La demanda mundial de aluminio promueve conflictos entre empresas multinacionales y comunidades tribales de India residentes en zonas con ricos depósitos de ese mineral tan valioso para la industria.
Los gobiernos federal y estaduales de India son acusados de ponerse de parte de las transnacionales en su ansiedad por atraer inversiones extranjeras, ignorando los derechos de los indígenas, protegidos por la Constitución nacional.
A comienzos de este año, tres personas resultaron muertas cuando la policía abrió fuego contra aldeanos del estado oriental de Orissa que protestaban pacíficamente contra la destrucción de sus tierras por una compañía extranjera extractora de bauxita (mineral de aluminio).
Utkal Alumina International posee una mina y una planta procesadora de aluminio en el distrito de Rayagada, en Orissa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció una investigación sobre el incidente de Rayagada sobre la base de un informe preliminar de la Unión Popular para las Libertades Civiles, una organización no gubernamental (ONG).
La ONG afirmó que la violenta represión de los manifestantes formó parte de una conspiración para facilitar la extracción de bauxita por parte de Utkal Alumina, en la que la compañía noruega Norsk Hydro tiene una participación de 45 por ciento y la canadiense Alcan otro 35 por ciento.
El restante 20 por ciento pertenece a Indian Aluminium (Indal), una subsidiaria de Alcan, que se fusionó el año pasado con AluSuisse y Pechiney para formar el gigantesco conglomerado APA.
Utkal Alumina se estableció como una empresa 100 por ciento exportadora para satisfacer la creciente demanda mundial de aluminio, que llegará a 25 millones de toneladas para el año 2005, según previsiones.
Tras el choque entre la policía y los manifestantes, Utkal admitió que existe una «fuerte oposición» a sus actividades en Rayagada.
La compañía anunció que suspendería sus actividades hasta que se establezca «un diálogo con todos los grupos organizados que representen en forma significativa a los accionistas locales y éstos manifesten su aprobación».
También hay conflictos en el estado sudoriental de Andhra Pradesh, fronterizo con Orissa, donde el gobierno estadual invitó abiertamente a compañías mineras extranjeras a explotar sus depósitos de bauxita.
La invitación contradice una sentencia del Tribunal Supremo de India, que hace cuatro años confirmó la prohibición constitucional de la venta o arrendamiento de tierras tribales a organizaciones no indígenas o empresas privadas para operaciones mineras o industriales.
Según el dictamen del supremo, la explotación minera de tierras tribales, consideradas Areas Protegidas, sólo puede realizarse por organismos gubernamentales o una cooperativa de tribus, y debe ajustarse a las leyes ambientales y forestales.
Andhra Pradesh solicitó al Tribunal Supremo que modificara su sentencia para no tener que cancelar contratos ya celebrados con compañías mineras, pero la corte rechazó la solicitud.
Mientras, en Orissa, activistas indígenas reclamaron la cancelación de contratos de arrendamiento entre el gobierno estadual y una gigantesca empresa nacional de aluminio que fue privatizada, Bharat Aluminium Company (BALCO).
La oposición acusa al gobierno de Atal Bihari Vajpayee de incumplir su deber constitucional de proteger los intereses indígenas. Tanto Andhra Pradesh como Orissa están gobernados por miembros de la alianza de Vajpayee.
El gobierno federal también está inmerso en una controversia nacional por la privatización de BALCO.
Ajit Jogi, un líder indígena miembro del opositor Partido del Congreso y ministro jefe del nuevo estado de Chattisgarh, vecino a Orissa, acusó a la administración de Vajpayee de violar la Constitución y participó de una sentada de protesta de los empleados de BALCO.
Unos 6.000 funcionarios de la empresa realizan una huelga contra la venta de la mayoría de las acciones a Sterlite Industries, una compañía privada india.
El gobierno de Vajpayee es acusado de haber vendido las acciones a muy bajo precio a cambio de sobornos a altos funcionarios.
Jogi anunció que está dispuesto a revelar a una comisión parlamentaria los nombres de los líderes de la alianza gobernante que supuestamente recibieron sobornos de Sterlite, y aseguró que tiene detalles sobre las cuentas bancarias en que se depositó el dinero.
«El pueblo se pregunta (…) por qué una planta que vale 1.200 millones de dólares fue vendida por apenas 125 millones», dijo Jogi. (FIN/IPS/tra-en/rdr/mu/mlm/hd-dv/01
