.
«Tampoco es cierto que este cargo se haya convertido en un botín político», declaró Arango, quien admitió que en el único país donde se puede usar ese calificativo es en El Salvador.
El procurador guatemalteco dijo que el perfil ideal del defensor del pueblo centroamericano para los próximos años es el de un abogado, mayor de 35 años y con antecedentes de vida intachables. (FIN/IPS/nms/mj/hd ip/01
