El gobierno de España impuso hoy por decreto una reforma de la legislación laboral, con el anunciado propósito de favorecer la creación de empleo, en medio de fuertes protestas de los sindicatos.
El decreto del gobierno presidido por José María Aznar, del centroderechista Partido Popular, establece, entre otras cosas, mejoras en las indemnizaciones para los contratos laborales temporarios.
Las centrales sindicales mayoritarias Comisiones Obreras (CCOO), de tendencia comunista, y Unión General de Trabajadores (UGT), afín a los socialistas, culparon al gobierno y a los empresarios por el fracaso de las negociaciones destinadas a renovar el acuerdo firmado en 1997 y que vence en mayo.
Los sindicatos entienden que la medida del gobierno estimula la creación de puestos temporales, que ya predomina en el empleo de jóvenes, en desmedro de los contratos fijos que aseguran estabilidad salarial.
El trabajo temporal, además, provoca dificultades para alquilar vivienda o comprarla a crédito, pues la incógnita de la duración del empleo les impide dar como garantía su ingreso.
Por norma, los contratos deben ser fijos y los temporales aplicados solamente a situaciones perentorias, explican los sindicalistas.
Un portavoz de CCOO comentó a IPS que algunos jóvenes han llegado a tener hasta 10 contratos en un mes, a través de agencias de empleo o de empresas de servicios.
Informó que en la actualidad en España 70 por ciento de los jóvenes trabajadores hasta 30 años tienen contratos temporales o precarios, mientras que en la franja de 16 a 19 años alcanza a 84 por ciento.
El diálogo entre el gobierno, las dos centrales sindicales y los delegados de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas se interrumpió el jueves tras señalar Aznar y dos de sus ministros que los plazos se habían vencido.
Aznar había advertido que, de no llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales ese mismo día, el Consejo de Ministros aprobaría este viernes la reforma laboral.
El decreto debe ser ahora refrendado por el Congreso, lo cual se descuenta en razón de la mayoría parlamentaria que cuenta el gobierno.
La nueva norma indica que en los contratos temporales se reconocerá una indemnización de ocho días de salario por cada año trabajado.
En los contratos tradicionales sin plazo definido o fijos rige una indemnización de 45 días por año.
En cambio, este mismo tipo de acuerdo laboral, pero que esté amparados en programas de fomento de empleo, la indemnización es de 33 días de sueldo por año trabajado, aunque sólo se aplicaba hasta ahora a las personas mayores de 30 años.
La nueva regulación establece que ese beneficio se extenderá a jóvenes de 16 a 30 años, mujeres desempleadas y desempleados con más de seis meses sin trabajo que accedan a un contrato amparado en esos planes de fomento laboral.
La aprobación del decreto contradice uno de los compromisos de la campaña electoral de Aznar, confirmado entonces por su portavoz, Joseph Piqué, quien había dicho que el gobierno no iba a «imponer una reforma del mercado de trabajo que no tuviera el consenso mínimo de los agentes sociales».
Sin embargo, mientras los sindicatos acusan a Aznar de no cumplir los compromisos, los empresarios responsabilizan a las centrales sindicales del fin de las negociaciones.
El secretario general de la UGT, Cándido Méndez, afirmó que, aunque «formalmente la ruptura se produjo a raíz de una iniciativa de la CEOE, ésta fue precipitada por las declaraciones realizada el jueves por el ministro (de Trabajo) José Aparicio y del (vicepresidente Rodrigo) Rato».
Por su parte, la CEOE calificó de incomprensible la posición de los sindicatos, ya que «la anterior reforma laboral (de 1997) ha dado como resultado la creación de más de dos millones de empleos netos, 80 por ciento de los cuales son por tiempo indefinido».
En cambio, el secretario general de las CCOO, José María Fidalgo, manifestó que «si hubiera habido alguna posibilidad de acuerdo habríamos estado toda la noche trabajando».
«Pero los empresarios han sido renuentes y muy tercos para aceptar medidas que limiten la contratación temporal y nuestras contrapartidas no les parecían suficientes», aclaró.
Méndez dijo que los empresarios sólo pretendían arrancar un compromiso de las centrales sindicales para desregular el contrato a tiempo parcial.
A su vez, el portavoz del gobierno, Pío Cabanillas, lamentó que en las discusiones tripartitas sólo se alcanzaran acuerdos sobre 80 por ciento de los asuntos.
Cabanillas comentó que fue «imposible rematar la jugada, por lo cual el gobierno debió dictar el decreto, por el interés de los ciudadanos». (FIN/IPS/af/dm/lb/01
