El Congreso de Argentina debate desde hoy un polémico proyecto de salud sexual y reproductiva que anuncia información sobre métodos anticonceptivos incluso para menores de edad, con el fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual, abortos y el embarazo de adolescentes.
La iniciativa padeció numerosos aplazamientos desde 1995 hasta encontrar ahora una formulación más moderada que suavizó la oposición de la Iglesia Católica y de otros sectores.
El texto en manos de la Cámara de Diputados, que propone crear el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, establece también la entrega gratuita de anticonceptivos reversibles, transitorios y no abortivos en centros de salud estatales y privados.
El Programa deberá implementar planes de control para diagnosticar en forma temprana enfermedades como el cáncer génito- mamario o la presencia del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
El proyecto original desató fuertes polémicas en los últimos seis años y el rechazo de la Iglesia Católica, por incluir la entrega gratuita de anticonceptivos y el asesoramiento en la materia a menores de edad sin autorización de los padres, entre otras medidas.
Estos puntos ya habían sido cuestionados por grupos católicos a mediados de 2000, cuando la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma similar que permite la prescripción gratuita de dispositivos intrauterinos (más conocidos por sus siglas DIU) y la información a adolescentes sin restricciones.
La Iglesia Católica se opone al uso del DIU por considerarlo un método «abortivo» que impide la implantación del óvulo ya fecundado en la pared del útero.
Sin embargo, la Sociedad Argentina de Fertilidad y Esterilidad explicó que desde hace 20 años se sabe que lo que evita el cobre con el que está construido el dispositivo es el libre movimiento de los espermatozoides y no la fijación del embrión.
Pero, en el proyecto en debate se evita mencionar los distintos métodos de prevención de embarazos, evitando así mencionar el DIU.
En cuando al derecho a la información de niños y adolescentes, sin requerir la presencia de sus padres, es considerado inalienable por ley.
Justamente, los legisladores que defienden la tesis de informar señalan que la violación de ese derecho permite que aumenten los casos de embarazos adolescentes.
No obstante, las distintas posiciones en debate, que no están alineadas con los partidos sino con concepciones personales de cada legislador, fueron negociadas para evitar que haya una nueva postergación de la discusión y que la norma se sancione en el corto plazo para que pase luego a la Cámara de Senadores.
«Llegamos a un consenso porque aceptamos recortar temas conflictivos, enunciando en una fórmula sintética que se prescribirán 'métodos reversibles, transitorios y no abortivos' sin precisar cuáles», explicó a IPS Cristina Guevara, presidenta de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados.
La formulación evita referirse al polémico DIU y a las intervenciones para ligar las trompas de Falopio o las vasectomías, que son considerados métodos «irreversibles» de control del embarazo.
Guevara señaló que, de todos modos, los médicos recetarán el DIU en los casos en que lo crean conveniente, ya que no se trata de un método ilegal, sino que su venta está aprobada por el organismo que autoriza la circulación de medicamentos.
A la hora de contemplar las creencias religiosas de los pacientes, los médicos dialogarán con los pacientes acerca de cuál es el método más conveniente, cuál el que el o la paciente aceptan y cuál es la manera más efectiva y segura de utilizarlo, explicó.
La diputada agregó que propuso en la comisión que hasta los 16 años «se propicie» el acompañamiento de los jóvenes por parte de «padre, madre o tutor», una fórmula que podría encontrar resistencias entre los diputados que se oponen a abrir un espacio de libre acceso de los jóvenes a la información.
En Argentina, pese a que el aborto es ilegal, se interrumpen al año cerca de 500.000 embarazos.
La mayor parte de las muertes maternas por esta causa se registran entre mujeres de escasos recursos económicos, que se someten a estas prácticas en condiciones precarias y sin la asepsia requerida.
Por otra parte, los jóvenes de Buenos Aires y de la extensa zona metropolitana que la rodea están entre las principales víctimas fatales del sida.
Un informe del Ministerio de Salud indica que el sida es la primera causa de muerte entre personas de entre 15 y 44 años, un dato que podría modificarse con la futura ley de prevención.
Los legisladores que propician la aprobación de la ley señalan que en los últimos 20 años el número de madres de entre 9 y 19 años pasó de 13,3 a 15,4 por ciento del total de mujeres que dieron a luz.
En Buenos Aires, desde la aprobación de la norma de salud sexual y reproductiva hace nueve meses, aumentó 20 por ciento la cantidad de consultas, que incluyen estudios de prevención en cáncer de mama y cuello de útero y la orientación acerca de métodos anticonceptivos.
También en ese lapso unas 75.000 personas se atendieron en consultorios públicos de la ciudad, 80 por ciento de las cuales eran mujeres, la mayoría de sectores de escasos recursos, y casi siempre en busca de asesoramiento para planificación familiar.
En la capital argentina es donde se registra el menor porcentaje de madres adolescentes del país en la actualidad.
Las estadísticas oficiales señalan que 87 por ciento de las jóvenes de entre 15 y 19 años usa métodos anticonceptivos, y los casos de partos de menores de edad bajó de 15,4 por ciento a 6,4 por ciento.
Normas similares a la que está en vigor en Buenos Aires y al proyecto de ley en el Congreso ya rigen en varias provincias (estados).
Es el caso de las ciudades de Rosario, provincia de Santa Fe, y de la capital de Mendoza, o de las provincias de Misiones, Neuquén, La Rioja, Chubut, Río Negro y San Luis. No obstante, en algunos municipios se producen reclamos de padres.
En Vicente López, localidad de la provincia de Buenos Aires vecina a la capital del país, el Centro de la Mujer impulsó la sanción de una ordenanza que prevé brindar información a jóvenes.
La medida tuvo reclamos de cuatro particulares que presentaron recursos de amparo ante la justicia por considerar que la norma atentaba contra la intimidad de la familia.
Los embarazos adolescentes están en directa relación con la falta de información, de educación y de recursos económicos de las jóvenes mujeres, explicó a IPS Maria Luisa Storani, socióloga y concejal del municipio de San Fernando, también en la provincia de Buenos Aires.
Storani consiguió que en su municipio se sancione una ordenanza que prevé la obligatoriedad de informar a adolescentes acerca de los métodos anticonceptivos a disposición, pero la norma, aprobada por unanimidad en 1995, nunca se llevó a la práctica por trabas que impuso el gobierno nacional.
«El Poder Ejecutivo responde a nuestros reclamos argumentando que la prevención la realiza mediante refuerzos en las partidas de alimentos para las madres pobres», reveló Storani. (FIN/IPS/mv/dm/he/01
