La falta de una estrategia de aprovechamiento racional de los bosques en Perú no sólo impide el desarrollo de la industria forestal, sino que también facilita la depredación que realizan campesinos de origen andino.
El Poder Ejecutivo, los empresarios madereros, los ambientalistas y las organizaciones comunales de la selva no se ponen de acuerdo sobre el modelo de desarrollo forestal que conviene adoptar en Perú.
El gobierno provisorio de Valentín Paniagua debía promulgar el 19 de marzo la reglamentación de la ley Forestal aprobada por el parlamento el 16 de julio de 2000, pero el decreto fue postergado por cuarta vez.
La definición de la estrategia forestal quedará probablemente para el nuevo presidente que se instalará el 28 de julio.
Con casi 80 millones de hectáreas de bosques, la mayoría en la región amazónica, Perú ocupa el octavo lugar entre los 168 países que comparten los 3.500 millones de hectáreas de florestas de la Tierra. En América Latina sólo es superado por Brasil en lo que se refiere a superficie forestal, pero no figura entre los 42 mayores exportadores de madera.
Con sólo explotar de manera sustentable 15 por ciento de sus bosques, es decir el promedio internacional, Perú podría recibir anualmente no menos de 3.000 millones de dólares por la exportación de productos forestales. Ahora sólo logra 95 millones.
Noventa por ciento de la extracción de madera de los bosque es realizada por 70.000 familias, que operan con sistemas artesanales y la venden a intermediarios.
«La explotación de la madera de los bosques amazónicos peruanos es insignificante, pero en menos de 40 años han desaparecido casi 10 millones de hectáreas», advirtió el especialista Jorge Alania.
La aparente paradoja de subexplotación maderera e intensa depredación forestal se explica porque los colonos queman cada año alrededor de 260.000 hectáreas de bosques naturales, para abrir parcelas en la selva.
«Los campesinos no se quedan más de tres años en una parcela, porque al desaparecer la protección de los árboles, las lluvias erosionan rápidamente la tierra. Entonces, los colonos se van un poco mas allá y vuelven a quemar una porción del bosque», destacó Alania.
La nueva postergación del Reglamento de la Ley Forestal evidencia que las autoridades no superaron discrepancias con los empresarios madereros ni con los conservacionistas sobre cómo explotar los bosques naturales.
El reglamento debía ser decretado 60 días después de la aprobación de la ley pero, transcurridos ocho meses desde la votación en el parlamento, el Ministro de Agricultura, Carlos Amat, declaró que será necesario «esperar un poco más».
La postergación no pareció incomodar a Fernando Razetto, presidente de la Cámara Nacional Forestal, la entidad que agrupa a los empresarios del sector, que discrepaba de la orientación del reglamento.
«El proyecto no corrige la tendencia autoritaria de la ley Forestal promulgada por el régimen del ex presidente Alberto Fujimori, que no deja espacio a los principales actores de la actividad forestal, las empresas y los representantes del sector social, para participar en las decisiones», dijo Razetto.
«Los recursos forestales deben ser protegidos por el equilibrio entre tres factores: el interés social, la rentabilidad empresarial y la preservación del medio ambiente. El predominio de cualquiera de estos tres factores es inconveniente», agregó.
«Quienes elaboraron la ley querían promover una explotación forestal racional, pero revelaron no haber superado el prejuicio de que quien entra al bosque lo hace para destruirlo. Este prejuicio genera un exceso de regulaciones, algunas antitécnicas, que elevan los costos o eliminan la competitividad», advirtió Razetto.
«Los pequeños madereros y aún las comunidades (de la selva) podrían suscribir asociaciones estratégicas con empresas que garanticen mercados, como lo ha hecho Ecuador en la zona de Esmeraldas, en la costa norte de su territorio», propuso.
Razetto es partidario de vender bosques a las empresas privadas. «En Chile, el Estado entregó en propiedad áreas forestales para que las empresas invirtieran en la siembra de mejores especies, y ahora hay 1,7 millones de hectáreas plantadas con arboles de excelente calidad, que producen 2.200 millones de dólares al año», señaló.
Jaime Nalvarte, presidente de la no gubernamental Red Ambiental Peruana, indicó que la ley Forestal promueve un concepto importante: la sustentabilidad de los recursos forestales, basada en el compromiso de las empresas concesionarias de respetar planes de manejo previamente concertados.
Ese capítulo sigue el modelo boliviano. «Las áreas son entregadas en concesión y el Estado mantiene la propiedad de los bosques. El otro modelo es el existente en Brasil o en Chile, donde el Estado concede en propiedad los bosques», comentó Nalvarte.
«Los empresarios sostienen que tener el bosque en propiedad aumenta las garantías para su inversión. Pero en las concesiones, esa garantía puede obtenerse mediante contratos de estabilidad irreversible asegurada por ley, como en las inversiones mineras», puntualizó el dirigente ambientalista. (FIN/IPS/al/ff/en/01
