La economía de Guatemala ya sufre daños a causa de los escándalos de corrupción política, las amenazas a los magistrados en el juicio por el asesinato del obispo católico Juan José Gerardi y la inseguridad y violencia crecientes.
Las consecuencias ya se sienten en una disminución de la inversión privada, una reducción del flujo de divisas y un clima de incertidumbre que distorsiona la toma de decisiones empresariales, advirtieron expertos.
«Los factores políticos están teniendo más peso en la economía que los mismos factores económicos reales», explicó a IPS Carmen Urizar, directora del área económica del no gubernamental Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
El gobierno de Alfonso Portillo tuvo el mérito de estabilizar la macroeconomía, pero por paradoja empujó a la debacle a industrias y empresas, sostuvo la economista guatemalteca.
La tranquilidad macroeconómica se observa en la estabilidad cambiaria y de las tasas de interés de corto plazo y en la inflación, que en 2000 alcanzó 5,08 por ciento.
El producto interno bruto, suma de la producción de bienes y servicios en un periodo, ascendió el año pasado a 22.000 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 3,2 por ciento.
«La macroeconomía está bien, pero las decisiones políticas están mal», interpretó Urizar, quien dijo que en Guatemala existe una descoordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Según la economista, actualmente hay una diferencia entre la agenda política y económica del gobierno, lo que da como resultado un panorama gris, sobre todo en el campo de la microeconomía.
Las condiciones económicas de Guatemala se agravan con el clima político de inestabilidad —que incluye rumores de golpe de Estado— y la situación difícil de varios bancos.
La inversión privada en Guatemala descendió 1,5 por ciento el año pasado, según el CIEN.
Un fenómeno parecido vivió la inversión pública del gobierno, que pasó de 537,8 miloones de dólares, en 1999, a 527,7 millones en 2000.
También las exportaciones cayeron en el primer trimestre de este año. Mientras de enero a marzo las exportaciones sumaron 690 millones de dólares, en ese mismo periodo pero del año pasado habían ascendido a 704 millones.
«Si la economía no ha mejorado en los últimos meses es por el ambiente de ingobernabilidad», dijo a IPS el analista guatemalteco Pablo Rodas, consultor de la no gubernamental Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
Rodas sostuvo que el gobierno de Portillo cometió muchos errores políticos, si bien mostró seriedad macroeconómico.
Entre ellos citó el fracaso del pacto fiscal, un acuerdo nacional que estuvo a punto de concretarse entre el gobierno, la sociedad civil y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.
Mientras el Comité Coordinador y la sociedad civil estuvieron de acuerdo en subir el impuesto al valor agregado de 10 a 12 por ciento, el gobierno se negó a asumir el costo político de esa medida.
Esta decisión afectó las relaciones entre esos sectores y le restó credibilidad a la administración pública, según Rodas.
El clima económico de Guatemala tampoco resultó favorecido por los últimos escándalos de corrupción política protagonizados por el general Efraín Ríos Montt, el ex dictador que preside el Congreso legislativo.
Rios Montt y varios diputados oficialistas son acusados de alterar una ley de impuestos a bebidas con la intención de beneficiar a un sector económico del país.
Las amenazas, intimidaciones y atentados contra los jueces a cargo del juicio por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, en el cual tres de los cinco acusados son militares de alto grado, también se han convertido factor de inestabilidad.
Gerardi apareció asesinado a golpes el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar el informe Recuperación de la Memoria Histórica, en que responsabilizó al ejército de Guatemala de la mayoría de las masacres y violaciones a los derechos humanos cometidas en 36 años de guerra civil.
Además, Guatemala está viviendo una de sus peores olas de robos, asaltos y secuestros, que afectan a todos sus estratos sociales.
A esto se une el descontento de los sectores productivos del país, que atribuyen a al panorama político la caída de inversión privada de entre 20 y 25 por ciento en los últimos meses.
Datos de la Cámara de Industrias de Guatemala revelan que el acceso de créditos pasó de 182 millones de dólares en 1997 a 104 millones de dólares en 1999, y, de acuerdo con los industriales, estas cifras seguirán cayendo.
Los expertos advierten que es necesario corregir la convulsión política actual pues de lo contrario los efectos en la economía serán peores.
Diversos grupos políticos manifiestan que la inestabilidad política pone en peligro los 106.000 empleos generados por inversiones como las que atrae la maquila.
«Si queremos que en Guatemala haya inversión tienen que darse los ambientes para que eso sea una realidad», dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz, quien criticó al gobierno de Portillo por su tendencia al enfrentamiento. (FIN/IPS/nms/mj/ip if/01
