El gobierno colombiano se apresta a negociar este año con trabajadores y patrones mecanismos para acabar con la crisis del sistema estatal de jubilaciones y pensiones, que pierde 2.600 millones de dólares por año.
El gobierno sostiene que el sistema de pensiones es financieramente insostenible en las actuales condiciones, mientras también el Fondo Monetario Internacional aconseja reformas.
El ministro del Trabajo, Angelino Garzón, aseguró que la reforma, para la que se presentaron ya tres proyectos, se hará «en forma concertada» entre trabajadores, empresas y el gobierno.
El sistema cuestionado se basa en dos esquemas. El primero es el denominado régimen solidario a cargo de varias entidades públicas, en especial el Instituto de los Seguros Sociales, la empresa más grande del Estado colombiano. Este sistema se financia con aportes de empresas y de trabajadores privados.
El segundo esquema es el de ahorro individual, manejado en fondos privados creados tras la anterior reforma de 1993.
El régimen solidario, así denominado porque el aporte de los trabajadores más jóvenes y de los patrones permite la jubilación de los más antiguos, entró en crisis con la creación de los fondos privados, que presentaron condiciones de retiro más atractivas.
Los trabajadores varones de 60 años y las mujeres de 55 pueden jubilarse y percibir una asignación mensual equivalente a 75 por ciento del salario promedio de los últimos 10 años de trabajo, siempre que hayan aportado un mínimo de 19 años, de acuerdo con el régimen solidario.
Los trabajadores activos aportan con este sistema 4,5 por ciento del salario, y los patrones, 8,5 por ciento de ese ingreso. Los trabajadores independientes deben entregar 13 por ciento de sus ingresos.
El sistema solidario paga también la jubilación de cerca de un millón de personas que pueden retirarse a cualquier edad con 20 años de servicio. Reciben este tratamiento especial, entre otros, los militares, educadores, trabajadores petroleros e incluso legisladores.
En el sistema de ahorro individual adoptado con la creación de fondos privados, con el ejemplo del sistema chileno, los trabajadores aportan el mismo porcentaje que el empleador para hacer un ahorro personal y su pensión.
El momento en que aspire a disfrutarla dependerá del monto de su aporte y de la rentabilidad que haya alcanzado en el mercado financiero el fondo al que esté afiliado.
Según el ministro de Hacienda, Juan Santos, el déficit del régimen solidario asciende a cerca de 2,3 por ciento del producto interno bruto (unos 2.600 millones de dólares), porcentaje que, de no tomarse medidas, se elevará a 3,3 en 2019.
El Ministerio de Hacienda y el de Trabajo manejan dos propuestas de reforma distintas, pero la intención del gobierno, según Santos, es «consolidar un sistema de financiamiento para los distintos regímenes que lleve al equilibrio entre los ingresos y egresos».
El Ministerio de Hacienda plantea aumentar de la edad mínima de jubilación (de 55 a 60 años para las mujeres y de 60 a 65 años para los hombres) y el periodo mínimo de aportes de 19 a 25 años.
Según esta propuesta, el 13 por ciento del salario que suman los aportes de trabajadores y patrones se elevaría un punto porcentual, y el ingreso de los jubilados equivaldrá al promedio de los salarios de toda la vida laboral.
Garzón, ministro de Trabajo y ex sindicalista, también propuso incrementar la edad de jubilación, pero gradualmente entre 2006 y 2015 hasta 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.
Garzón recomendó, además, aumentar de inmediato los aportes a 14,5 por ciento, y agregar un aporte adicional de dos puntos porcentuales para quien gane más de 20 salarios mínimos (2.700 dólares).
La Asociación Nacional de Industriales, que reúne a las 30 principales organizaciones del sector de este país, propusieron un nuevo esquema unificado de pensiones «de ahorro individual en la que el trabajador jubilado reciba un ingreso acorde con su nivel de ahorro».
Los industriales también aconsejaron la desactivación de los beneficiosos regímenes especiales de jubilación que gozan algunos sectores.
El secretario de la segunda central sindical de Colombia, la Confederación General de Trabajadores Democráticos, Yezid García, dijo a IPS que las tres propuestas «se reducen a un manejo técnico y abstracto que no toca el problema de fondo».
Para García, la cuestión principal es «la existencia de una minoría que aún tiene acceso al sistema pensional frente a una mayoría desprotegida».
Los fondos privados y el Instituto de los Seguros Sociales cuentan con unos 8,2 millones de aportantes, cerca de la mitad de la población económicamente activa, sostuvo el sindicalista.
Alrededor de los 4,6 millones de aportantes están inactivos por falta de empleo, lo que significa solo 25 por ciento de la fuerza de trabajo goza efectivamente del beneficio de las pensiones.
«El movimiento sindical no esta de acuerdo con una reforma regresiva del sistema pensional de colombia como los plantean las tres propuestas», dijo García.
Cada vez son menos los colombianos que pueden acceder al final de su vida laboral «a la retribución que merece una persona que ha dedicado los mejores años de su vida a construir la sociedad en la que vive», dijo el sindicalista. (FIN/IPS/yf/mj/lb if/01
