Los guerrilleros zapatistas anunciaron hoy su sorpresivo regreso a Chiapas desde la capital de México, pues, afirmaron, no harán fila hasta el infinito frente al parlamento para presionar por la aprobación de una ley que se limita a reconocer acuerdos internacionales.
Los derechos de autonomía indígena que se discuten en México en medio de acusaciones de racismo y bajo presión de la guerrilla zapatista, son los mismos que el país se obligó a cumplir en 1990 cuando ratificó, sin mayor discusión, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recordaron.
Pero ahora todo parece nuevo en el debate. Sectores conservadores sostuvieron que reconocer en la Constitución derechos especiales a las etnias dividirá un país donde viven 10 millones de nativos, y mantendría a esos pueblos en el retraso.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyos 24 jefes llegaron a la capital el 11 de este mes, luego de realizar una marcha desde el estado meridional de Chiapas, exige que se apruebe el proyecto de reformas a normas indígenas diseñado en 1996 por una comisión del Congreso legislativo.
Esa iniciativa fue elaborada sobre la base de los Acuerdos de San Andrés, negociados entre un grupo de legisladores y el EZLN.
Los guerrilleros habían advertido poco antes de arribar a la capital que no abandonarían la ciudad hasta que la propuesta fuera aprobada. Pero este lunes su máximo jefe, el subcomandante Marcos, informó que el viernes regresarán a las selvas de Chiapas.
Los zapatistas no están para hacer fila ante el Congreso legislativo y no pueden esperar hasta el infinito que se apruebe la propuesta, declaró Marcos tras afirmar que los diputados no tienen interés en el asunto ni en los Acuerdos de San Andrés.
«El EZLN ha decidido dar por terminada su estancia en la ciudad de México e iniciar el retorno a las montañas del sureste mexicano. La cerrazón de la clase política es clara», expresó Marcos.
Antes de irse, los jefes guerrilleros realizarán un acto este jueves frente al Congreso para que ahí todos los asistentes escuchen entonces lo que ese órgano legislativo «no quiso oir», explicó.
El EZLN rechazó dos sugerencias del Congreso para reunirse con parte de los diputados y fuera de la sede legislativa. Pero Marcos advirtió que el grupo pretendía una tribuna con la presencia de todos los diputados, pues de lo contrario el acto no tendría sentido.
Mientras, el legislador Diego Fernández de Cevallos, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que «sería racista obligar» a los indígenas a tener una justicia diferente al del resto de la población, someterlos a tradiciones injustas, permitir los cacicazgos e impedir que entren al libre mercado.
Al igual que Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Fiji, Guatemala, Holanda, Honduras, Noruega, Paraguay y Perú, México es parte del Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
El PAN y el resto de los partidos políticos aprobaron por mayoría en el Congreso el Convenio 169, bandera de lucha de organizaciones indígenas de América Latina.
La propuesta de reformar varios artículos de la Constitución de México con postulados que son los mismos de la OIT abre la puerta para acabar con el racismo y la histórica marginación de los pueblos nativos, sostuvo el EZLN.
Quienes se oponen a la propuesta, son los racistas, los que quieren que los indígenas sigan como «ciudadanos de tercera» y los que no entienden el reconocimiento de lo diferente, sostuvo el grupo.
El Convenio 169 no se ha cumplido en México, a pesar de la ratificación, y nada asegura que una reforma constitucional como la pedida por el EZLN se cumpla, advirtió el antropólogo Oscar Rodríguez.
Lo que está en juego, más que una reforma legal, es la búsqueda de un cambio en el proceso de desarrollo, la necesidad de ampliar la democracia y garantizar el reconocimiento de la pluralidad, sostuvo, por su parte, el filósofo Luis Villoro.
En México, al igual que en todos los países de América Latina con población originaria, la mayoría de indígenas son pobres.
Los Acuerdos de San Andrés, los únicos firmados entre la guerrilla y el gobierno, fueron redactados por cerca de 50 asesores de las dos partes durante las negociaciones, entre quienes había apenas dos abogados. La mayoría fueron antropólogos, sociólogos e investigadores sociales.
La aprobación de las reformas, cuyo diseño jurídico aún requiere afinaciones, según juristas, es una de las condiciones del grupo para reanudar el diálogo de paz con el gobierno, suspendido en 1996, luego que el ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se negó a avalar el proyecto.
El Convenio 169, derivado de otro similar acordado 1957, consta de 44 artículos que garantizan la no discriminación contra los indígenas, el respeto a sus formas de organización política, a sus tradiciones, al uso que hacen de la tierra y a sus formas de impartir justicia.
Además, garantiza su propiedad sobre la tierra, al uso de los recursos del subsuelo, previa concertación con el Estado, el derecho a una educación especial y la obligación del gobierno de consultarlos por cualquier plan que los afecte.
El proyecto de ley, que el presidente Vicente Fox, perteneciente al PAN, respalda en el Congreso legislativo, recoge varios de los postulados del Convenio 169 de la OIT.
«México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes. La mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural. Por eso, la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás», señaló Fox a los diputados al justificar el proyecto de reformas.
«El principal objetivo de las reformas es desarrollar el contenido constitucional respecto de los pueblos indígenas. Ellas se inscriben en el marco del nuevo derecho internacional en la materia, del cual el convenio 169 de la OIT es ejemplo destacado», apuntó.
Pero los diputados del PAN y del Partido Revolucionario Institucional, cuyas fuerzas avalaron en el pasado el Convenio 169, ahora critican los alcances de la reforma, mientras varios analistas observan que la propuesta contiene generalidades que podrían ser peligrosas, según dicen.
La autonomía es un concepto respetable, pero puede crear guetos, así como permitir que ciertas poblaciones se gobiernen por usos y costumbres que, en muchos casos, contradicen la ley general, advirtió el analista Luis Rubio.
En ciertas comunidades indígenas es legal el uso de alucinógenos y de marihuana, igual que la entrega de niñas en matrimonio para cumplir acuerdos entre familias. En otras, la mujer casi no tiene derechos y se impide estudiar a los menores.
Además, existe ambigüedad en muchos puntos de la reforma propuesta. Por ejemplo, se indica que los indígenas «son aquellas personas que descienden de poblaciones que habitaban el país al iniciarse la colonización», lo que incluiría a casi todos, apuntó Rubio.
Las reformas no serán aprobadas con rapidez, como pretenden el EZLN y el gobierno, pues requiere muchas afinaciones. No se aceptarán presiones de ningún tipo, dijo Fernández de Cevallos, jefe de la bancada del PAN en el Senado.
En la otra cámara, varios diputados repitieron las expresions de ese influyente senador, a quien el EZLN califica de «racista». (FIN/IPS/dc/mj/ip pr/01
