El gobierno de Venezuela confía en que su plan de concesión de cárceles a privados mejore las condiciones de esos centros, que ya no presentan el denso hacinamiento de reclusos del pasado, pero aún no cumplen parámetros internacionales mínimos.
La iniciativa es vista por analistas como paradójica, pues el gobierno de Hugo Chávez ha tenido de bandera política la defensa del papel y la responsabilidad del Estado y poco después de instalarse en febrero de 1999 manejó la opción de militarizar las prisiones.
La privatización de las cárceles venezolanas, que hace pocos años eran mencionadas por la organización Human Rights Watch, de Estados Unidos, entre las peores del continente, significa la tácita admisión de la incapacidad oficial en la materia, según han concluido los expertos.
El Ministerio del Interior y Justicia confirmó en febrero el plan oficial, que será explicado en detalle en abril, cuando también se abrirán formalmente las licitaciones.
Según el gobierno, ya existen ofertas de España, Francia, Inglaterra e Italia. Las autoridades aseguran que no abandonarán su papel rector en el sistema carcelario.
Ciro Espinoza, presidente del Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias, insinuó algunos motivos del proyecto oficial. "En los países donde se usa este sistema hay un ahorro para el Estado entre 20 y 25 por ciento", afirmó.
La concesión de las prisiones, que se otorgará por un lapso de 25 años, incluye el diseño, la construcción y la administración de esos centros y la gestión para la reinserción social de los reclusos, así como la vigilancia interna.
"Estamos llevando a cabo una revolución carcelaria", expresó el viceministro del Interior y Justicia, Igor Colmenares.
El Estado dará directrices y establecerá una política carcelaria que deberán cumplir las empresas privadas que obtengan el derechos sobre seis nuevos centros de reclusión, que serán habilitados en 2003, dijo Colmenares.
"La justicia no se puede privatizar", advirtió la abogada Liliana Ortega, con amplia trayectoria en casos de derechos humanos.
En su opinión, sólo sería posible privatizar algunos servicios carcelarios, pero el Estado no puede desprenderse de su responsabilidad como administrador y custodio de esos centros ni de sus obligaciones en materia de rehabilitación de los presos.
Del mismo modo se pronunció Vicmar Morillo, redactora durante varios años del capítulo relativo a las prisiones en el informe anual de la organización no gubernamental Provea (Programa Venezolano de Educación y Acción en derechos Humanos).
"El Estado debe asumir y ejecutar su rol, debe velar porque se respete el derecho a la vida de los procesados y los penados, debe velar por su seguridad e integridad personal", dijo Morillo a IPS.
Es mínima la cantidad de reclusos que se benefician con programas de rehabilitación, hay en las cárceles serios problemas de infraestructura, especialmente para el manejo de desechos y aguas servidas, y la alimentación es precaria, observó Morillo.
Por su parte, el Foro por la Vida, que reúne a una veintena de organizaciones de derechos humanos, pidió a las autoridades una explicación más detallada del proyecto.
"El Estado debe recuperar el control sobre las cárceles y sobre lo que sucede al interior de las mismas", señaló a IPS Alfredo Ruiz, portavoz del Foro por la Vida.
Raúl Cubas, coordinador general de Provea, recordó que la figura de la privatización, así como la descentralización (el manejo de las prisiones por parte de gobiernos regionales) figuran como opciones en la Constitución.
La llamada Constitución Boliviarana fue impulsada por Chávez como parte de un gran proceso de cambios políticos y entró en vigor en diciembre de 1999.
Los expertos puntualizan que el Estado también adquirió el Estado el compromiso de garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación y el respeto de los derechos humanos de los reclusos.
El hacinamiento, que fue uno de los problemas más graves del sistema carcelario, comenzó a aliviarse al entrar en vigor del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, en julio de 1999.
El Código Procesal puso en práctica una serie de beneficios para los presos, con lo cual se descongestionaron varios centros de reclusión y en términos globales se superó el hacinamiento.
En el primer año del nuevo código, entre julio de 1999 y agosto de 2000, la población carcelaria descendió de 22.914 a 14.196 personas, según el Ministerio del Interior y Justicia. (FIN/IPS/ac/ff/ip hd/01
