El gobierno provisorio de Perú está bajo presión de los sindicatos, que pretenden ganar terreno antes de la instalación del presidente que será elegido el 8 de abril.
Las organizaciones sindicales y los partidos izquierdistas exigen a los candidatos presidenciales que se comprometan a desarrollar políticas generadoras de empleo y piden al gobierno de Valentín Paniagua el restablecimiento de la ley de Estabilidad Laboral, derogada por el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).
La ley de Estabilidad prohibía el despido de trabajadores del área privada sin causa justificada por los tribunales del fuero laboral, y su derogación fue una de las medidas de flexibilización de las relaciones obrero-patronales dispuestas por Fujimori.
«El gobierno de Paniagua tiene poco margen para hacer cambios legislativos significativos. Por otro lado, el mantenimiento del modelo económico liberal, o su abandono, dependerá del resultado electoral del 8 de abril», señaló el abogado laboralista Pedro Morote para explicar el silencio oficial ante las demandas sindicales.
El parlamento destituyó en noviembre a Fujimori por corrupción y en su lugar designó a Paniagua, dirigente del pequeño y centrista partido Acción Popular y uno de los dos congresistas que obtuvo menor votación en las elecciones de abril de 2000.
El presidente interino debe asegurar la transición política hasta el 28 de julio, cuando entregará el mando al triunfador en las elecciones de abril.
«En todo caso, según declaraciones del ministro de Trabajo, Jaime Zavala, el gobierno de Paniagua está dispuesto a cumplir las llamadas normas mínimas en las condiciones de trabajo a las que Perú se ha comprometido mediante convenios internacionales suscritos con la OIT (Organización Internacional del Trabajo)», añadió Morote
Las infracciones a las «normas mínimas de la OIT» pueden originar sanciones comerciales internacionales, y durante el gobierno de Fujimori, Estados Unidos consideró la posibilidad de retirar a Perú su condición de país elegible para preferencias arancelarias.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos aceptó el pedido de las autoridades provisorias de postergar por seis meses «la evaluación de las presuntas infracciones de Perú a las ocho normas mínimas de trabajo establecidas por la OIT», dijo Zavala.
Una de esas normas mínimas, la número 87, establece la libre afiliación a los sindicatos, que es reconocida por el estado peruano pero, según algunos dirigentes de los trabajadores, es usada para debilitar a sus organizaciones.
Otra disposición, la 98, se refiere al derecho a la negociación colectiva de acuerdos laborales.
«Sobre este si se produjo un contradicción importante entre la OIT y el gobierno de Fujimori, que dictó una controvertida Ley de Regulaciones Colectivas de Trabajo que tiene 16 observaciones negativas formuladas por la OIT», indicó Morote.
Las leyes y los decretos no pueden contradecir el enunciado de los convenios internacionales firmados por el gobierno y ratificados por el parlamento, advirtió el abogado.
Pero las principales preocupaciones de la central sindical Confederación General de Trabajadores del Perú son el desempleo y el subempleo, que se han agudizado con la recesión y que afectan a 51 por ciento de la población económicamente activa
«El fracaso de la política económica dictada por el Fondo Monetario Internacional, que el corrupto y derechista gobierno de Fujimori cumplió al pie de la letra, aumentaron el desempleo y provocaron condiciones de abuso patronal sobre los trabajadores», afirmó Olmedo Auris, dirigente del sindicato de maestros.
Las infracciones a las normas mínimas de la OIT tampoco parecen ocupar el centro de interés de los trabajadores comunes, si resulta representativa la opinión de Lucio Benavides, un técnico textil despedido hace dos años y que se desempeña como taxista nocturno en el automóvil de un vecino.
«En esta recesión, quienes tienen empleo temen ser despedidos y a los desocupados lo que más les interesa es que aumenten los puestos de trabajo», dijo Benavides.
«Lo más importante es tener trabajo, aunque sea como el mío, en el que el olor de los desinfectantes baratos compite con el de los excrementos», declaró por su parte Zenaida Treviño, de 22 años, madre soltera y encargada de la atención a los usuarios y la limpieza de servicios higiénicos en un mercado municipal.
«A veces no tengo con quien dejar a mi niña de dos años, y debo llevarla conmigo a mi trabajo. Pobrecita», comentó Treviño. (FIN/IPS/al/ff/lb/01
